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ANÁLISIS

El laberinto del agua con el Tajo-Segura al fondo

La continuidad del trasvase solo se puede resolver desde la política, y hasta ahora la provincia está contra la cuerdas por la falta de «punch» del presidente Puig para plantar cara a Madrid

Agricultores en la «tractorada»  de protesta. | TONY SEVILLA

Agricultores en la «tractorada» de protesta. | TONY SEVILLA

La verdad es que analizando la catarata de datos publicados sobre el impacto económico y social demoledor que puede tener para la provincia el recorte del caudal del Tajo que llega del trasvase, más allá, incluso, de que Alicante y Murcia puedan perder su condición de ser la «huerta de Europa», al verse afectada su producción hortofrutícola, el panorama que se puede presentar la próxima semana será muy grave. Y es que, si se confirma lo que parece un secreto a voces, el aumento del caudal ecológico del río en Aranjuez, ya no solo puede echarse a temblar el campo. Todos los sectores económicos del sur de Alicante y hasta el abastecimiento urbano están amenazados.

Todos, no nos engañemos, nos perdemos en las cifras que nos advierten de los hectómetros cúbicos de agua a buen precio y de calidad que pueden perderse, y lo peor es que no parece que desde Alicante ni València (en la capital del Turia el Tajo queda lejos), ni las instituciones públicas, ni los propios regantes haya mucho margen de maniobra cuando la Confederación de Tajo anuncie oficialmente que el futuro de la cuenca cedente pasa por que el río aumente su caudal y ello conlleve a una reducción del agua que llega por el trasvase.

Todo comenzó en el Consejo Nacional del Agua, donde la historia demuestra que las cifras se pueden ajustar

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Ni el Consell ni la Diputación ni los propios agricultores (estos envueltos en una batalla que es política) parece que puedan resolver un asunto que tiene que solucionarse en Madrid desde la negociación política porque, solo faltaba que fuera lo contrario, no olviden que los movimientos del Ministerio para la Transición Ecológica están amparados por la ley, con lo cual no parece muy viable que el tema pueda pararse en un Tribunal y, si no, ahí tienen las decenas de recursos presentados por Castilla-La Mancha contra los trasvases aprobados desde que en los 80 comenzó a llegar agua del Tajo. Ni uno salió adelante porque, además de justos, estaban avalados por las normas.

El golpe definitivo al trasvase, más por ideología que por ciencia, empezó a fraguarse hace ya más de un año, cuando se hizo público que el Ministerio, apoyado en informes técnicos (a estas alturas sabemos que los estudios rara vez contradicen lo que quiere que digan el que los encarga), preparaba el primer «tajo» al trasvase en el Consejo Nacional del Agua, al cambiar las normas de explotación para que el trasvase máximo mensual pasara de 38 hm3 mensuales a los 27 hm3 . Decisión de la que nadie parece ahora ni querer hablar, pero que ya ha quedado negro sobre blanco y a falta tan solo que llegue al BOE. Algo que provocará un primer recorte de hasta 70 hm3 al año (datos de los regantes), que todo el mundo ha asumido, aunque tras conocerse por primera vez, solo faltó que el presidente Ximo Puig anunciara un recurso ante el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo.

El mismo Consejo Nacional del Agua -el nombre de los miembros es insustancial-, por cierto, que en 2013, presidido por el entonces ministro popular Miguel Arias Cañete, corrigiera - se justificó por un supuesto error tipográfico-, que el trasvase máximo mensual fuera de 38 hm3 y no de 30 hm3 como así figuraba el documento por recomendaciones técnicas, las mismas que ahora dicen que hay que bajarlo a 27 hm3, ya dictó sentencia hace una semanas.

Y ahí voy. En el tema del agua, aprobada la Ley no habrá tribunal que mueva el recorte, por lo que la batalla debía estar librándose en los despachos de esos políticos que no dudan en subirse a los tractores o lanzar proclamas en cuanto se les acerca un micrófono, pero que al final terminan claudicando donde deber mostrarse fuerte, en el Ministerio de turno.

Así pasó con el problema del agua en los tiempos del PP, y el PSOE al frente de la política hídrica nacional, y ahora sucede con este Gobierno multicolor presidido por Pedro Sánchez, que, a veces, parece una jaula de grillos, donde los ministros valencianos pintan poco. La continuidad del Tajo-Segura, irrenunciable como sostiene Puig con toda la razón del mundo pero con perfil bajo en Madrid, debe pelearse desde la política. Poniendo firme al presidente castellano-manchego, García-Page, plantando cara a la vicepresidenta Teresa Ribera y, si es necesario, llamando a la puerta del despacho del presidente, pero no para invitarle a las Hogueras o las Fiestas de Elche. La razones esgrimidas por los regantes son irrefutables pero cada día que pasa está claro que esto no tiene otra solución que la política y ahí, ahora mismo, a junio de 2021, la batalla parece perdida. Y si ya nadie se acuerda, o no quiere acordarse, de algo que ya está negro sobre blanco, como es la modificación de la reglas de explotación del trasvase, espérense al aumento del caudal ecológico. Las consecuencias van más allá del desastre agrícola o, ¿se imaginan a algún promotor levantando urbanizaciones si no tiene el agua asegurada por el recorte del trasvase? Si en algo coincide todo el mundo es que, hoy por hoy, no hay recambio posible en el agua desalada por falta de infraestructura, y no parece que en el escenario económico actual puedan caber nuevas plantas.

¿La hora de la política? No hoy, hace meses, pero no solo para que el agua sirva para arañar votos. El tema es demasiado serio, y Alicante se juega su futuro, cambio climático incluido y descontado.

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