Trabajadores del servicio de emergencias de Alicante han llevado este viernes a las puertas del Palau de la Generalitat su protesta por el proyecto de la Conselleria de Sanidad para desmantelar la central desde la que se coordinan las urgencias de la provincia y centralizar todo el servicio en Valencia. Unas doscientas personas, entre trabajadores y sindicatos, participaron en la manifestación para exigir a la conselleria que dé marcha atrás en estos plantes que también afectan a la central de emergencias de la provincia de Castellón.
El personal que trabaja en los CICU es el encargado de movilizar durante todos los días del año y las 24 horas del día el recurso más adecuado ante una emergencia sanitaria en función de la gravedad del incidente: una ambulancia SAMU, para los casos más graves, una de Soporte Vital Básico. Los trabajadores de este servicio advierten que la supresión de las sedes provinciales va a a provocar un aumento en los tiempos de respuesta ante una emergencia como ya ocurrió en el año 2013, cuando parte de este servicio se centralizó en el 112 de València.
Los sindicatos exigen también que se frene el proyecto. «Pedimos que se replanteen la centralización igual que han hecho con la empresa sanitaria pública y que si no hay consenso que retiren el borrador», según Paco Tévar, presidente de la Junta de Personal del Hospital General de Alicante. Desmantelar las emergencias de Alicante afecta a 66 profesionales de las distintas categorías que perderán sus puestos de trabajo. Pero lo más importante, añade Tévar, causa un grave perjuicio en la asistencia de las urgencias y emergencias, se mermara la calidad en la atención sanitaria, con una peor respuesta y menor eficacia, aumentando los tiempos de espera».
La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha valorado este viernes las protestas y ha garantizado que la Generalitat «siempre» está dispuesta a dialogar y llegar a acuerdos. Casi al mismo tiempo que se celebraba la protesta, la portavoz de la Generalitat comparecía para dar cuenta de los acuerdos adoptados en el pleno del Consell. Durante esa intervención, Oltra ha sido preguntada sobre si el Gobierno autonómico estaría dispuesta a dar marcha atrás en su proyecto. Oltra se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo valenciano tratará de buscar una solución consensuada. El Gobierno que integra la coalición de izquierdas, ha dicho, está siempre «dispuesto a dialogar y a llegar a acuerdos». A su juicio, «es estilo del Botànic la escucha activa en este amplio espacio de diálogo», por lo que ha manifestado estar segura de que «en esta ocasión también lo será».
Nuevas concentraciones de radiólogos contra el proyecto de empresa pública
Piden que una vez finalice el contrato con la sanidad privada, las resonancias se integren en la red pública
Por tercer viernes consecutivo, el personal de los servicios de Radiología de diferentes hospitales de la provincia se ha concentrado a las puertas de sus lugares de trabajo para presionar a la Generalitat y aparte la idea de la Conselleria de Sanidad de crear una empresa pública de salud, que tras la desaparición de las concesiones, les absorbería. La resonancia magnética lleva privatizada desde 1998, en un contrato que se realizó inicialmente por un periodo de diez años, pero que, pese a su alto coste, se fue renovando. La fecha límite para su desaparición fue octubre de 2018.
«Hay muchos estudios, incluso de la propia Conselleria de Sanidad para reintegrar la Resonancia en el Hospital. Esto se iba a hacer e, incluso, todo el personal de la concesión ya firmó su incorporación al hospital. Pero tras la pandemia a alguien se le ocurrió la idea de crear una empresa pública manteniendo los mismos trabajadores, máquinas y condiciones laborales que la privada, y separado de los servicios de radiología del hospital. La empresa pública viene con sus 32 directivos que no sabemos quién serán», explica un portavoz. Los radiólogos piden la integración de personal y máquinas al servicio, «como si fuera una técnica más, como si fuera eco o tac».
