Arrancan las obras de la Ciudad de la Justicia cuyo final está previsto para finales de 2025

Pistoletazo de salida para la Ciudad de la Justicia de Alicante. Con el compromiso de acabar las obras en treinta y tres meses, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha firmado este lunes el acta de replanteo del futuro complejo judicial con los responsables de la Unión Temporal de Empresas (Ferrovial y Servitria) que llevará a cabo el proyecto. Un acto que estuvo apadrinado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y que se ha celebrado en el salón de actos del Palacio de Justicia de Pardo Gimeno. Este trámite marca el inicio oficial de las obras. Mañana martes está previsto que comiencen a ejecutarse los trabajos y el objetivo es que el edificio esté terminado a finales de 2025.

Puig destacó que es la mayor inversión de la Administración autonómica en una infraestructura judicial en los últimos veinte años. Una nutrida representación de autoridades políticas, judiciales, responsables de las Fuerzas de Seguridad, representantes de colegios profesionales y otros operadores jurídicos se han dado cita para ver cumplida la que ha sido una reivindicación histórica para la ciudad. Inicialmente la firma iba a tener lugar en la misma parcela de 5.500 metros cuadrados en el antiguo acuartelamiento de San Fernando donde se va a levantar el edificio. Sin embargo, el fuerte viento ha obligado a celebrarlo bajo techo.

Asistentes

Entre los asistentes se encontraban la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva; el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón; el juez decano, César Martínez; la secretaria coordinadora provincial de los letrados de la Administración de Justicia, María Dolores Millán; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador; el comisario provincial de la Policía Nacional, Manuel Lafuente; el coronel de la Guardia Civil, José Hernández Mosquera; el jefe de la Policía Local, José María Conesa; la responsable de la Policía Autonómica, Marisa Rodríguez, el decano del Colegio de la Abogacía, Fernando Candela; la decana del colegio de Procuradores, Pilar Fuentes; así como una representación del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, acompañados por el exsenador Ángel Franco. No hubo representantes de la Diputación, que aseguran que no fueron invitados.

La Generalitat adjudicó las obras a mediados del pasado octubre a la UTE formada por las empresas Ferrovial y Servitria. Un total de nueve ofertas se presentaron al concurso para tratar de hacerse con la ejecución del proyecto, ocho de ellas procedentes de UTEs para las que se habían unido hasta veinte empresas distintas. Bravo ha firmado el acta de replanteo con los representantes tanto de la UTE adjudicataria, así como de Ayesa, redactora del proyecto. La arquitecta Maria del Carmen Rodríguez Manzanares desgranó ante los asistentes el reparto de dependencias en las siete plantas del edificio, mientras que en el salón de actos había una maqueta del futuro Palacio de Justicia.

Discursos

El presidente de la Generalitat indicó durante su discurso que la nueva Ciudad de la Justicia “se alineará con otras sedes ya acabadas como “el nuevo edificio de La Vila Joiosa, la ampliación de los juzgados de Torrevieja y las sedes de Dénia y de Villena, que se harán este año”. El nuevo edificio costará un total de 72,7 millones de euros, de los que se aportarán 14,5 en este 2023.

Del mismo modo, Puig agradeció la colaboración institucional del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y las autoridades municipales por llevar a cabo los cambios normativos necesarios para que el proyecto saliera adelante. El Ayuntamiento aprobó la modificación del Plan General en esa zona para que fuera posible dotar al edificio de dos alturas más. Un total de siete plantas en un total de 47.000 metros cuadrados de superficie construida.

Puig admitió los años de retraso que acumulaba este proyecto, admitiendo que "llega tarde", pero al menos en él "se ha podido aplicar lo que hemos aprendido de la arquitectura judicial durante estos años" . "No solo va a ser un edificio funcional que va a mejorar la prestación de un servicio fundamental para la democracia sino que además, debido también a las acciones que está haciendo el Ayuntamiento, va ser un revulsivo desde el punto de vista urbanístico para toda la ciudad de Alicante", destacó.

Ximo Puig ha destacado que la Ciudad de la Justicia alicantina, que llevará el nombre del jurista Rafael Altamira, albergará la mayoría de órganos judiciales de Alicante, una reunificación que, como ha indicado, permitirá acabar con la dispersión actual de sedes y mejorará la calidad de la prestación de la Justicia para las 400.000 personas que forman parte de este partido judicial. 

Vídeo promocional de la Ciudad de la Justicia de Alicante

A ello se suma que las instalaciones acercarán más servicios a la ciudadanía, dado que en ellas se prestará una atención integral a las víctimas de violencia de género y estarán disponibles los gabinetes psicosociales, entre otras oficinas. Además, Puig ha destacado que la nueva Ciudad de la Justicia responderá a las exigencias actuales, con un edificio “moderno, accesible y sostenible”.

Dispersión de sedes

"El segundo partido judicial más importante de la Comunidad Valenciana va a contar, por tanto, con una sede que pone fin con la dispersión en diez sedes diferentes de sus órganos y servicios", aseguró Puig que añadió que “ésa era la ambición hace 8 años: pasar de una Justicia en estado crítico a una Justicia digna, ágil y facilitadora". El presidente del Consell enmarcó en esta meta acciones como la ampliación de la Justicia gratuita, que “ha triplicado” su presupuesto, los 87 millones de euros que se destinan este año al Plan de Infraestructuras Judiciales, o el despliegue de un servicio “único en España” como es la Red de Oficinas de Atención a Víctimas de Violencia de Género.

"Todas estas actuaciones buscan situar a la Justicia, como “columna vertebral de una sociedad avanzada”, porque, sin ella, “resultan imposibles la igualdad, la seguridad y la libertad”, valores “que merecen una defensa cotidiana y que requieren las mejores infraestructuras, los mejores medios y el mejor personal”, ha dicho.

La Ciudad de la Justicia de Alicante es la inversión más importante del Plan de Infraestructuras Judiciales que está en ejecución y la mayor en una sede judicial desde que, en marzo de 2003, se completó la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Características de la sede

La sede tendrá 47.000 metros cuadrados y contará con siete plantas, semisótano, dos sótanos y aparcamiento. Se ha diseñado para que pueda cubrir la ampliación de la planta judicial alicantina en el futuro y es completamente accesible y energéticamente sostenible.

En vez de un volumen compacto, será un conjunto abierto al espacio urbano con recorridos internos cubiertos, pero no cerrados, que se articulan en torno a un gran patio central alrededor del cual se despliegan las dependencias para los distintos órganos judiciales y los servicios que precisan para su óptimo funcionamiento.

Declaraciones del alcalde

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, calificó como de “hito para Alicante” la puesta en marcha de las obras de la Justicia y que esta actuación es de “suma importancia para mejorar los servicios judiciales de Alicante y comarca, al tiempo que supone un impulso de modernización para el barrio de Benalúa”.

El primer edil subrayó que el comienzo de esta “gran actuación resuelve una deuda histórica con Alicante, que es la única capital de la Comunidad Valenciana que no cuenta con Ciudad de la Justicia, y facilitará las gestiones de los ciudadanos al acabar con la dispersión de órganos judiciales y agruparlos en su gran mayoría en un mismo edificio”. Asimismo, este proyecto de la Generalitat contribuirá a avanzar “en la reordenación de barrios como Benalúa y proyectos como el de la avenida de Aguilera que tiene en marcha el Ayuntamiento”, ha precisado Barcala.

Barcala también subrayó la cooperación institucional para agilizar el proyecto. “Quiero destacar la colaboración entre la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo y el Ayuntamiento de Alicante para sacar adelante este proyecto de gran envergadura y trascendencia como servicio público esencial”, añadió Barcala. “Me gustaría que el resto de proyectos necesarios para nuestra ciudad, como son los nuevos colegios y centros de salud, pudieran contar con la misma agilidad y voluntad para desarrollarlos”, ha añadido.