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«Alicante Central» arrancará en 2023 con restricciones al tráfico

El bipartito solicita ayudas al ministerio para los 37,3 millones necesarios para implantar la Zona de Bajas Emisiones, que incluye dos anillos con diferentes limitaciones para la circulación de vehículos contaminantes

Así será la Zona de Bajas Emisiones de Alicante

Así será la Zona de Bajas Emisiones de Alicante

«Alicante Central», la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital alicantina, será una realidad en 2023, tal y como establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para los municipios de más de 50.000 habitantes. La iniciativa impulsada por el ejecutivo municipal se configurará a partir de dos anillos de restricciones al tráfico. El interior, que será el primero en ponerse en marcha, estará ligado al centro urbano y de servicios, incluyendo el Centro Tradicional y afectando a unas 56 hectáreas, mientras que el segundo, el exterior, se desarrollará por la Gran Vía, la arteria principal de distribución de tráfico de la ciudad, y todo el frente litoral, ocupando una superficie de unas 750 hectáreas. 

Tanto en el primer anillo como en el segundo, la limitación se realizará de «manera progresiva», estableciéndose un «calendario de restricciones vinculado a elementos contaminantes». El bipartito trabaja en que al anillo interior sólo puedan entrar, además de los residentes y los camiones de reparto, los vehículos con etiqueta ECO y Cero (eléctricos e híbridos). Por su parte, las exigencias para acceder al anillo más periférico serán menores, con la previsión de que afecte a los vehículos sin etiqueta, es decir, a los modelos de gasolina anteriores al año 2000 y a los diesel previos a 2006. Según el proyecto, los accesos se gestionarán por «listas blancas» (para residentes y personas autorizadas) y «listas negras» (que se definirán durante la implantación de la actuación, siendo más restrictiva para los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico).

Tráfico en la avenida Alfonso el Sabio, donde empezará el anillo más restrictivo, en una imagen de archivo RAFA ARJONES

En ambos casos, tanto en el anillo interior como el exterior de la ciudad de Alicante, las restricciones a la circulación irán acompañadas de intervenciones de peatonalización y actuaciones de calmado del tráfico, como «ejes vertebradores» de toda la zona de bajas emisiones, además de la conversión a vehículos eléctricos de la flota municipal y de los autobuses de transporte urbano. 

odo apunta, según las previsiones del equipo de gobierno, que el primer anillo en entrar en marcha será el más restrictivo, que se extenderá por la superficie comprendida entre las avenidas Doctor Gadea y Federico Soto y Alfonso el Sabio, incluyendo el Casco Antiguo y limitando con la fachada litoral. En una segunda fase, según el gobierno municipal, se prevén implantar las restricciones del segundo anillo, con el objetivo fijado en 2024. La Gran Vía y la avenida de Dénia limitarán un espacio que concentra más de la mitad de los desplazamientos de vehículos por la capital alicantina. 

Ayuda económica

Las zonas de bajas emisiones son espacios en las que el acceso a determinados vehículos está restringido debido a sus emisiones, es decir, son medidas ideadas para mejorar la calidad del aire en las ciudades. Se determinan a una zona amplia dentro de la ciudad, o incluso a la ciudad entera, y permiten la entrada a los vehículos que cumplen con los mejores estándares de emisiones. 

Para la puesta en marcha de la iniciativa, el bipartito de PP y Ciudadanos prevé contar con el respaldo económico del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En concreto, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó este martes la solicitud de participación en el programa de ayudas a municipios para la implantación de la ZBE y la transformación digital y sostenible del transporte urbano. 

El proyecto impulsado por el ejecutivo de Barcala incluye un total de catorce acciones, con un presupuesto total de 37,3 millones, de los que un máximo de 27,5 millones son subvencionables. La cuantía total de las ayudas a conceder en el marco de la convocatoria será, según el ministerio, de 1.000 millones de euros. La subvención mínima a solicitar por un municipio es de 200.000 euros por cada una de las actuaciones incluidas en una solicitud, mientras que el máximo se fija en función de los habitantes del municipio, explican desde el ministerio. El periodo de ejecución de las actuaciones subvencionadas en la convocatoria de 2021 estará comprendido entre febrero de 2020 y diciembre de 2024. 

Las actuaciones a financiar deben ser, según añaden, lo «suficientemente maduras y solventes técnica y financieramente» como para que puedan estar efectivamente implantadas y en funcionamiento antes de que finalice el año 2024.

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