Segundo archivo en apenas quince días. La Fiscalía Anticorrupción ha cerrado sin encontrar delito la investigación abierta para determinar si fondos procedentes del Grupo Popular en la Diputación de Alicante se emplearon en fines distintos a los previstos por la ley en la etapa en la que el popular José Joaquín Ripoll se encontraba al frente de la Corporación Provincial, según la denuncia por malversación de caudales púbicos presentada en febrero del pasado año por el portavoz de Compromís en esta institución, Gerard Fullana.
Se trata de las segundas diligencias que se sobreseen por los mismos hechos después de que el Ministerio Público acordara el pasado día 7 archivar también las pesquisas abiertas por el uso de estos fondos en la etapa del actual presidente de la Diputación, Carlos Mazón.
En cuanto a lo que afecta a Ripoll, el fiscal anticorrupción Felipe Briones ha resuelto poner fin a las diligencias después de no haber podido acreditar la comisión de delitos por parte de las personas que dispusieron de estos fondos.
Tras reclamar información a las entidades bancarias con las que el Grupo del PP en la Diputación operaba y recabar informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Alicante, Briones ha concluido que no hay pruebas que permitan afirman que el destino final de cerca de 65. 000 euros (en dos cheques, de 48.429 euros uno y de 16.550 el otro) pueda enmarcarse en un delito de malversación de caudales públicos.
Los dos talones se extendieron el 8 de julio de 2011, un día después del último pleno que presidió Ripoll, dejando la cuenta del PP de la Diputación con apenas 30 euros. Los 64.974 euros salieron de la entonces CAM y se ingresaron en otra entidad financiera sin que el destino que después el Grupo Popular dio a ese dinero se haya podido acreditar que fuera delictivo por no ajustarse a los fines para los que se aportan por parte de la Corporación Provincial.
Entre las facturas que se han analizado las hay por servicios de hostelería y publicidad prestados para actos supuestamente organizados por el Grupo del PP en esa institución sin que en algunos casos se tenga la certeza de que se celebraron.
En lo relativo a la etapa de Mazón, Anticorrupción concluyó que de lo único que hay constancia es de algunas aportaciones económicas del grupo al partido pero sin que existan indicios de que las cantidades hayan sido aplicadas a fines ilegítimos y no públicos. El fiscal anticorrupción Pablo Romero, quien se ocupó de esta investigación, apuntaba que irregularidades similares, aunque por un importe inferior, se habían detectado en las cuentas presentadas por algún otro partido político.
La investigación se abrió, al igual que la que afectaba a Ripoll, tras la denuncia de Compromís. En este caso por una presunta falsificación de los certificados con las aportaciones económicas que la Diputación al grupo del PP entre los años 2015 y 2018 que se habrían transferido al partido pese a corresponder a gastos comunes e indivisibles del grupo político. Según la denuncia, la cantidad total a lo largo de esos años ascendería a 450.000 euros.
La Fiscalía recordaba que por estos mismos hechos hay interpuesta otra denuncia también por Compromís ante el Tribunal de Cuentas pendiente de resolución, lo que no ocurre con la que afecta a Ripoll. El fiscal sostenía que si este tribunal apreciara indicios de irregularidades que excedieran de las meramente administrativas o jurídico contables, lo comunicaría a la Fiscalía o a los tribunales de Justicia para que se depuraran las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos. El representante de Anticorrupción concluía que no concurrían indicios suficientes que justificaran la presentación de una denuncia ante los tribunales por un delito de falsedad documental, ni de malversación, ni financiación ilegal de partidos.
En ambos casos, el denunciante siempre puede acudir al juzgado. En lo afecta a Mazón, Compromís ya anunció que acataba la decisión de la Fiscalía y que se congratulaba de que con su fiscalización las arcas públicas hayan 150.000 euros ingresados irregularmente en las cuentas de los partidos.
Compromís lamenta que no se sepa a qué se destinó ese dinero
En la misma línea de acatamiento se manifestó este martes la formación valencianista, que recordó que la denuncia se presentó a raíz de unas informaciones periodísticas sobre los movimientos realizados desde la cuenta en la antigua CAM del Grupo del PP en la Diputación a cuentas privadas el día después del último pleno celebrado por Ripoll, "quien acabó dimitiendo como presidente en el marco del caso Brugal, una investigación que alumbró un tren de vida y una gestión institucional por la que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel" , un proceso que un tribunal de la Audiencia Provincial está juzgando desde principios de año.
Compromís lamenta que, "tras la investigación de la Fiscalía, ni siquiera se conozca el uso concreto que se le dio al dinero público correspondiente a la subvención política a un partido" y apunta que "se sigue sin saber el nombre propio de la empresa o persona titulares de las cuentas en las que se ingresaron los cerca de 65.000 así como quién firmó esas transferencias de los dos cheques cuya cuenta de origen fue cerrada el mismo día que en que Luisa Pastor sustituyó a Ripoll en la presidencia de la Diputación".
"El PP se puede glorificar porque se amontonen los archivos de Brugal ante la anulación de escuchas, porque prescriban delitos, porque enviar fondos de forma irregular desde la Diputación no sea delito penal...pero todo esto simplemente describe el día a día del filibusterismo de nuestro sistema judicial. Los hechos son éticamente inaceptables", ha apuntado Fullana.
El PP pide la dimisión de Fullana
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha exigido este martes al portavoz de Compromís que abandone la Diputación de Alicante cuanto antes por responsabilidad política y que pida perdón a cada alicantino por responsabilidad pública. "El señor Fullana ya no puede sostener su política de la mentira y de la invención porque al final acaba saliendo la verdad y poniéndole en evidencia", ha indicado Dolón en relación al archivo acordado por Anticorrupción.
“El PP y su grupo en la Diputación han hecho uso con extrema responsabilidad de las normas legales que regulan los gastos conjuntos o cualquier tipo de transferencia desde el Grupo Popular al partido. Todo está justificado. Ya está bien de inventar discursos fake y de seguir en política para mentir. El señor Fullana debe marcharse cuanto antes, nadie le cree", ha reiterado Dolón. “Nos alegramos de que sean los propios tribunales los que desmonten la política de la mentira y las falsedades que hace Compromís en la Diputación”, ha dicho
