Cinco mil empleos suprimidos y 112 millones de euros de pérdidas, efecto inmediato del recorte del Tajo-Segura. Ambiente muy caldeado este jueves en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura celebrada en Murcia. La cita para conocer qué alegaciones se han sumado al Plan Hidrológico del Segura en su tercer ciclo hasta 2027, que está previsto ser llevado al Consejo Nacional del Agua la próxima semana, ha comenzado con el visible enfado del presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, tras conocer la eliminación del precio social del agua desalada por parte del Gobierno central y la nula información que han recibido respecto a los caudales mínimos en la cuenca manchega. El presidente de la CHS, Mario Urrea, ha mantenido una breve conversación con él momentos antes de comenzar la reunión, donde le ha pedido calma y esperar a la resolución definitiva del plan del Tajo.
Urrea, sin embargo, ha mencionado a los periodistas que al texto definitivo del plan del Segura para el ciclo 2022-2027 se ha sumado el impacto socioeconómico que tendrá en la cuenca levantina los nuevos caudales ecológicos del Tajo y el recorte del volumen de agua que llegará por el acueducto cuando las normativas entren en vigor.
El plan ha sido actualizado sin conocer todavía qué caudales se quedarán reflejados en el texto del Tajo, pero el recorte de agua llegará a los 105 hectómetros cúbicos anuales (la mitad de lo que llega), una pérdida de empleo de 5.000 puestos de trabajo y la inviabilidad productiva de 12.000 hectáreas de regadío en Murcia, Alicante y Almería. En términos económicos, el impacto será de 122 millones de euros menos.
El presidente del organismo de cuenca ha tratado de mostrar la parte positiva, y es que con los planes de ampliación de las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas, previstos antes de 2025, el aporte para la agricultura levantina solo se vería recortado en 50 hm3. A estas obras se sumaría la modernización de los regadíos en el Segura y el Tajo, para los que el Ministerio de Agricultura ha previsto fondos económicos llegados de Europa, por lo que se optimizaría el uso de los recursos hídricos.
La subvención del agua desalada ha sido el último encontronazo entre regantes y Gobierno central. El real decreto de sequía aprobado como medida urgente y transitoria ante el encarecimiento de los precios, también el de la tarifa de la luz, mantiene un precio fijo de 0,34 euros el metro cúbico frente a lo que establecía la ley en 2018: 0,30 euros. Urrea, que señala que este precio social "no es el debate ahora mismo" en la cuenca del Segura, mantiene que para el próximo año el Ministerio prevé "mantener" estos mismos precios del agua desalada que llega de Torrevieja y otras plantas de Murcia. La lectura es que Transición Ecológica "quiere consolidar esos precios" por el agua desalada pero se tienen que adaptar a la etapa de inflación y los altos costes de la luz. Con el transporte hasta las comunidades de regantes o el IVA, el precio quedaría encarecido hasta los 47 céntimos.
"Voy a esperar acontecimientos pero parece que muerto el perro se acabó la rabia"
El presidente del sindicato de regantes, Lucas Jiménez, ha respondido visiblemente enfadado que en el levante "hemos sido los últimos en enterarnos" de qué va a pasar con el futuro del regadío. Ha mencionado que los planes de cuenca del Ebro, Duero o Guadiana ya se conocen y se han tenido en cuenta las alegaciones de regantes de otras provincias respecto a los caudales ecológicos. "Voy a esperar acontecimientos", señala, ya que no conocen todavía la resolución para estos volúmenes mínimos en la cuenca cedente porque "está vinculado a la cuenca del Segura". Jiménez ha criticado el poco peso político que tiene la Región de Murcia en Madrid, un hecho que lleva a que los regantes del Levante sigan pagando "el agua más cara de todo el país".
"Muerto el perro se acabó la rabia", ejemplificaba Jiménez al alegar que esa subvención de 0,30 reflejada por la ley de 2018 nunca se ha cumplido, y ante las exigencias de los regantes de que el Ministerio aportara dinero para paliar el alto coste de producción en las desaladoras, el Gobierno central ha preferido eliminarlo.
Como único punto en el orden del día, la Junta de Gobierno conocerá esas alegaciones que se han sumado al plan del Segura tras el periodo de exposición pública de seis meses. Se han incluido en él las nuevas actuaciones en el Mar Menor, así como la nueva normativa por los precios del agua desalada y ese impacto socioeconómico en el levante de los caudales ecológicos del Tajo.
Mapas de riadas
La Confederación también anda estos días actualizando la cartografía de las zonas inundables, especialmente el mapa de riadas o flujos preferentes que tanta polémica ha causado en los ayuntamientos y entre los promotores inmobiliarios y constructores. Una corrección que implicará "que algunas zonas dejen de estar consideradas" como tramos donde corra el agua a cierta velocidad aunque no ha precisado qué porcentaje de los límites de los espacios inundables se redefinirá. Estos nuevos mapas estarán en exposición pública en los próximos días.
