El TSJ reclama hasta 25 nuevos juzgados en la provincia de Alicante para hacer frente al colapso judicial

La provincia de Alicante necesita de hasta 25 nuevos juzgados para poder hacer frente a la sobrecarga de trabajo que cada año causa mayores retrasos en la Justicia. Ésta es una de las conclusiones de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), en la que su presidenta Pilar de la Oliva hace un repaso a la situación de los tribunales en la región. Son once juzgados más que los catorce que se reclamaban en la memoria del año pasado y que han aumentado por la creciente entrada de asuntos. La provincia de Alicante cuenta con un total de 157 órganos judiciales y todavía necesita otros 25 más para hacer frente a una sobrecarga que en la jurisdicción civil llega a ser del 237%, más del doble de lo que recomienda el Consejo General del Poder Judicial.

Las carencias de la Justicia se vieron agravados por la paralización de la creación de nuevos juzgados durante años en la etapa de los recortes y aunque se ha venido reactivando la actividad y se han puesto en marcha nuevas unidades en la etapa del Botánic, todavía no son suficientes. Una de las zonas donde más juzgados se reclaman es en la jurisdicción civil, en la que se suelen resolver tanto reclamaciones económicas como lanzamientos y desahucios entre otros asuntos, donde se advierte que se necesitarían hasta diez nuevos juzgados a lo largo de la próxima década, a razón de un nuevo órgano judicial por año, pero tres de ellos se necesitan con urgencia. Los datos recopilados incluyen hasta el final del año 2022, por lo que no recogen cuáles han sido las incidencias de las huelgas de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y de los funcionarios que han convocado este 2023.

La memoria incluye un informe aportado por el juez decano de Alicante, César Martínez, se tilda como "crítica" la situación de los once juzgados de Primera Instancia de Alicante que resuelven asuntos civiles (los otros cuatros están especializados en asuntos de familia), donde el número de asuntos que entran al año desde 2015 se ha incrementado un 20%, al pasar de 29.599 a 35.536. El volumen de entrada de causas por juzgados es de un 237% más de lo que recomienda el Consejo General del Poder Judicial, aunque se destaca el enorme esfuerzo realizado por los tribunales donde se llegaron a resolver más asuntos de los que se ingresaron  (28.250 por 27.727). En materia penal, la memoria recoge que aunque las cifras se mantienen estables, tras un descenso de la delincuencia durante la crisis sanitaria de 2020, se están superando las cifras prepandemia, con 24.271 asuntos investigados en los juzgados de instrucción. El año del confinamiento se tramitaron 19.746 causas que aumentaron a 21.542 en 2021.

Listado de juzgados

Según la memoria del TSJ, la provincia necesita dos juzgados de lo Contencioso Administrativo en Alicante; dos juzgados de lo Social en Alicante y otro en Elche; un cuarto juzgado de Menores en Alicante que al igual que los otros daría servicio a toda la provincia; un juzgado de lo Penal en Alicante (el número 11) que permitiría que dos de estos órganos judiciales pudieran especializarse en enjuiciar asuntos de violencia de género; un quinto juzgado de lo Penal de Orihuela pero con sede en Torrevieja que estaría especializado en ejecutorias; dos juzgados de Instrucción en Dénia y Torrevieja; mientras que además de los juzgados civiles antes citados para Alicante, se reclaman otros de esta jurisdicción para Benidorm, Dénia y Orihuela, así como Elche donde serían necesarios otros dos más. Por último se piden dos juzgados mixtos (que instruyen tanto causas civiles como penales en las zonas donde no se han separado estas jurisdicciones) en Alcoy y San Vicente. En cuanto a la Audiencia Provincial se piden refuerzos de un magistrado más para cuatro de las secciones civiles, así como otro para la sala que asume las causas por violencia de género.

Pilar de la Oliva señala que el número de causas que se han quedado sin resolver en los juzgados de la Comunidad Valenciana al cierre del año pasado aumentó en un 10%, a pesar de que la resolución de asuntos había mejorado un 1,5%. La bola ha seguido aumentando debido a que el aumento de asuntos en un 8,3% en la jurisdicción civil, de un 9,3% en Penal, aunque señala que en las jurisdicciones sociales y contencioso los pleitos han bajado. A pesar de las medidas de refuerzo llevadas a cabo, de la Oliva admite que "queda mucho por hacer. Es el momento de llevar a cabo profundos cambios ya que la realidad tecnológica y los cambios sociales exigen otro tipo de respuesta de un poder del Estado que está en el centro de la vida económica y social de un país". La presidenta del TSj subraya que "mientras no se aborde el cambio de modelo organizativo, que considero agotado, se hace necesario seguir creando nuevas unidades judiciales".