El Síndic de Greuges, Ángel Luna, quiere asegurarse de que es correcta de principio a fin la escolarización que deriva de la avalancha de niños ucranianos en edad escolar que han llegado a la Comunidad, y mayoritariamente a la provincia de Alicante que concentra más de la mitad de los más de 2.000 menores refugiados contabilizados en Educación, a su vez el 40% de los que han llegado a toda España.
El defensor del ciudadano ha abierto una queja de oficio para supervisar las acciones que está adoptando Educación y entrar de lleno en los refuerzos efectivos que llegan a los centros educativos, con el objetivo de que no resulten menoscabados ninguno de los derechos a la educación de estos niños, por lo que dichas medidas no pueden acabar en el momento en que se les asigna una plaza escolar.
Garantías
Las premisas que Educación ha trasladado a los centros educativos para atender a los alumnos desplazados por la guerra pasan por ofertar todas las vacantes disponibles para matricular a estos niños desde el minuto cero en los centros más cercanos a la residencia en la que se encuentren, y además garantizar que vayan juntos y al mismo centro todos los que sean hermanos.
Educación se ha implicado asimismo para adecuar aulas y otros espacios en los centros con el objetivo de que todos estos niños tengan plaza en los colegios actuales, a través de los inspectores de educación correspondientes a la zona de que se trate, y su actuación se centra en la provincia porque es la que aglutina a la mayor cantidad de alumnos de nacionalidad ucraniana.
La escolarización de niños ucranianos que han llegado huyendo de la guerra es una emergencia que requiere de especial atención
Desde un principio los responsables educativos se comprometieron a contratar a cuantos docentes de refuerzo fueran necesarios para asegurar dicha formación, pero el Síndic ha decidido tomar cartas en el asunto ante la posibilidad de que se puedan conculcar las ratio o número de alumnos por aula, así como la necesidad de que reciban una fomación de choque inicial en la lengua castellana.
Así, pide formalmente a la Conselleria de Educación que en el plazo máximo de un mes detalle tanto el “incremento de profesorado” anunciado, como la “contratación de traductores y mediadores en todos los centros en los que haya estudiantes llegados de Ucrania”.
Formación
Advierte el defensor de que el profesorado en general que atiende a menores ucranianos y sus familias también requiere de una “formación específica; solicita asimismo información sobre las medidas adoptadas para abordar situaciones en las que se produce “una ratio de alumnado por encima de lo recomendable”, así como para “facilitar la integración de los menores y sus familias en la comunidad escolar”.
La institución que dirige Ángel Luna quiere prevenir de antemano para que la escolarización y situación social de los niños ucranianos y sus familias sea realmente adecuada, más allá de los anuncios y las buenas intenciones, para que no se llegue a situaciones como las originadas con el acogimiento del Aquarius por la Comunidad en su momento.
En esta línea, reclama también el detalle de las aulas internivel que facilitan la acogida de estos niños, y las unidades de Orientación que prestan atención tanto emocional como de educación inclusiva en las aulas.
Por último pide en su queja de oficio el detalle de las medidas en común “adoptadas con otras consellerias o departamentos como los de Igualdad y Salud” para cubrir las necesidades de los menores ucranianos.
Control
“El derecho a la educación, entendido como el derecho que tienen los individuos de poder acceder a una formación que resulte acorde con sus intereses, es un derecho social que a diferencia de los demás derechos sociales contenidos en el título primero de la Constitución española, y vincula directamente a todos los poderes públicos que quedan obligados a organizar un sistema educativo que actúe como un servicio público de acceso gratuito”, subraya el defensor del ciudadano en el informe abierto de oficio para controlar la escolarización de los refugiados en toda la Comunidad.
Recalca la vulnerabilidad de estos niños, necesitados de la obligada “protección de los menores de edad que han huido de la guerra como colectivo vulnerable”, y además de publicar en la web del Síndic de Greuges de la Comunidad la guía elaborada por la oficina del Defensor del pueblo ucraniano, con información tanto para las familias como los profesores sobre las disponibilidad de recursos educativos online y de libre difusión, Luna abunda en su deber de controlar que realmente están recibiendo los medios necesarios, anunciados por otra parte de antemano por los propios responsables educativos. De ahí que haya decidido “investigar y supervisar” todas las actuaciones de la administración relacionadas con la correcta escolarización y formación de estos menores.
