Polémica por un "protocolo" de la Policía Local de Alicante frente a ataques terroristas

¿Un borrador de protocolo antiterrorista en un cajón del Ayuntamiento de Alicante? Este asunto será uno de los que se aborde en el pleno ordinario de octubre, que se celebrará este jueves. Vox preguntará por un documento que se elaboró en 2021 del que, según apuntan, nada se sabe desde entonces. "Existe un borrador realizado por agentes de la Policía Local que recibieron formación específica en respuesta técnica y táctica a atentados terroristas. Se cumplimentó e incluso llegó a tener el visto bueno -según la formación ultra- del Departamento de Formación del Ayuntamiento de Alicante, pero Jefatura de Policía Local nunca llegó a aplicarlo", señala el partido, que añade: "Quedó guardado en un cajón y perdiéndose así un elemento valioso para responder a las amenazas que son hoy más candentes que nunca".

Al respecto, Vox formulará una pregunta al equipo de gobierno liderado por Luis Barcala sobre si "tiene preparado el equipo de gobierno municipal un protocolo específico para la Policía Local de Alicante para responder eficazmente a las amenazas terroristas islamistas recibidas por España en las últimas semanas". Cuestionado el ejecutivo local, fuentes del entorno del concejal de Seguridad, Julio Calero (comisario en excedencia de la Policía Local), explicaron que el asunto se abordará en pleno, por lo que el edil "no es partidario de pronunciarse antes de esa sesión".

El documento surge cuando dos agentes de la Policía Local acudieron en 2019, en delegación de la Jefatura y en representación del Cuerpo de Seguridad municipal, a un curso promovido por la Policía Nacional de instructores en intervenciones AMOK, vinculadas a acciones terroristas. Se trata de aquellas actuaciones policiales en respuesta a "personas que matan indiscriminadamente o con ánimo de hacerlo". Esta nomenclatura hereda -según el texto elaborado- los procedimientos de trabajo ya establecidos previamente para casos de "tirador activo" y el cambio léxico pretende "hacer extensivos estos protocolos a situaciones de múltiples víctimas donde ya en ocasiones, no se producen mediante la utilización de armas de fuego y se llevan a cabo con explosivos u otros medios de más fácil adquisición, como puede ser un vehículo o un cuchillo entre otros".

Tras la presentación de un informe previo, los agentes del GOIR elaboraron un protocolo "en aras a establecer unos criterios básicos de actuación ante situaciones de tipo AMOK" teniendo en cuenta que las competencias en seguridad ciudadana están en manos de la Policía Nacional. Ese documento, sin embargo, nunca llegó a aprobarse, por lo que no fue difundido entre el resto de agentes de la Policía Local.

En ese borrador, según se explica, "pretende seguir la intención clara de la Dirección General de la Policía de crear un protocolo común y homogéneo a nivel nacional que facilite la intervención simultánea de diferentes cuerpos policiales unificando las acciones policiales para solventar la situación producida si bien se han añadido o modificado alguna de las pautas de trabajo recibidas, para mejorar la capacidad de supervivencia de los agentes y elevar el grado de efectividad de los intervinientes tratando de mantener una compatibilidad con lo aprendido". También se tienen en cuenta procedimientos y criterios de otros protocolos de seguridad, así como lo aportado por otras policías, como la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra.

Ámbito sanitario

El protocolo en cuestión "no incluye solo técnicas policiales técnicas o tácticas, sino que se hace extensible también al ámbito sanitario, habida cuenta de que durante la duración de un suceso de estas características, los intervinientes no han de ser personal no armado, dejando así el peso de los primeros tratamientos a las víctimas en manos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que vayan accediendo al lugar", según recoge el documento, donde se subraya que "el tiempo de respuesta es muy importante en este tipo de sucesos, ya que la media de duración de los mismos es de unos ocho minutos".

El documento, además de cuestiones sobre el nivel de alerta, apunta que "una vez que llega la policía, los sujetos activos suelen centrar su atención en las unidades que se despliegan en el lugar, evitando así que aumente el número de bajas civiles, por ello es muy importante el uso de sirenas, tratando con ello de focalizar la atención sobre la policía, a la que se le supone una mayor capacidad para defenderse".

El personal desplazado al lugar del hecho, según los expertos, "ha de ser personal armado o protegido siempre por este. No se desplazarán unidades formadas por personal interino, o en su caso, que no porten armas de fuego".

También se indica que "durante el desplazamiento a la zona de conflicto y mientras no exista una neutralización de la amenaza, no se atenderá a las víctimas y se centrarán los agentes en la localización del agresor".

Críticas por la flota de vehículos

El portavoz del grupo municipal de Compromis, Rafa Mas, anunció este lunes que solicitará por registro la documentación de los vehículos municipales, en especial los policiales, al preguntarse "cómo pueden pasar la ITV en el estado en que se encuentran". "Sabemos que el 80% está para renovar. El gobierno de Barcala lleva anunciando cuatro años la compra de vehículos pero éstos nunca llegan", ha señalado Mas, quien Mas concluye que "la partida de vehículos es insuficiente". "Al no haber presupuesto no podemos hacer compras. Tenemos serias dudas de que estos coches pasen la ITV. Desde Compromís apostamos por una fórmula mixta de renting y compra de vehículos. Al no tener presupuesto aprobado este año se hace aún más difícil que los coches se renueven de urgencia", añadió el edil de Compromís, desde donde señalaron que solicitarán por escrito al concejal de Seguridad, Julio Calero, "los informes que acreditan que esos vehículos reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiénico-sanitarias, además del informe técnico municipal que detalle el presupuesto los arreglos aplicados a los vehículos y la partida económica para su renovación".

A principios de 2020, el Ayuntamiento de Alicante presentó las nuevas unidades de la flota de la Policía Local, financiadas a través de inversiones sostenibles de los últimos tres años. En total, se incorporaron 68 nuevos vehículos, con una inversión total de 1.297.333 euros.

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