"La ordenanza contra la mendicidad y la prostitución es una pieza más en el proceso de descomposición y degradación de las políticas sociales en el Ayuntamiento de Alicante, que están viviendo el momento más negro de su historia". Así se ha referido Carlos Gómez Gil, sociólogo y profesor de la Universidad de Alicante, durante la primera sesión de “Pensem Alacant: Diàlegs per la ciutat”, un espacio organizado este viernes por Podemos en la sede de la UA de San Fernando, 40.
La mesa redonda, que se ha centrado en la controvertida norma impulsada por el bipartito, ha contado con la participación del profesor Gómez Gil, de Yaissel Sánchez, secretaria general de UGT en l'Alacantí y Les Marines; y Arancha Luque, secretaria de Mujeres e Igualdad en CCOO l'Alacantí. Estaba anunciada, aunque finalmente no ha acudido, María José Espuch, exconcejala de Igualdad durante el gobierno del tripartito de izquierdas.
El sociólogo y experto en asuntos sociales asegura que la ordenanza "es una respuesta autoritaria a políticas reaccionarias de la extrema derecha sobre los pobres, contra los que se despliega un discurso de odio y rechazo" y, además, añade que "a medida que se han reducido, eliminado y paralizado servicios esenciales básicos y obligatorios por el Ayuntamiento hacia las personas más vulnerables han aumentado la política de rechazo, desprecio y criminalización sobre los pobres en Alicante". Para el profesor universitario, "es falso que la ordenanza vaya a solucionar lo que dice querer afrontar". "Si se quiere atender a la población más vulnerable la respuesta son dispositivos sociales especializados, justo lo que no hay, en lugar de multas. Si se quiere acabar con mafias y traficantes de personas, para eso están las fuerzas de seguridad y jueces, no las multas. Ninguna mafia se desmantela con una multa que le imponga Barcala, como afirma disparatadamente", ha defendido Gómez Gil.
Desde UGT, Yaissel Sánchez ha defendido que la ordenanza tiene "un trasfondo ideológico importante". "El PP de Barcala necesita de los apoyos de la extrema derecha para gobernar. Creo que con la ordenanza lo único que se pretende es esconder la pobreza, penalizando la exclusión de todas las personas sin hogar y por otro lado criminaliza y reivictimiza a las mujeres víctimas del sistema prostitucional sin tener en cuenta toda la complejidad que supone la alta vulnerabilidad no solamente social sino también económica, habitacional, sanitaria, laboral", explica Sánchez, quien lamenta que el bipartito quiera "esconder un problema social muy grave en la ciudad". "Si tuviésemos unos servicios sociales que diesen respuesta a la ciudadanía más necesitadas, se hubiese apostado por hacer efectivo un Plan Municipal de Inclusión y realmente con esta norma se busca todo lo contrario, solo se busca perseguir y culpabilizar a las personas que más atención requieren que son las personas sin hogar y las mujeres en situación de explotación sexual", ha añadido la máxima responsable del sindicato, quien ha criticado que "para los más vulnerables, ya no se trata solo de la gravedad de una sanción económica, sino también es la vulneración de derechos fundamentales y una restricción al derecho a la libertad personal". Para Sánchez, "la situación crítica de los servicios sociales solo denota el fracaso de las acciones sociales que no evitan las situaciones de riesgo y de exclusión y además más grave aún la carencia de voluntad para solucionar los problemas, ya que este Ayuntamiento adolece de escucha activa existe un consejo de ciudad que no se convoca, no se tienen en cuenta las disconformidades de la sociedad civil".
Por su parte, Arancha Luque, de CC OO, ha recordado que la ordenanza no es nueva en Alicante, sino que el bipartito ha recuperado un texto, con cambios, que promovió el gobierno durante la etapa de Sonia Castedo. "La ordenanza evidencia una tendencia del PP de ocultar a las mujeres prostituidas y a las empobrecidas, ya lo hizo Sonia Castedo. El PP no quiere solucionar el problema, sino esconderlo. Es un texto que refuerza el estado patriarcal", ha apuntado Luque, quien considera que "lo que deben hacer las administraciones es trabajar por erradicar la pobreza y por abolir la prostitución, no por multar a esas personas que ya son víctimas de situaciones de vulnerabilidad".
La charla ha arrancado con la intervención del líder local de Podemos y portavoz municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Xavier López, quien subraya que "Alicante está viviendo procesos políticos acelerados e impulsados por el Partido Popular, que tienen que ver con el desarrollo de un modelo de ciudad hostil para el vecindario". "Un gobierno que genera ruido, conflicto, que es incapaz de dialogar y con el único proyecto para nuestro municipio de regar su red clientelar. Frente a esto nuestra organización cree importante bajar decibelios, aminorar la velocidad y habilitar espacios de escucha y reflexión sobre el futuro de Alicante desde una visión amplia y que no se encorsete en lo partidista, sino que sea capaz de mirar mucho más allá para construir un proyecto de progreso transversal que se parezca más a la ciudad que queremos ser y menos a la que nos han impuesto ser", ha explicado López, promotor de unas jornadas de reflexión que han arrancado con la ordenanza como asunto principal del primer debate. Este ciclo, según ha apuntado, busca "sobre todo escuchar a quienes saben de las principales problemáticas". En su intervención, López ha asegurado que su partido tiene previsto llevar la ordenanza de la "vergüenza", como la califica la izquierda alicantina, al Congreso de los Diputados y ha abierto la puerta a otras medidas a otros niveles.
