Nuevo episodio, y no son pocos durante este mandato, en la historia de desavenencias entre el bipartito de Alicante y el interventor del Ayuntamiento. En el pleno de mayo, que se celebró este martes durante más de ocho horas, se evidenció el choque de criterios que, actualmente, pone el foco en la concejala de Educación y Acción Social, Julia Llopis (PP). La edil, cuya gestión municipal ha sido más que controvertida desde el primer día, acusó al interventor de seguir bloqueando el Plan Edificant, donde el balance continúa siendo la exigua construcción de una escalera de emergencias en el Emilio Varela (44.000 euros).
La edil, respaldada por el alcalde, Luis Barcala, advirtió de que las actuaciones están paralizadas por Intervención. Se trata de la redacción de los proyectos de obras en cinco colegios de la ciudad. Tres centros (las ampliaciones del Juan Bautista Llorca y de La Florida y la rehabilitación integral del CEE Santo Ángel) llevan esperando desde finales de 2018 (septiembre). Fuentes municipales aseguraron a principios de mayo que el trámite estaba «a punto». También sigue aguardando la licitación de los proyectos de los otros dos colegios incluidos en la primera fase del plan: la construcción de El Somni y la Cañada del Fenollar. Estos centros educativos llevan algo menos de tiempo esperando: la obra del CEE El Somni está delegada desde diciembre de 2020 y la de La Cañada, desde enero de 2020, según la Conselleria de Educación.
Esos cinco proyectos están a día de hoy paralizados por las objeciones puestas por el interventor. Y así lo hizo saber la edil de Educación. Fuentes del bipartito consultadas confirmaron que el alto funcionario sigue firme en alegar la falta de personal municipal para sacar adelante los contratos en tiempo y forma, sosteniendo que el Ayuntamiento no tiene que asumir unas actuaciones que son competencia de la Generalitat. «Varios de esos informes ya han sido remitidos a la asesoría jurídica para llevarlos a junta de gobierno y salvar ese reparo», añadieron desde el entorno de Alcaldía.
Ese criterio del interventor no es nuevo. De hecho, el pleno salvó recientemente un reparo relativo a El Somni, para poder aceptar la delegación de competencias de Educación, amparándose en informes de asesoría jurídica. Ahora el bipartito busca darle continuidad a esa fórmula legal para desatascar la licitación de la redacción de los proyectos paralizados, paso previo necesario para poder impulsar las obras.
El asunto se abordó en el pleno a partir de una pregunta «in voce» de Compromís. No fue el único tema que tuvo como protagonista involuntario al interventor. En el arranque de la sesión, el bipartito llevó un reconocimiento extrajudicial para saldar una deuda de 583.000 euros por la prestación del servicio de ayuda a domicilio. El asunto no habría tenido más recorrido si no fuera porque el expediente incluía un informe del interventor con duras acusaciones. Y todo porque la edil prorrogó el contrato de forma verbal (al finalizar en diciembre de 2019 y no adjudicarse a tiempo), sin ninguna firma de por medio. Ante esa decisión, el alto funcionario alerta de posibles irregularidades: «Podríamos encontrarnos ante un supuesto de tácita reconducción de un contrato, fórmula prevista en el Código Civil, pero que parece inadmisible en el derecho administrativo, porque va en contra del propio contrato. La utilización de esta práctica como fórmula ordinaria constituye un fraude de ley que invalidaría el contrato».
En el debate plenario, Llopis defendió que se trata de un «servicio esencial» que no se puede dejar de prestar. La acusación, sin embargo, se centraba en la forma de dar continuidad al contrato. También señaló que la prórroga se llevó a Junta de Gobierno. Un trámite que llegó con meses de retraso. Además, la edil, en un intento de autodefensa, puso sobre la mesa servicios que también se han prestado fuera de contrato con otros gobiernos locales. «El interventor se lo tiene que hacer ver», añadió la concejala, quien descartó una vez más dimitir a petición de la bancada de la izquierda: «Me van a aguantar, al menos, dos añitos más».
La propuesta plenaria salió adelante con el visto bueno del bipartito (PP y Ciudadanos) y también de Vox, la abstención de Compromís y el rechazo del PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas estudian hace días si llevar el caso a los tribunales ante las acusaciones que se recogen en el informe del interventor.
Por otro lado, el bipartito de Alicante también logró aprobar la primera modificación del Presupuesto (38 millones de euros en proyectos y pago de servicios pendientes) con el respaldo previsto de Vox y el voto en contra de toda la izquierda, que coincidió en las críticas por la falta de diálogo. «Tenemos un gobierno negacionista del diálogo: sólo hubo una reunión con la izquierda», lamentó el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, quien habló de nuevas configuraciones de facto del gobierno local, al igual que el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López: «¿Un tripartito? Más bien siguen siendo un bipartito, pero han cambiado a Ciudadanos por Vox, porque no creo que ya quede nadie en Cs», apuntó López. El socialista Miguel Millana también criticó las «formas impropias» del ejecutivo municipal.
La votación de este primer cambio en las cuentas no difirió en exceso de la reciente de la aprobación definitiva del Presupuesto. Eso sí, dos grupos dejaron el «centro» para posicionarse en un lugar supuestamente más natural. Vox cambió la abstención por el «sí», mientras que los socialistas se volvieron a alinear con el resto de grupos progresistas.
También salió adelante el desbloqueo del plan parcial I/4 de la Albufereta, en el que se proyectará la construcción de unas 1.400 viviendas en el entorno de un BIC. Esta propuesta del ejecutivo local sumó el apoyo del PSOE y Vox y el rechazo de Unidas Podemos y Compromís.
La izquierda en este pleno de mayo no estuvo especialmente unida. Y no sólo en asuntos de urbanismo, sino también en otros de carácter más político. Evidente fue en la propuesta de Compromís para reclamar a la Conselleria de Sanidad, dirigida por la socialista Ana Barceló, que desista en su intento de centralizar el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en València. Es decir, de desmantelar el punto situado en el Hospital General de Alicante. La iniciativa unió a toda la Corporación, con la salvedad de los ediles socialistas.
El grupo del puño y la rosa también se alejó del resto de formaciones progresistas ante una iniciativa de Unidas Podemos para solicitar al Ministerio de Hacienda, en manos socialistas, una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social en relación a las pensiones. En este caso, en el «no» se situaron los socialistas con Vox, frente al apoyo de Unidas Podemos y Compromís y la abstención del bipartito. La iniciativa, por tanto, no llegó a salir adelante.
Sin división de bloques ideológicos se aprobó una propuesta del bipartito para reclamar al Gobierno central que renuncie a la subida de impuestos, incluyendo también el relativo a las autopistas y autovías.
Aunque puntual, también hubo ruptura de voto del bipartito. Fue, de nuevo, en un asunto vinculado al colectivo LGTBI. Los socialistas consiguieron el aval del resto de la izquierda y de Cs para pedir al Gobierno central -que lideran- que suprima del Registro Civil el requisito discriminatorio hacia las parejas de mujeres que deben estar casadas para poder inscribir a los nacidos como hijos de ambas madres. Lo consiguieron pese a la abstención del PP.
No tuvo oportunidad de salir adelante, porque no llegó a votarse, el intento de Vox de presionar a la Generalitat Valenciana para que no acoja a menores llegados a Ceuta, tal y como se ofreció a través de la vicepresidenta, Mónica Oltra. Todos los grupos bloquearon el debate al rechazar la urgencia del punto. Los ultras se quedaron con las ganas.
No fue tampoco un pleno de excesiva unanimidad. Contados fueron los temas que unieron a todos los grupos. Los dos más significativos, y casi los únicos, fueron la creación de una comisión para avanzar en el próximo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, después de que la propuesta fuera rechazada por la derecha hace un mes, y el respaldo al Hércules, en una declaración institucional defendida por el propio alcalde, Luis Barcala, en la que se reclama a Enrique Ortiz, propietario del club, que cuente con la afición y que sea generoso con la institución.
La izquierda y el alcalde: diferentes varas de medir
No hay pleno en Alicante en el que el alcalde, Luis Barcala, no tome la palabra para censurar el tono usado en alguna intervención. Las críticas, por norma, se dirigen a la izquierda, pese a salidas habituales de tono también de ediles de la otra bancada, sobre todo, desde el PP y Vox. Esta vez no fue una excepción. Barcala afeó a Rafa Mas (Compromís) que calificara de «barbaridad» propuestas de los ultras. La izquierda lamentó el silencio del alcalde ante acusaciones previas más beligerantes en sentido contrario. Aludían a palabras como «sinvergüenzas», «miserables» o «caraduras». Ajena a esta batalla estuvo la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, que abandonó el pleno a primera hora por un «grave motivo familiar».
