Las entidades sociales de Alicante también han alzado la voz contra la ordenanza de mendicidad y prostitución, ahora conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, ante su inminente aprobación en el pleno municipal con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, prevista para este jueves. Más de cuarenta colectivos, incluyendo a Cáritas Diocesana, han criticado la redacción del documento impulsado por el gobierno municipal, exigiendo a su vez que se frene su visto bueno en la próxima sesión plenaria. Así, se sumaron a la postura de la izquierda.
La petición apenas tuvo recorrido, tal como podía ser previsible. La respuesta del alcalde, Luis Barcala, no se salió del guion previsto. El regidor popular rechazó paralizar la aprobación, aunque admitió que el texto puede sufrir cambios en la fase de alegaciones, donde Ciudadanos pretende registrar, ahora en tiempo y forma, sus propuestas de cambios a la redacción del PP. «Nosotros llevamos el texto a aprobación inicial, pero aún tiene que pasar por una fase de alegaciones y una aprobación definitiva. A mí me da la impresión de que no todo el mundo que opina sobre la ordenanza y su contenido se la ha leído», señaló el regidor, quien reconoció, por otro lado, que el documento puede experimentar modificaciones antes de que entre en vigor a principios del año 2022: «Todas las ordenanzas son mejorables, todas absolutamente. Por eso hemos modificado muchas ordenanzas en este periodo que llevamos en el gobierno. Esta ordenanza no tiene que ser una excepción. Todas las aportaciones serán estudiadas, todo lo que contribuya al objetivo de esta ordenanza, que es garantizar el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y la convivencia en la vía pública».
La entidad dependiente de la Iglesia Católica, en una carta dirigida a todos los grupos municipales, criticaba con dureza el texto impulsado por el PP y aceptado por Cs, pero también proponía cambios en la redacción y el desarrollo de un plan previo para proteger a los más vulnerables. «Queremos compartir nuestro malestar por la repercusión que puedan tener algunos de los artículos en las personas sin hogar y las mujeres víctimas de la explotación sexual», arrancaba un escrito, que añadía: «Exigir el cumplimiento de ciertas normas puede volverse casi imposible para aquellas personas que no tienen un domicilio o se ven abocadas a ejercer la prostitución».
Desde Cáritas, en el comunicado enviado a los grupos, defendía la necesidad de dotar a los más vulnerables de herramientas para facilitar su día a día, aludiendo incluso a la Constitución: «Estas personas deben contar con las condiciones materiales y humanas mínimas para el desarrollo normalizado de sus vidas. Entendemos que es esto lo que tanto la Constitución Española como las leyes que desarrollan los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos tratan de proteger y animar». Y no sólo eso, sino que desde la entidad dependiente de la Iglesia proponían que se paralice la aprobación inicial de la ordenanza para impulsar un plan destinado a los más desfavorecidos: «Proponemos que antes de aprobar tal normativa, se realice un plan especial de protección de todas estas personas, cumpliendo lo que nuestro aparataje legislativo contempla. Uno de los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia ha sido que se puede dar respuesta a las realidades de exclusión que encontramos en nuestras calles». Y es que, según insistían, desde Cáritas defienden una ordenanza con otro talante respecto al actual, que sólo recoge multas (de hasta 3.000 euros) y ningún tipo de intervención social ante los más desfavorecidos (eliminando esos artículos que sí figuran en el borrador impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias): «Proponemos poder realizar una normativa más justa y humanizadora con las personas excluidas, retirando del texto aquellas cuestiones que afectan a las personas que viven en la calle o a las mujeres víctimas de la explotación sexual, e iniciar un plan especial de cumplimiento efectivo de sus derechos como ciudadanos».
En una línea similar se mostraron este martes, a 48 horas del pleno municipal, más de cuarenta colectivos que firmaron un comunicado conjunto. «Manifestamos nuestro rechazo y disconformidad con la Ordenanza Municipal de convivencia cívica que pretende aprobar el Ayuntamiento de Alicante, por favorecer el uso discriminatorio de los espacios en la ciudad y criminalizar la mendicidad y la prostitución», señala un texto firmado por entidades como la Plataforma contra la pobreza, Despensa Solidaria, Plataforma Feminista de Alicante, Marea Roja y sindicatos como CC OO y UGT.
