Un riego de 4,2 hm3 a precio de oro. Los agricultores del Medio Vinalopó comenzaron ayer a recibir el riego de socorro del Júcar aprobado la semana pasada para salvar unos cultivos que llevaban ya tres años si recibir agua debido al bloqueo que sufre el trasvase Júcar-Vinalopó. El agua, no obstante, no será gratis. Los agricultores la pagarán a 0,29 euros/m3 más el IVA. La del Tajo se paga a razón de 0,13 euros/m3 pero sin IVA.
La consellera de Agricultura, Mireia Mollá, participó junto a los regantes en la llegada del riego de socorro del Júcar para paliar la falta de agua en el Medio Vinalopó, «seco» tras tres años sin llegar agua -también en forma de riego de socorro-. La empresa estatal Acuamed se niega a desbloquear el trasvase hasta que los regantes asuman el pago de más de cien millones de euros de los sobrecostes que provocó el cambio de toma del agua en 2005.
El agua del Júcar llegó a un embalse en Monóvar. La última vez que el Ministerio de Transición Ecológica aprobó un trasvase de caudal del Júcar-Vinalopó fue en agosto de 2018. Tras dos meses de negociaciones, las entidades agrarias consiguieron que el Gobierno central autorizase entonces un envío de 6,5 hm3 de agua. Fue un riego de socorro que se distribuyó desde el embalse del Rollo de Aspe y benefició, sobre todo, a las plantaciones de la zona de Elche y Aspe. Pues bien, desde ayer está previsto que el embalse del Toscar de Monóvar reciba 4,2 hm3 del Júcar para atender las peticiones de los agricultores del Medio Vinalopó. En concreto, de la Comunidad de Regantes de La Romana, que recibirá 2 hm3 y la de Hondón de las Nieves, que obtendrá 1 hm3, repartiéndose el resto del caudal los agricultores de Percamp, Alciri, Salinas y Casas de Juan Blanco.
La resolución ha sido aprobada por la Comisaría de Aguas, en representación de la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y con ella se atiende la petición formulada por la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y l’Alacantí, con fecha 23 de julio, en la que se solicitaba un riego de urgencia mediante la transferencia de las aguas superficiales del Júcar captadas en su desembocadura del Azud de la Marquesa, dentro del término de Cullera. El motivo aducido para recibir los caudales se basa en la necesidad de reducir los volúmenes bombeados por los pozos de la llamada Batería 8 -los pozos de la Herrada- y, de este modo, poder atender las apremiantes demandas de riego.
En la comarca muchos embalses ya se encuentran vacíos y, concretamente en Monóvar, hay agricultores que llevan días sin poder regar sus fincas por falta de recursos hídricos. No obstante, consideran que el coste del metro cúbico del caudal que van a recibir es demasiado alto para mantener la rentabilidad de sus cultivos. En esta ocasión el precio se ha fijado en 29,5 céntimos por metro cúbico de agua más el IVA.
Ahora se cumple un año desde que el Ayuntamiento de Aspe solicitó a las autoridades estatales que cumpliesen con los trámites necesarios para que la provincia dispusiera de un convenio definitivo, suscrito entre la Administración y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y la Marina Baixa. Un convenio que incluyera un esquema económico-financiero para hacer factible la disponibilidad de agua económicamente asumible para el sector primario y que, al mismo tiempo, asegurase el abastecimiento de las ciudades y municipios de estas comarcas.
El aumento de los costes que provocaría el pago de los cien millones de euros que reclama el Ministerio para la Transición Ecológica para reabrir y normalizar el trasvase provocaría un descenso del 14,6% en la producción agraria y de un 13,4% del empleo. Los regantes plantean la incorporación de la energía fotovoltaica. Según un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena, con una inversión de 62 millones de euros en paneles para aprovechar la energía del sol (el retorno se calcula en 10 años), sería posible reducir los costes de explotación en 0,17 euros/m3, sobre un caudal anual de 35 hm3. El principal frente de oposición a la actual configuración de la transferencia siempre ha sido el elevado coste de explotación posterior del trasvase que, dependiendo del acuífero, duplica o triplica el coste actual de extracción.
