El tiempo de espera medio para una operación en los diez hospitales públicos de la provincia de Alicante se ha reducido en el último mes en 14 días, al pasar de 119 días en el mes de marzo a 105 registrados el pasado mes de abril. Sin embargo, el número de pacientes que aguarda una operación en la provincia ha aumentado levemente en este mes, concretamente en 182 personas, de 21.706 que había en marzo a 21.888 del pasado mes de abril. La mitad de los diez hospitales públicos tienen más pacientes esperando en relación a marzo. Se trata de Alcoy, Elda, Orihuela, Torrevieja y el Vinalopó y la causa es el elevado número de pacientes que se están incorporando a la lista de espera tras el parón de la tercera ola.
El pasado 8 de enero, la Conselleria de Sanidad suspendía toda la actividad quirúrgica que no fuera urgente debido al aumento incesante de casos de coronavirus. Con la caída de los ingresos y la mejora de la situación epidemiológica, el 17 de marzo empezó a recuperarse la actividad asistencial. Es ahora cuándo se están incorporando a las listas de espera todos los pacientes que, con la tercera ola, se quedaron sin poder ir a la consulta del especialista. Según Sanidad, entre marzo y abril se han incorporado 30.000 pacientes nuevos. Pese al leve aumento de pacientes que hay esperando una operación, se ha reducido la cifra de quienes aguardan más de 180 días, de 7.783 en marzo a 7.465 en abril en la provincia de Alicante.
La Conselleria de Sanidad sostiene que la demora ha disminuido en todas las especialidades. Las caídas más significativas se dan en Dermatología, donde se ha visto reducida la espera en 41 días, 34 en Cirugía Pediátrica, 22 en Urología y 21 días en Otorrinolaringología. Las intervenciones que más tiempo de espera necesitan en estos momentos son las vinculadas al área de Traumatología. Por ejemplo, los pacientes que necesitan de una artroscopia deben esperar 151 días. También es larga la espera para los pacientes que necesitan que se les coloque una prótesis de rodilla, 149 días y 139 en el caso de que sea una prótesis de cadera. El tiempo medio para entrar a quirófano a una operación de amígdalas es de 143 días, de 112 para ser operado de juanetes y de 113 en el caso de una intervención de fimosis.
Con todo, hay que tener en cuenta que estas cifras reflejan tiempos medios de los diez hospitales de la Comunidad, lo que oculta casos de pacientes, sobre todo del área de Traumatología, que llevan más de un año esperando una intervención.
Por otro lado, trabajadores de los servicios de Radiología de los hospitales públicos de la provincia se han concentrado este viernes a las puertas de los centros sanitarios contra la intención de la Conselleria de Sanidad de crear una nueva empresa pública de salud para asumir los servicios externalizados, entre ellos las resonancias magnéticas y la farmacia socio sanitaria de las residencias públicas.
La protesta de los trabajadores cuenta con el respaldo de la Sociedad Valenciana de Radiología, que ha exigido la integración de las unidades de resonancia magnética en los servicios de radiodiagnóstico, dentro del sistema público, tal y como se pactó antes de la llegada del covid.
Durante los últimos 20 años, concretamente desde 1998, el servicio ha estado externalizado y gestionado por empresas privadas, apoyados con sus propios trabajadores, que desempeñaban su labor en hospitales públicos. La Conselleria de Sanidad decidió ir liquidando estos contratos a medida que iban cumpliéndose, lo que ha generado la queja de estos trabajadores que, después de muchos años, se enfrentan a un futuro incierto porque pertenecían a la privada y ahora va a seguir fuera del sistema público «es como si dentro de una especialidad unos estuvieran dentro y otros fuera», ha explicado un profesional. La consellera Ana Barceló ha puesto en marcha ahora este proyecto de empresa pública para la gestión, lo que se ha hecho coincidir con la decisión de que el Hospital de Torrevieja se revierta desde una empresa privada a una de gestión pública, pero al margen de Sanidad. Para CC OO la creación de una empresa pública «es un nuevo disparate, como en su día fueron las concesiones administrativas que no garantizan ni resuelven los problemas ni financieros ni de gestión de recursos humanos». Problemas, añaden, «que sólo se solucionan con talante político y con voluntad negociadora». Por su parte, el Sindicato Médico sostiene que esta solución «no contribuye a igualar las condiciones laborales del personal y, por lo tanto, difícilmente puede garantizar la homogeneidad de la asistencia sanitaria a toda la población».
