El Síndic de Greuges, Ángel Luna, se ha implicado en el retraso del pago del salario a profesores de centros concertados con la apertura de una queja de oficio y consiguiente investigación, para instar a la Conselleria de Educación a que abone las nóminas pendientes desde que empezó el curso.
La queja presentada ante el defensor del ciudadano en la Comunidad partió del sindicato mayoritario del sector de la enseñanza concertada, FSIE, desde el que han tratado de solventar la situación sin éxito, tanto a partir de sucesivas reuniones con responsables educativos como haciendo llegar el tema a Las Cortes también.
Este diario se hizo eco de la situación que atraviesan centenares de profesores mayoritariamente de la provincia, con testimonios directos en los que narran su incredulidad por no haber recibido su correspondiente salario desde que comenzó el curso, y posteriormente el sindicato hizo llegar una queja formal al Síndic de Greuges porque, por toda respuesta, Educación hizo saber que el problema solo era puntual y que se estaba resolviendo.
El FSIE mantiene que hay 350 profesores sin cobrar su nónima completa "a lo que hay que sumar múltiples incidencias en altas y bajas de inicio de curso todavía no resueltas".
Investigación
El Síndic indica en la resolución con la que abre la investigación al respecto que también ha recibido quejas individualizadas sobre la demora en el abono de las retribuciones por docentes de centros concertados.
La tardanza en el abono de retribuciones genera graves problemas tanto al profesorado afectado como a su familias
"Es claro que la tardanza en el abono de retribuciones devengadas genera graves problemas tanto al profesorado afectado como a sus familias", contempla la citada resolución.
Se hace asimismo referencia a la normativa que establece que "los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al profesorado como pago delegado", y que la gestión de dicho pago en régimen de concierto corresponde a la Conselleria de Educación.
Plazo
En defensa de los derechos y libertades, y de la protección de los derechos humanos, el defensor ciudadano alude a su labor como supervisor de la Administración pública valenciana por lo que puede suponer una "vulneración de derechos reconocidos a una buena administración", lo que respalda por otra parte la apertura de la queja de oficio.
El Síndic pide a Educación que en el plazo de un mes informe de todas las incidencias que ha recibido de los centros concertados al respecto desde que empezó el curso, así como las que están resueltas, en trámite o por resolver.
