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Construir puentes en las antípodas

La falta de obra pública fuerza al 15% de los ingenieros de Caminos de la provincia a emigrar para poder trabajar en lo que se especializaron

Imagen de una prueba de carga en el puente Fernando Reig de Alcoy, en imagen de archivo. | INFORMACIÓN

Una profesión contra las cuerdas en la provincia. La falta de proyectos nuevos en Obra Pública amenaza con provocar una auténtica sangría en el colectivo de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Alicante, formado por 500 profesionales colegiados. Sacudidos por la crisis del 2008, y sin llegar a superarla, la pandemia y la falta de «gasolina» de la Administración para fomentar la obra pública ha terminado por provocar que entre un 12% y un 15% de los ingenieros alicantinos hayan tenido que emigrar a otros países de Europa y resto del mundo en busca de empleo. Otro porcentaje, no menos importante, ha terminado reinventándose encontrando salidas en la Educación, porque no pueden ejercer ante la falta de propuestas, según subraya Andrés Rico, delegado de la Demarcación de la Comunidad Valenciana en Alicante. Los ingenieros denuncian que los proyectos han desparecido, y solo hay trabajo para el mantenimiento de las infraestructuras, pero planes nuevos cero, pese al listado de asignaturas pendientes por ejecutar en Alicante, donde se estima que desde hace ya diez años hace falta una inversión de 4.000 millones de euros, pero no se ha invertido ni un euro.

¿Alternativas? Desde trabajar en los pozos de petróleo de Oklahoma en Estados Unidos, con buen sueldo pero a miles de kilómetros de la playa de San Juan, a convertirse en un profesor supercualificado de Matemáticas en un instituto de la Vega Baja, pasando por calcular estructuras para sostener puentes en Australia. Los ingenieros de Caminos, como los médicos, los físicos o los periodistas, comen todos los días.

La Demarcación de la Comunidad Valenciana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a través de su Comisión de Urbanismo reunida en la provincia de Alicante, ha analizado, en este sentido, de manera pormenorizada los nuevos Presupuestos Generales del Estado y denuncian que muchas de las infraestructuras necesarias para la vertebración de la provincia de Alicante han vuelto a quedarse fuera, por lo que habrá que seguir esperando un año más para que se cubran unas necesidades en materia de infraestructuras que consideran básicas.

Los ingenieros insisten en que hay un déficit de inversión en infraestructuras en la provincia de 4.000 millones de euros, y la cantidad reflejada en los PGE de 2022 para infraestructuras en Alicante representa, según sus cálculos, el 1,4 % del total, cuando debería rondar el 3,9 %, según el colectivo. Una de las consecuencias de este retroceso presupuestario es el hecho de que muchos profesionales se vean abocados, por lo tanto, a desempeñar las funciones propias de la ingeniería de caminos, fuera de la provincia por falta de empleo. Por otra parte, esta falta de inversión redunda en la ausencia de impulso a la movilidad sostenible tan necesaria en las ciudades, ya que estos PGE no aportan soluciones ferroviarias y de transporte público como alternativa al vehículo privado. «¿Quién se va a ir a Alcoy o Benidorm en autobús si tardas dos horas? Al final nos obligan a coger el coche pese a que siempre nos anuncian la importancia de la movilidad sostenible», subraya Andrés Rico, que vio un día en directo como su propio hijo, ingeniero como él, se buscó trabajo en París y ya no ha vuelto.

Reparto equitativo

Desde la Comisión de Urbanismo del Colegio de Ingenieros de Caminos en Alicante reclaman el reparto equitativo de la inversión en las diferentes comunidades autónomas y provincias, por lo que se insta a la Generalitat Valenciana a cubrir el déficit presupuestario de los PGE a través de los presupuestos autonómicos. Además, existen informes que avalan que las infraestructuras en las que se invierte en la provincia alcanzan una elevada rentabilidad social en comparación con otros proyectos. Muchos de estos proyectos están estancados, no se avanza en ellos y, por tanto, no se pueden presupuestar ni licitar en un corto o medio plazo. En este sentido, se van a incumplir, incluso, muchos plazos de las financiación otorgadas por los Fondos Europeos, lo que acarrearía graves consecuencias.

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