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Alicante gastará un 30% más en limpieza para aumentar baldeos, personal y la recogida orgánica

La izquierda critica al bipartito por aprobar la prórroga de dos años del millonario contrato pese a que todos los grupos se comprometieron a no recurrir a esa fórmula durante la campaña electoral

Un operario de la limpieza baldea una calle de Alicante, en una imagen de archivo.

El próximo contrato del servicio de la limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad de Alicante saldrá a licitación por un presupuesto de más de 43 millones de euros, lo que supondrá aproximadamente un 30% más respecto al coste actual, según confirmó este martes el concejal de Limpieza. Se espera que el proceso administrativo se inicie entre septiembre y octubre, con la previsión de que se adjudique en 2022. Este contrato tendrá una duración idéntica al actual, ocho años. Por su parte, el lote relativo al tratamiento de residuos será de veinte años y el de los ecoparques, de cinco.

Este incremento del coste de la limpieza, según explicó el jefe de servicio del área municipal, permitirá generalizar el servicio de recogida de residuos orgánicos (contenedor marrón), además de aumentar el personal (principalmente, barrenderos), la maquinaria y también los baldeos, sobre todo en los barrios. Actualmente, según el propio técnico, hay distritos donde las calles se limpian con agua a presión con un periodicidad superior a los dos meses. Además, el técnico también resaltó la implantación de «mucha tecnología», tanto para el diseño de las rutas como para el sistema de control. «La oferta que se adjudicó en 2013 preveía un sistema que se abandonó. Se hizo una dejación enorme del control. Se nos ha tomado el pelo», lamentó el jefe de servicio.

El lote de limpieza viaria y recogida de residuos saldrá a licitación por un coste estimado de unos 43 millones de euros, un 30% más que el actual

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Estos datos sobre el futuro pliego de la limpieza viaria se conocieron durante la segunda sesión (la primera tras la constitución oficial) de la comisión plenaria creada para «informar y contribuir a la elaboración de los nuevos pliegos de condiciones del contrato de limpieza viaria y de gestión de residuos, y de seguimiento de las posibles modificaciones y prórrogas del actual contrato».

Previamente al inicio de la sesión, la Junta de Gobierno aprobó por vía de urgencia la prórroga de dos años del actual contrato de la limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos. Tal y como adelantó este diario, el bipartito finalmente recurrió a la fórmula prevista en el pliego, aunque con nuevas cláusulas aceptadas por la actual concesionaria. Así, la prórroga quedará sin efecto cuando se adjudique alguno de los lotes en los que ahora se divide el contrato: limpieza y recogida, tratamiento de residuos y ecoparques. El coste anual del actual contrato es de 39 millones de euros, donde se incluye también el tratamiento de residuos, aunque no las mejoras previstas, como la recogida de la orgánica o el aumento del servicio, el personal y la maquinaria. El concejal Villar explicó que «una vez aprobada la planificación inicial de la limpieza y recogida, se abre un periodo de participación pública para su aprobación definitiva, y a continuación se terminarán de redactar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas para iniciar el procedimiento de contratación con el objetivo de que puedan estar adjudicados antes de finalizar el próximo año». El edil también defendió la prórroga del contrato, pese a que en la campaña electoral de 2019 todos los partidos se comprometieron a no recurrir a esta fórmula recogida en el pliego. «No queríamos que se prestara el contrato sin servicio, con reconocimientos extrajudiciales. Sería perjudicial para todos», señaló el popular.

El contrato de limpieza tendrá la misma duración que el actual. Sin embargo, el lote del tratamiento será para veinte años y el de los ecoparques para cinco años

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La explicación no convenció a la izquierda. «Barcala mintió a los alicantinos cuando dijo que no prorrogaría el contrato de limpieza, deberá comparecer y explicar por qué les ha mentido», señaló el concejal socialista Raúl Ruiz. Desde Unidas Podemos, el portavoz, Xavier López, también lamentó la prórroga del contrato: «Existía el compromiso electoral de todos los partidos de no llevar a cabo ninguna de las prórrogas contempladas en el pliego, promesa incumplida, una vez más, por Barcala». En la misma línea se mostró el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, tras la comisión: «En la pasada campaña electoral, hubo un compromiso político unánime de no renovación de la contrata de limpieza urbana y gestión de residuos urbanos a la UTE de Enrique Ortiz. Pero ahora el bipartito aprueba una prorroga de dos años. Vemos, una vez más, que la palabra de Barcala vale bien poco. El bipartito se define por llegar tarde y mal a todo».

Cambios en prórroga

Durante la comisión también se abordó el posible modificado del actual contrato, pese a encontrarse en situación de prórroga desde el 1 de septiembre. Sin embargo, esta iniciativa queda a expensas del visto bueno jurídico y de Intervención. Entre los cambios se incluiría la compra de maquinaria (que rondaría el millón de euros) y el aumento de personal en la planta de tratamiento para asumir la basura procedente de la Vega Baja, además de la implantación de la recogida de residuos orgánicos y de la ropa usada.

El bipartito prevé adjudicar los lotes relativos a la limpieza y tratamiento de residuos antes de que finalice 2022. Los pliegos deben salir a licitación antes de octubre

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30.000 euros de sanción a la UTE por mezclar restos

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha propuesto una sanción de 30.000 euros a UTE Alicante, la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos, por mezclar residuos procedentes de los diferentes contenedores grises, azules y amarillos. La multa no es firme, ya que caben alegaciones. La conselleria estudia «modificaciones legislativas para endurecer las sanciones». El Ayuntamiento abrió recientemente un expediente de sanción de 3.000 euros a la unión de empresas por el polémico vídeo grabado por un vecino de la Albufereta en el que se mezclaban todo tipo de basuras en un camión de recogida.

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