Si nadie lo impide, y no parece que Ximo Puig, Mireia Mollà o, mucho menos, Carlos Mazón tengan un «as» debajo de la manga para frenar el atentado hídrico del próximo martes, justo antes de que la vicepresidenta Teresa Ribera se vaya de vacaciones, el Gobierno tiene previsto aprobar el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. De esta manera se hará oficial el primero de los «tajos» previstos para la infraestructura y, por lo tanto, al envío de agua de calidad y a buen precio para Alicante y Murcia, la huerta de Europa por su potente industria hortofrutícola.
Los técnicos calculan que el recorte, que deberá ser suplido con agua desalada, será de entre 13 hm3 y 60 hm3, según lo que llueva en la cabecera del Tajo. Pero lo de menos ahora, aunque importante por supuesto, es hablar de cifras, sino de analizar cómo, poco a poco, se va minando el trasvase y consumándose el «golpe de estado hídrico» contra los intereses de la provincia de Alicante, sin que los que los tienen que defendernos hayan hecho su trabajo. Hasta ahora, todo su argumentario se ha quedado en buenas palabras y no dudo que en buenas intenciones, pero hasta cierto punto. No vaya a ser que se moleste Madrid y nos quiten el coche oficial. En esto del agua, existe un Juego de Tronos.
Todo está calculado al milímetro, y desde el mes que viene el trasvase máximo mensual pasará de 38 hm3 a 27 hm3 en aras de que haya agua todos los meses -versión oficial y literal que no entiende nadie-. Se trata de un movimiento que se viene gestando desde hace dos años pactado con Castilla-La Mancha, del que en el Consell se enteraron hace unos meses, y que se consuma sin más. Y después, a partir de 2022, llegará el aumento del caudal ecológico del río.
La hoja de ruta no se modifica ni un milímetro y en unos años, independientemente de la evolución del cambio climático, Alicante tendrá que beber, regar y construir viviendas y hospitales con agua desalada, seis veces más cara, ecológicamente más que cuestionable, y con elementos químicos como el boro que arruina ciertos suelos. Vamos, que para el Gobierno central Alicante es como si fuera Lanzarote, donde no hay ríos, y España en su conjunto, Qatar, donde sí les sobran los petrodólares para las desaladoras. En España no hay ese dinero, pero sí una bolsa de 50.000 hm³ de agua en superficie que se va al mar cada año tras ceder a Portugal el triple del caudal acordado. ¿Tan difícil resultaría trasvasar 600 hm³ de esos 50.000 hm³ a Alicante y Murcia?
La estocada definitiva al trasvase, más por ideología que por ciencia, empezó a fraguarse hace ya más de un año cuando se hizo público que el Ministerio, apoyado en informes técnicos (a estas alturas sabemos que los estudios rara vez contradicen el relato de quien los encarga), preparaba el primer «tajo» al trasvase en el Consejo Nacional del Agua con la decisión de cambiar las normas de explotación. Decisión de la que nadie parece ahora ni siquiera querer hablar, pero que ya ha quedado negro sobre blanco y a falta tan solo que llegue al BOE. Esto provocará un primer recorte de hasta 60 hm³ al año, que todo el mundo ha asumido pese que cuando se anunció por primera vez solo faltó que el presidente Ximo Puig anunciara un recurso ante el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Palabrería. Al final todo se ha quedado en seguir proclamando aquello de que «el trasvase es irrenunciable» pero sin especificar qué llegará por las tuberías en unos años. Quizás horchata en un intento de vertebración valenciana. Que va, se lo digo yo, agua desalada. Mientras, quince trasvases entre ríos siguen activos en España, algunos a Bilbao y Barcelona -mucho más influyentes que Alicante y Murcia-, la España verde que diría José María Aznar. ¿Se atreverá la vicepresidenta Teresa Ribera a plantear desaladoras en Cataluña y el País Vasco -hay una en Barcelona que funciona al 20%- para quitar presión al Ebro o al Ter? Impensable.
En estos meses las propuestas para evitar los recortes han sido variadas e inteligentes, pero el Gobierno no cede. El Instituto Interuniversitario de Geografía ha planteado, por ejemplo, que la solución para el futuro abastecimiento con agua del Tajo de Madrid -sí, la Madrid de Ayuso, que ha demostrado con creces cómo se defiende un territorio pese a tener todo el aparato del Estado enfrente- no se encuentra en la cabecera del río, en los embalses de Entrepeñas y Buendía, sino en la Sierra de Gredos, en el curso medio de la cuenca, donde los ríos Tiétar y Alberche, afluentes del Tajo, cuentan con unas aportaciones todos los años de 2.200 hm³ de aguas de gran calidad y casi mineral, como la de Lanjarón. El instituto trabaja, además, en la elaboración de un informe sobre la evolución de las precipitaciones en las cuencas desde 1980 y los primeros datos son reveladores. En la cabecera del Tajo, donde arranca el trasvase, la merma de escorrentía entre 1980-2018 (serie corta) ha sido del 15%, once puntos más que en la Sierra Gredos (4%).
Claro que Alicante no puede depender solo del trasvase, que debe aumentar su capacidad de desalación y reutilización de aguas residuales. Y por supuesto que necesita contar con caudales complementarios más allá del agua del Tajo, pero no puede consentir que le impongan una solución sin consenso, y ni siquiera consulta con los actores principales, los agricultores.
El alcalde de Dolores, uno de los munícipes socialistas alicantinos a los que la vicepresidenta Teresa Ribera ha leído la cartilla y puesto firme este julio, proclamó en la última Comisión Provincial del Agua que lo importante es que venga agua de donde venga y como venga. La frase es calcada a la que escuché de un presidente de la Confederación del Júcar hace ya 15 años cuando justificó el cambió de la toma de agua del trasvase Júcar-Vinalopó para llevarla de Cortes de Pallás a Cullera. Miren, quince años después no se ha movido por la infraestructura ni una gota (bueno, unas pocas hace cinco años) desde Júcar hacia la provincia, en lo que ya se puede afirmar que es un trasvase fallido que nos ha costado 400 millones de euros. Mire, alcalde Hernández, si es importante el cómo y el dónde en el problema del agua.
Posdata: la cosecha del melón de Carrizales (Elche) ha caído este año un 25% por el exceso de lluvias (el cambio climático no siempre es hacia lo seco, miren a Alemania estas semanas). No se preocupen, en la mesa no va a faltar el melón, que para eso también tenemos a gente de Alicante y Murcia cultivándolo en Senegal. Igual que los productores de horchata traen la chufa de Mali. Al final, ese es el futuro. Los tomates de Marruecos, aunque no sepamos muy bien si saben a tomate o a alcaparras, ya se encuentran en cualquier supermercado de nuestras ciudades y pueblos.
