Alicante "perderá" 1,5 millones de ingresos al ceder el PP a la presión de Vox para bajar el impuesto a la construcción

Pese a que el objetivo inicial de la revisión de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) era una cuestión técnica, el PP de Luis Barcala ha cedido finalmente a la exigencia de Vox de reducir el tipo del gravamen. Al final se pasará del 4% previsto por el gobierno, el máximo que permite la ley, hasta el 3,25%, aunque la intención inicial de los ultras era conseguir una reducción de hasta el 2%.

La propuesta, que se ha votado este viernes en la Comisión de Hacienda, ha contado con los votos a favor de PP y Vox, frente a la abstención del resto de grupos municipales (PSOE, Compromís y EU-Podemos). La modificación de la ordenanza, incluyendo la rebaja del tipo, irá al pleno de septiembre, que se celebrará el 28 de septiembre.

Esta decisión choca con la propuesta defendida por los técnicos de Hacienda, que además en el informe de resolución de enmiendas se mostraban en contra de la alternativa registrada por Vox, que suponía una rebaja de los ingresos de unos 4,2 millones de euros. "Según informe de la Oficina Presupuestaria, desde el punto de vista presupuestario resulta inviable una propuesta que disminuye los ingresos municipales en la cuantía detallada (-4,2 millones de euros), toda vez que, por una parte, se ha apostado desde el punto de vista del gasto por un considerable incremento de las grandes contratas municipales en orden y atención a la prestación y mejora de los servicios básicos tales como limpieza viaria, recogida de residuos, transporte urbano, mantenimiento de parques y jardines y por otra, es necesario hacer frente -prosiguen los técnicos de Hacienda- igualmente con los ingresos previstos, a los incrementos en las retribuciones de personal establecidos legalmente, así como al incremento exponencial que viene experimentado tanto la energía eléctrica como los carburantes, y materias primas entre otros".

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El informe en el que se rechazaba la enmienda inicial de Vox por suponer una reducción en los ingresos añade: "Desde la óptica de los ingresos municipales, estos ya se vieron mermados de forma acentuada en su día por la Sentencia del Tribunal Constitucional, referente a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de [...] relativos al Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, efectos negativos desde el punto de vista de la recaudación municipal que se vienen agudizando desde entonces". Por todo ello, según los técnicos de Hacienda, la rebaja del tipo único al 2% "no se considera prudente dada la situación económica en la que nos encontramos". Finalmente, PP y Vox han pactado una reducción de los ingresos de 1,5 millones de euros al bajar el tipo del 4 al 3,25%.

La formación ultra ha aplaudido la decisión del PP. "Hemos logrado la rebaja del 18,75% del impuesto tras negociar en comisión con el Partido Popular lo que significa un ahorro de más de 1,5 millones de euros de ahorros para los alicantinos y las empresas, principalmente los autónomos y las pequeñas que son las que se quedan fuera de las bonificaciones. Pasar del 4% al 3,25%, situándonos así por debajo del tipo de gravamen del Ayuntamiento de València es un éxito encuadrado en las medidas que llevábamos en el programa. Vamos a seguir luchando para, en la medida de nuestras posibilidades y aun sin estar en gobierno, aplicar nuestras medidas para mejorar la vida diaria de los alicantinos", ha señalado el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, al término de una comisión que ha dado luz verde a una enmienda de EU.

El portavoz de la formación de izquierdas, Manolo Copé, no se ha mostrado a favor de la decisión de PP y Vox: "Nos preocupan las bajadas lineales de impuestos, nos parece clave la progresividad fiscal. Agradecemos, por otro lado, la aceptación por unanimidad de todos los grupos de la enmienda referida a las obras de adaptación de las personas con diversidad funcional que además ha visto incrementada en porcentaje de bonificación hasta el 90%", ha explicado Copé.

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Por su parte, la concejala Silvia Castell (PSOE) ha cuestionado la "alianza del PP con Vox para renunciar a ingresos por 1,5 millones de euros que, inevitablemente, se traducirá en la merma de servicios públicos". "El gobierno del PP se ha aliado con la ultraderecha y tendrá que explicar a los alicantinos y alicantinas qué recortes ejecutará a raíz de la bajada de impuestos. Lo que no cuenta Barcala es cómo va a afectar esa reducción de ingresos al presupuesto de una ciudad que arrastra tantas carencias en materia de infraestructuras y de servicios para la ciudadanía”, ha señalado la edil Silvia Castell, quien ha explicado que con la modificación prevista inicialmente por el gobierno del PP se actualizaban los porcentajes para equipararlos a la normativa estatal, fijándolos en un 4% y generando 158.000 euros más de ingresos". Sin embargo, según la edil, "ahora se perderán 1,5 millones de euros. Hemos pasado de una modificación puramente técnica a una modificación de carácter político. Es incongruente que el concejal de Hacienda advierta de que hay que destinar más fondos a los servicios de transporte y de limpieza, a la recogida de residuos por la renovación de las contratas, o a actualizar salarios con base en el IPC y que, acto seguido, ofrezca a Vox bajar impuestos", ha lamentado la socialista.

Por último, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha defendido que su grupo "a pesar del resultado de la comisión, continuará proponiendo y apostando por una fiscalidad justa, verde y progresiva". "Debemos avanzar hacia la transición energética y buscar todas las fórmulas posibles para bonificar la rehabilitación de viviendas, residenciales, no vacacionales, de más de cincuenta años con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, tal y como habíamos planteado en las enmiendas", ha finalizado Mas.