Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Cáritas critica la ordenanza de mendicidad del bipartito y reclama a Barcala una propuesta "más justa y humanizadora con los excluidos"

La entidad, perteneciente a la Iglesia Católica, propone paralizar la aprobación de la ordenanza, prevista para este jueves, para impulsar previamente un plan especial de protección a los sintecho y las prostitutas - Barcala rechaza frenar la aprobación del texto, aunque admite que es "mejorable"

Una persona pide dinero en una calle de Alicante, en una imagen reciente hector fuentes

A Cáritas, entidad dependiente de la Iglesia Católica, no le gusta la ordenanza de mendicidad y prostitución, ahora conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, que impulsa el bipartito de Alicante, con el respaldo de Vox. Así lo hace saben en una carta enviada a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Alicante, en la que además de criticar el texto que presumiblemente se aprobará este jueves con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox, también propone cambios en la redacción y el desarrollo de un plan previo para proteger a los más vulnerables.

"Ante el anuncio del debate y votación en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante de la Ordenanza de convivencia cívica en Alicante, desde Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante queremos compartir nuestro malestar por la repercusión que puedan tener algunos de sus artículos en las personas sin hogar y las mujeres víctimas de la explotación sexual", arranca un escrito, que añade: "Entendemos y compartimos que como sociedad hemos de dotarnos de normas que favorezcan la convivencia y la buena vecindad en pro de la construcción de un futuro respetuoso con todas las personas, pero exigir el cumplimiento de ciertas normas puede volverse casi imposible para aquellas personas que no tienen un domicilio o se ven abocadas a ejercer la prostitución".

Desde Cáritas, en la carta enviada a los grupos, defienden la necesidad de dotar a los más vulnerables de herramientas para facilitar su día a día, aludiendo incluso a la Constitución: "Estas personas deben contar con las condiciones materiales y humanas mínimas para el desarrollo normalizado de sus vidas. Entendemos que es esto lo que tanto la Constitución Española como las leyes que desarrollan los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos tratan de proteger y animar".

Y no sólo eso, sino que desde la entidad dependiente de la Iglesia proponen que se paralice la aprobación inicial de la ordenanza para impulsar un plan destinado a los más desfavorecidos: "Es por ello que proponemos que antes de aprobar tal normativa se realice un plan especial de protección de todas estas personas, cumpliendo lo que nuestro aparataje legislativo contempla. Uno de los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia ha sido que se puede dar respuesta a las realidades de exclusión que encontramos en nuestras calles. Sirva de ejemplo el dispositivo de acogida de personas sin hogar que se puso en marcha durante el primer estado de alarma, consiguiendo dar una primera respuesta de acogida y atención para las personas que estaban viviendo en la calle".

Y es que, según insisten, desde Cáritas defienden una ordenanza con otro talante respecto al actual, que sólo recoge multas (de hasta 3.000 euros) y ningún tipo de intervención social ante los más desfavorecidos (eliminando esos artículos que sí figuran en el borrador impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias): "Proponemos poder realizar una normativa más justa y humanizadora con las personas excluidas, retirando del texto aquellas cuestiones que afectan a las personas que viven en la calle o a las mujeres víctimas de la explotación sexual, e iniciar un plan especial de cumplimiento efectivo de sus derechos como ciudadanos".

Para finalizar, el texto, firmado por el secretario general de Cáritas Diocesana, Javier Ruvira, recuerda el espíritu que debería tener una norma que, con la redacción actual, genera el rechazo de multitud de entidades, incluida la propia Cáritas: "Tal como indica la propia propuesta de norma en su punto 6.2, es un deber básico de convivencia ciudadana tratar con respeto, atención, consideración y solidaridad especiales a aquellas personas que, por sus circunstancias personales, sociales, o de cualquier otra índole, más lo necesiten".

Respuesta del bipartito

Tras el comunicado de Cáritas, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha rechazado que el gobierno municipal estudie paralizar la aprobación, prevista para este jueves. "Nosotros llevamos el texto a aprobación inicial, pero aún tiene que pasar por una fase de alegaciones y una aprobación definitiva. A mí me da la impresión de que no todo el mundo que opina sobre la ordenanza y su contenido se la ha leído", ha señalado el regidor, quien ha admitido, por otro lado, que el documento es mejorable: "Todas las ordenanzas son mejorables, todas absolutamente. Por eso hemos modificado muchas ordenanzas en este periodo que llevamos de gobierno. Esta ordenanza no tiene que ser una excepción. Todas las aportaciones serán estudiadas, todo lo que contribuya al objetivo de esta ordenanza, que es garantizar el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y la convivencia en la vía pública".

Reacciones de la oposición

El portavoz socialista, Francesc Sanguino, considera que "la carta dirigida por Cáritas a los grupos municipales del Ayuntamiento es una muestra más del rechazo social que produce el proyecto de ordenanza de mendicidad y prostitución, nombrado con ese eufemismo de convivencia por parte de este alcalde". "Siempre hemos defendido el acompañamiento social que se requiere, tal como lo expresa la federación española de municipios, pero este alcalde prefiere una ordenanza punitiva y dejar de lado a los vecinos más desprotegidos de esta ciudad, tratándolos de seres molestos y no solo apartándolos, sino señalando a las mujeres prostituidas en lugar de a los hombres que la perpetúan", asegura Sanguino, quien apunta que se trata de "un ejemplo más de un alcalde fracasado y secuestrado con gusto por la extrema derecha. Cáritas coincide en lo que hemos defendido hace más de un año: apoyo y ayuda municipal a estas personas, no normas punitivas contra ellas que no resuelven nada".

Desde Compromís, el portavoz Natxo Bellido ha asegurado que su grupo coincide con Cáritas en "que se deben implementar medidas y planes sociales". "De hecho seguimos esperando el desarrollo del Plan de Inclusión Social, hacia colectivos vulnerables como las personas sin hogar o las mujeres que son víctimas  de las mafias de prostitución, en lugar de sanciones o medidas punitivas que no aportan soluciones justas y humanas y son contrarias a todo lo que hemos aprendido en la pandemia", ha señalado Bellido.

Por último, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha lamentado que el bipartito siga adelante en su idea de aprobar "una ordenanza que va a perseguir y criminalizar a los más vulnerables". "No tienen ningún tipo de escrúpulo en perseguir a personas que no tienen nada, mientras deja a las mafias y a los explotadores libres", ha señalado López, quien ha apuntado que su grupo seguirá "batallando en todos los frentes, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito judicial, para evitar que esta ordenanza salga adelante en los términos en las que está escrita".

Compartir el artículo

stats