Cáritas Diocesana, la entidad social dependiente de la Iglesia, no quiere en Alicante una ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, oficialmente conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, que se limite a recoge sanciones, de hasta 3.000 euros, y no incluya ningún tipo de medida social hacia los más vulnerables de la sociedad. En un intento de mejorar ese documento, aprobado inicialmente en el Pleno con los votos a favor de los socios del bipartito (PP y Cs) y de Vox, la entidad ha registrado trece alegaciones, según señalaron. «Desde que conocimos la propuesta de texto, Cáritas ha estado preocupada por la repercusión que puedan algunos artículos en las personas sin hogar y las mujeres víctimas de la explotación sexual, considerando puntos de su articulado lejanos, incluso contrarios, a las políticas sociales puestas en marcha por las administraciones», explicaron desde la entidad, que considera «que algunos puntos se centran más en la imposición de sanciones como solución a la realidad de las personas sin hogar y las mujeres que ejercen la prostitución que en la búsqueda de soluciones a las situaciones de las personas».
Tal como aseguran que recoge el documento de alegaciones, la organización ve «fundamental» la prevención y la «no promoción de la criminalización de la pobreza en el espacio público». El espacio público, según la entidad social, «debe ser un lugar de todas las personas, incluso de aquellas a las que se trata de invisibilizar o expulsar por su realidad de pobreza, exclusión o desigualdad».
En base a ello, Cáritas ha registrado trece alegaciones al articulado del texto, «tanto de supresión, como de modificación e innovación, desde una visión de la no discriminación, protección e inclusión de todas las personas que residen» en Alicante. «Las propuestas realizadas tienen como fin último el reconocimiento de los derechos de todas las personas, derechos inherentes a las mismas con independencia de su situación personal», según la entidad, que defiende que «no tiene sentido penalizar a través de una ordenanza municipal cuestiones que ya vienen sancionadas por la normativa civil y penal».
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Con el objetivo de «explicar el espíritu, contexto y contenido de las alegaciones», desde Cáritas Diocesana pretenden acercar su propuesta a los socios del equipo de gobierno municipal. Para ello, según añaden, tienen previsto solicitar reuniones en los «próximos días». Además, desde Cáritas anunciaron que defenderán ante PP y Ciudadanos «la necesidad de contar en Alicante con un plan especial de protección de las personas vulnerables del municipio para dar respuesta a las realidades de exclusión que se encuentran en las calles».