La subida de la tarifa eléctrica disparará el agua desalada para riego a 1,25 euros/m³ en 2022 condenando a la desaparición a miles de agricultores, según advierte el Sindicato de Regantes del Tajo Segura. Hasta ahora, Acuamed había fijado un precio de 0,81 euros para el caudal que se produce en la macroplanta de Torrevieja, pero con el precio del kW/hora a 87 euros. Tarifa que, salvo intervención política, se va a revisar ahora al alza debido a que el coste de la energía eléctrica supera ya los 200 euros kw/hora, según se conoció este viernes durante la asamblea extraordinaria del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura. La organización a la que pertenecen 30.000 agricultores de la provincia rechazó la subida y el convenio que ha puesto sobre la mesa Acuamed. Los regantes exigen a la vicepresidenta Teresa Ribera que entre a fondo en el tema y que aplique la Ley de Sequía, que posibilita subvencionar el precio del agua desalada y fijar un precio de 0,30 euros/m³. El presidente del Sindicato, Lucas Jiménez, denuncia que «en el tema del agua el Gobierno recuerda a los peores momentos del franquismo o el estalinismo. Imposición tras imposición y tretas como el estar obligando a las comunidades de regantes a que firmen acuerdos individuales para las concesiones del agua desalada, asustándoles con las previsiones de que el trasvase Tajo-Segura cada día podrá suministrar menos agua».
La subida descontrolada del precio de la energía eléctrica es el penúltimo palo en las ruedas del carro de los agricultores, porque si ya el precio final del agua desalada estaba por la nubes y partía de 0,81 euros/m³ para 2022, todo apunta a que habrá un nuevo incremento por la cláusula de revisión que fijó la empresa estatal Acuamed. «El agua desalada de Torrevieja se va a poner por encima del euro/m³, condenando primero a los agricultores pero al final también afectará a las empresas más grandes», subraya Lucas Jiménez.
Lucas Jiménez apuntó este viernes, tras la asamblea que ha reunido a sus 80 comunidades de regantes para analizar la propuesta de Acuamed sobre el precio del agua de la planta de Torrevieja, que la agricultura no podrá pagar los precios que se barajan de más de un euro el metro cúbico, por lo que exigió que la Administración estatal cumpla la Ley de Sequía por la que pueden subvencionarla a un precio de treinta céntimos el metro cúbico.
Jiménez, sin embargo, deja claro que los agricultores necesitan agua para sus cultivos agrícolas y que no les importa el origen. «No tenemos problema con eso», pero sí con su calidad y con que el precio sea apto para el regadío, cuestión esta última que queda en tela de juicio con los altos precios que se están pagando en los últimos meses y con una cláusula que ha fijado Acuamed de cobrar a final de año por los gastos extraordinarios que haya apreciado y que incluso podrían incrementar la factura del agua desalada aún más antes de comenzar 2022.
La preocupación de los regantes es tal que ayer acordaron contestar a la propuesta de Acuamed que desde luego quieren el agua porque la necesitan «sobre todo después de que el Ministerio para la Transición Ecológica sigue adelante con paso militar hacia una elevación injustificada de los caudales ecológicos en algunos puntos del río Tajo».
Jiménez criticó duramente la propuesta de Acuamed. «No es un convenio. Es un contrato de adhesión. O lo tomas o lo dejas, con cláusulas completamente abusivas», en una disyuntiva en la cual los regantes del Levante español «están obligados cada vez más a utilizar el agua desalada, porque los sucesivos ministerios han ido recortando el trasvase del Tajo».
Cumplir la ley
El presidente Lucas Jiménez de los regantes subrayó que «queremos que se cumpla la ley, y puede sonar anodino en este país, pero no pedimos absolutamente nada más. Si la ley de sequía dice que el Estado habilitará todos los mecanismos de subvención para que el agua desalada, donde climatología no permite obtener agua suficiente por otros medios, esté a un precio de 30 céntimos el metro cúbico, que ya es un precio muy exagerado para lo que pagan otros agricultores de media en España, tres o cuatro céntimos», aseveró. «A un euro cincuenta o dos euros que pretende que paguemos Aucamed, la agricultura actual, ni la más tecnificada, puede asumir continuar», añadió, por lo que consideró un abuso esta situación que se les ha presentado y que no van a consentir.
Lucas Jiménez: «No hay agricultura que lo soporte»
Lucas Jiménez señaló tras la asamblea, que «el coste actual es una barbaridad, pero su precio real lo conoceremos a final de año y puede ser estruendoso», auguró, y si esto continúa así augura la desaparición de la agricultura «más sostenible y más sofisticada» en los próximos años, máxima cuando es la única que puede jugar con ciertos precios, «pero a 1,20 o mas no hay agricultura que lo soporte», concluyó. Por otra parte y preguntado por un posible desabastecimiento en Navidad, Jiménez recordó que el Levante es responsable del 25% de la fruta que alimenta Europa y España, y del 75% de las hortalizas. «Si los compañeros del transporte van a la huelga puede haber problemas».
Los agricultores siguen la senda de Consell y Diputación y recurren el recorte del trasvase
El Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura acude al Tribunal Supremo por la vía de lo contencioso-administrativo, aunque su presidente admite que el recorrido judicial contra la modificación de las normas de explotación es complicado
El Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura se ha sumado a la cruzada judicial contra el primer recorte del trasvase con la modificación de las reglas de explotación, y también ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, siguiendo así el camino que inició la Diputación Provincial, seguida después por la Generalitat, el Gobierno de Murcia y el Ayuntamiento de Orihuela. El primer recorte, ya efectivo, ha costado a la provincia unos 40 hm³ de agua en tres meses, y hay que esperar ahora el fallo del Supremo y la posible alegación posterior del Ministerio para la Transición Ecológica. De momento, sólo ha trascendido que el Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Diputación, algo que había puesto en duda el PSPV. Este viernes no obstante, el presidente reconoció que esta vía es complicada. «Hay que intentar todas las vías, pero no creemos que pueda haber mucho recorrido», apuntó Jiménez.
LAS CIFRAS
132
El cambio de las normas puede cobrarse hasta 132 hm³ de agua al año
El cambio de las normas de explotación del trasvase costará en el mejor de los escenarios hidrológicos 132 hectómetros cúbicos de agua a la provincia. De momento, el cambio de las normas de explotación ya ha dejado a los regantes sin 40 hm³.
12
Los agricultores pagan 12 millones de euros al año llegue o no llegue agua
Los agricultores siguen pagando una tasa de 12 millones de euros al año llegue o no llegue agua del Tajo.
Todos los recursos siguen el mismo argumento jurídico. La decisión de modificar las normas de explotación vulnera el proceso de participación pública e, incluso, va en contra de la recomendación de los propios técnicos del CEDEX, que trasladaron a la vicepresidenta Teresa Ribera que lo mejor era esperar, y vincular el cambio puntual de las normas de explotación del Tajo-Segura a tener aprobado el nuevo plan hidrológico del Tajo. Es decir, en 2022, a fin de fijar mejor y para un periodo más largo las reservas y disponibilidades de agua para Alicante, Murcia y Castilla-La Mancha. Esta es, en su conjunto, la línea argumental de los recursos por la vía de lo contencioso-administrativo. La iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica no se ajustaría a derecho y, según los letrados, podría hasta vulnerar la Constitución.
Los argumentos son los mismos que apuntaron Mazón, Puig, el Gobierno de Murcia y el Ayuntamiento oriolano
El cambio de las normas de explotación del trasvase costará en el mejor de los escenarios hidrológicos 132 hm³ a la provincia, tras publicarse en julio en el BOE la decisión del consejo de ministros, por una decisión unilateral del Ministerio para la Transición Ecológica, avalada por el Consejo Nacional del Agua controlado por Teresa Ribera.
Recordar que la Diputación y los regantes denunciaron el pasado verano que el propio informe del CEDEX estaba «cocinado», ya que se basó en los datos de lluvias de la última gran sequía en la cabecera del Tajo (2014-2017) y no, por ejemplo, de los del periodo 2019-2020. «Si los técnicos del CEDEX hubieran tomado esa serie, el recorte se habría quedado de 38 hm³ a 30 hm³, lo que nos hubiera dado un colchón de agua», subrayó entonces Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua de la UA. Los recursos judiciales inciden en el planteamiento de los propios expertos del Ministerio para la Transición Ecológica, que aconsejaron retrasar el cambio de las normas, y en que el paso adelante del Ejecutivo, ya negro sobre blanco, incumple el principio de transparencia, y es arbitrario y desproporcionado.
Recordar, por otro lado, que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene cerrado el trasvase hasta enero de 2022, alegando unas obras de mantenimiento en el embalse regulador de La Bujeda, la misma razón que esgrimió para tener cerrado el acueducto otros seis meses entre octubre de 2020 y el pasado mes de abril. Los regantes tienen que tirar del agua almacenada en la cuenca y de caudal desalado. En el anterior cierre del Tajo-Segura por el mismo motivo, el Ministerio anunció que necesitaría tres meses, que después se convirtieron en seis.
Ribera debatirá con Puig y Barcala del futuro del agua
La vicepresidenta Teresa Ribera debatirá el próximo lunes 22 de noviembre en Alicante sobre el futuro el agua dulce con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una jornada organizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica para analizar las consecuencias del cambio climático en los recursos, y en la que participarán expertos en clima y también agricultores. Se baraja que unos 27 millones de personas tendrán problemas hídricos en España hacia el año 2050.
