Dispuesta a comprobar si, como reza el viejo refrán jurídico,  siempre es preferible un mal acuerdo a un buen pleito, la Audiencia de Alicante ha puesto en marcha un proyecto pionero con el que ha constatado que, si se intenta, no solo se puede agilizar la Justicia sino que también es posible recortar el gasto en este servicio público: alrededor de 15.000 euros en apenas dos años en este caso.

Esther Serrano, la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) de la Oficina del Jurado de Alicante es la promotora de esta idea a la que el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, dio luz verde en enero de 2021y para cuyo desarrollo se cuenta con la Fiscalía provincial a través del teniente fiscal, José Llor, encargado de las conformidades.

Fue la situación de colapso con que Serrano se topó al incorporarse a la Oficina del Jurado la que le hizo plantearse un proyecto que bautizó como «Comparecencias previas para posible conformidad en el ámbito del Tribunal del Jurado». No era para menos a la vista de los 32 asuntos que en 2021, tras el parón de la pandemia, estaban pendientes de juicio, lo que implicaba que harían falta como mínimo dos años para su resolución.

«La idea era acabar con la enorme pendencia de los asuntos de Jurado, teniendo en cuenta la enorme dificultad y el costo de este tipo de procedimientos, así como reducir el tiempo de señalamiento de los nuevos», explica esta LAJ que se puso manos a la obra para lograr que, en aquellas causas que fuera posible, las partes enfrentadas llegaran a un acuerdo antes de convocarse el jurado.

Lograr una conformidad en ese momento en un procedimiento con tribunal popular es de vital importancia ya que evita movilizar a una media de 25 personas (los candidatos a jurado convocados para un juicio de los que después se tienen que elegir a los nueve titulares y los dos suplentes) y el coste que conllevan los desplazamientos y las dietas que perciben.

El programa pasó la prueba de fuego a principios de ese 2021 cuando en apenas cinco días se señalaron nueve comparecencias de posible conformidad de las que siete dieron su fruto. La experiencia con los susceptibles de acuerdo de nuevo ingreso en ese año no pudo ser más satisfactoria: cuatro de cuatro.

Los datos en el presente ejercicio no son peores: de los nueve asuntos que había registrados a 31 de julio, cuatro eran posibles conformidades de los que en dos se alcanzaron dictándose en uno de ellos la sentencia in voce al haber comparecido voluntariamente el acusado y no solo los abogados. 

Destaca Serrano que el proyecto de ley Medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, actualmente en tramitación, «introduce con carácter obligatorio la posible conformidad del acusado, en línea con lo que estamos haciendo en Alicante, para evitar la congestión de tribunales y juzgados». Y destaca que además «se potencia como institución al eliminar el actual límite penológico de los 6 años, lo que la hace extensible a toda clase de delitos».

Desde que el programa se puso en marcha, tan solo evitando ese primera sesión de un juicio, el ahorro conseguido se calcula en unos 15.000 euros que se eleva hasta los más de 47.000 que habría costado en total la celebración de todas esas vistas por lo que, a juzgar por estos resultados, se aconseja extenderlo al resto de las secciones penales de la Audiencia.