La concejala de Educación y Acción Social, Julia Llopis, llevará a la próxima Junta de Gobierno local, prevista para el martes 2 de noviembre, la prórroga «sine die» del servicio de teleasistencia domiciliaria en la ciudad de Alicante, cuyo actual contrato caduca el próximo 11 de noviembre. Y lo hace sin el informe del interventor municipal, ya que el alto funcionario ha decidido devolver el expediente a la concejalía sin emitir ninguna resolución oficial.
Así lo recoge en un documento, en el que plantea dudas sobre la prórroga del contrato: «La propuesta conlleva un gasto por un plazo incierto, y por lo tanto de importe indeterminado, y se presenta sin documentos contables que garanticen la dotación presupuestaria adecuada y suficiente. Además, aunque dicho gasto se fundamenta en las condiciones del contrato agotado, ya no tiene naturaleza de precio del contrato sino que se trata de una compensación económica por los servicios que en el futuro se seguirán prestando». Tras esa argumentación, el interventor confirma su decisión de no emitir el informe previo: «En estos términos, resulta imposible emitir un informe de fiscalización previa limitada, por lo que se devuelve al servicio gestor [concejalía] sin emitir dicho informe».
Intervención ya acusó de «fraude de ley» a la popular por prorrogar la ayuda a domicilio con solo un acuerdo verbal
El proceso surge en noviembre de 2018, cuando la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprueba adherirse al procedimiento de contratación y adjudicación del servicio de teleasistencia domiciliaria de la Diputación de Alicante. Actualmente, sin embargo, el contrato se encuentra bajo control de la Generalitat Valenciana, tras haberse subrogado en una resolución de octubre de 2020. El contrato vigente finaliza el próximo 11 de noviembre.
Hace cinco meses, la Junta de Gobierno Local aprobó la convocatoria de un procedimiento para contratar por su cuenta y riesgo el servicio de teleasistencia domiciliaria. El anuncio de la licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11 de junio de 2021, aunque el 20 de julio fue suspendido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tras el recurso interpuesto por la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) contra el pliego de condiciones. El procedimiento se reactivó el pasado 29 de septiembre, después de que el tribunal desestimara el recurso, levantando la medida cautelar de suspensión del proceso.
Sin embargo, a estas alturas, el contrato aún no se ha adjudicado, aunque todo apunta a que irá a manos de Clece, al ser la única propuesta que ha superado el proceso, al quedar excluida Cruz Roja por errores en la oferta presentada. Ante la posibilidad de que finalice el actual contrato y aún no esté adjudicado el próximo, la concejalía promovió la prórroga del contrato a través de la consellería, pero obtuvo respuesta negativa, al manifestarse la imposibilidad de prorrogar el contrato. Para el Ayuntamiento la continuidad del servicio es esencial, porque su interrupción «podría poner en situación de grave riesgo social a sus usuarios». Con todo, la Junta deberá aprobar la prórroga sin el informe previo de intervención. Lo hará a propuesta de la concejalía, que alega que le resulta «imposible aportar documentos contables que en este momento no proceden». Éste no es el único choque entre el área de Julia Llopis e Intervención. Recientemente, el alto funcionario arremetió contra la concejala por prorrogar el contrato de ayuda a domicilio por acuerdo verbal, manifestando que «esa fórmula ordinaria constituye un fraude de ley».
