Las dos grandes capitales de la Comunidad Valenciana, València y Alicante, avanzan, aunque a ritmos distintos, en la aprobación de ordenanzas para, supuestamente, favorecer una mejor convivencia cívica, con puntos en común (la mayoría extraídos del borrador impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP) y visiones antagónicas, como la inclusión de medidas sociales en el texto de la ciudad de València para atender a personas que ejercen la mendicidad en las calles y la exclusión de todo artículo de carácter social en el documento que se prevé que entre en vigor en la capital alicantina a principios de 2022.
El Ayuntamiento de Alicante aprobará este jueves la ordenanza de mendicidad y prostitución, ahora bautizada como Ordenanza de Convivencia Cívica, que incluye multas de hasta 3.000 euros y aparca toda intervención de los servicios sociales municipales, eliminando esa propuesta de redacción surgida de la FEMP. El documento, impulsado por el PP de Barcala, espera contar con el respaldo de los ultras de Vox y también de Ciudadanos, pese a que el socio de gobierno hace un año decidió dar un paso al lado (pacto mediante con el PSOE) por el nulo carácter social de la norma. El texto es idéntico al de hace un año, ya que la formación naranja no registró sus enmiendas en tiempo (lo hizo un año tarde), por lo que tendrá que esperar a la fase de alegaciones (entre aprobación inicial y definitiva) para incluir sus cambios, supuestamente ya pactados con los populares, aunque rechazados a nivel técnico en un informe que al final no tuvo ninguna validez por no abordarse las enmiendas por defectos de forma.
La aprobación será el primer punto que se aborde en el pleno semipresencial de noviembre, que arrancará a las 9:30 horas. Unos minutos antes del inicio de la sesión ordinaria, que dará luz verde a un texto que recoge sanciones de hasta 3.000 euros por ejercer la mendicidad y de 1.500 euros contra mujeres prostituidas, la Corporación municipal, con su alcalde al frente, desplegará desde el balcón del Ayuntamiento una pancarta conmemorativa del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
El texto alicantino, que cuenta con el rechazo de colectivos sociales como Cáritas, prohibirá «aquellas conductas que, bajo apariencia de mendicidad o de manera organizada, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan de manera intencionada el libre tránsito de los ciudadanos por los espacios públicos, tales como la petición de dinero o limosna ejercida de forma coactiva, de palabra u obra, con violencia o intimidación, el ofrecimiento de objetos a cambio de una cantidad de dinero o donativo, tales como pañuelos, bolsas, servilletas de papel, gamuzas o mecheros y la prestación de servicios no requeridos sin autorización o licencia a cambio de un precio o donativo». También, según la redacción, prohibirá «acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos espacios públicos, sus elementos o mobiliario de tiendas de campaña, tenderetes, colchones, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos».
Sin embargo, en el documento de la ciudad de Alicante, avalado por los socios de PP y Ciudadanos, no incluye ni rastro de intervención social, que sí recoge el borrador de Ordenanza de Convivencia y Civismo que trabaja el gobierno de València, formado por el PSPV y Compromís, que se presentó a mediados de septiembre. En ese texto se dice, respecto a las sanciones por practicar la mendicidad, que en «todos los supuestos, antes de imponer la sanción, se procederá a requerir a la persona para que abandone la actividad molesta». También se recoge que «los agentes de la autoridad contactarán con los servicios sociales para que orienten a aquellas personas que ejercen la mendicidad a los recursos asistenciales, con la finalidad de asistirlas de manera inmediata». Además, el borrador de València apunta a que el «Ayuntamiento adoptará todas las medidas sociales a su alcance con la finalidad de apoyar y auxiliar a las personas que se encuentran en situación de exclusión, y, por ello, se ven abocados a ejercer la mendicidad». De igual forma, según el texto del Cap i Casal, «los agentes de la autoridad, o en su caso los servicios sociales, informarán a todas las personas que ejerzan la mendicidad en lugares de tránsito público de las dependencias municipales y de los centros de atención institucional o de carácter privado (asociaciones, ONG...) a los que pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario para abandonar estas prácticas».
San Vicente niega a Barcala: ni sintecho ni prostitutas
El concejal de Seguridad Ciudadana sanvicentero rechaza que su ordenanza sea «como la de Alicante»
Desde el vecino municipio de San Vicente niegan la mayor. Ni su ordenanza para mejorar la convivencia hará alusión a los sintecho y a las prostitutas, ni tampoco está, por ahora, aprobada. Rebaten así las palabras del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien este martes aseguró que San Vicente había impulsado un texto idéntico al de Alicante, pero sin controversia: «Ojo con quien se escandaliza. Porque en San Vicente, recuerdo con un gobierno socialista, han cogido nuestra misma ordenanza y la han aprobado sin escándalos». El concejal de Seguridad Ciudadana de San Vicente, José Manuel Ferrándiz, aseguraba este miércoles que su gobierno municipal todavía no ha llevado a pleno la aprobación del documento, un trámite previsto para dentro de un mes. Y que cuando suceda, el texto no incluirá multas para las personas sinhogar ni tampoco para las mujeres prostituidas, como sí sucede en la capital alicantina: «¿Aprobada? No, estamos preparando la documentación para llevar el expediente al pleno de diciembre. El texto estará basado en el borrador de la FEMP, pero excluye la mendicidad y la prostitución. Valoramos que en San Vicente no tenemos ese problema, que incluirlo era crear el problema. Cuando hay algún caso puntual, se le intenta atender, si quiere, desde Bienestar Social».
