Educación defiende el distrito único que permite a las familias la libre elección de centro escolar

El distrito único “garantiza la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, elimina barreras geográficas, promueve la diversidad en las aulas y facilita la movilidad social”. Así defiende el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, el proyecto que regula el proceso de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en las tres provincias de la Comunidad, presentado este jueves a los sindicatos en la mesa sectorial.

La fórmula de distrito único, que fue suprimida por el anterior gobierno del Botànic en 2016, "permite a las familias elegir centro educativo" frente al criterio actual de obligatoria zonificación por el que el alumno es asignado a un centro del área donde la familia está empadronada. De este modo se pasa a un sistema en el que, manteniendo la proximidad del domicilio como criterio, este disponga de un menor peso, "de manera que las familias tengan la opción de elegir libremente el centro que se ajuste a sus intereses y convicciones, y asimismo tengan opciones reales de poder acceder", argumenta el texto proyectado en su preámbulo.

En concreto, la norma prevé la existencia de áreas de influencia (conjunto de direcciones catastrales que se atribuyen a un centro docente); y áreas limítrofes --zonas colindantes con el área de influencia--. Las primeras se establecerán siguiendo el principio de distrito único de localidad, de manera que abarcarán todo el término de un municipio. Excepcionalmente, las direcciones territoriales podrán determinar las localidades donde sea necesario establecer más de un área de influencia. Esta área de influencia podrá abarcar varios municipios, incluso de distinta provincia.

Se dará mayor peso de las circunstancias familiares en la baremación y la asignación de un punto que podrán aplicar los centros de acuerdo a "criterios objetivos" y que serán "revisados" son algunas de las "grandes novedades" que presenta el proyecto de nuevo decreto de admisión de alumnos para el curso 2024-2025 que prepara la Conselleria de Educación.

La intención de la administración es "permitir una mayor libertad de elección de las familias" respecto de las escuelas a las que pueden optar, porque ahora "muchos alumnos no estaban en igualdad de condiciones con otros al encontrarse en distritos donde hay menos centros docentes para escoger". "Los cambios facilitan que sean las familias las que elijan los centros", según el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy.

La justicia obliga a Educación a volver a adjudicar 7.555 plazas docentes

"La Comunidad Valenciana da un paso trascendental hacia la equidad educativa y la eficiencia administrativa con la presentación de un nuevo decreto que redefine el proceso de admisión de alumnado", ha manifestado el director general, que recalca que el objetivo es que las familias “puedan elegir el centro educativo que consideren más adecuado, y por eso optamos por la implementación de un sistema de zona única, dejando atrás el enfoque previo basado en zonificación”.

“Este cambio estratégico responde a las limitaciones evidenciadas por el actual modelo de admisión, que ha afectado la libertad de elección de las familias y la inclusión efectiva de todo el alumnado en el sistema educativo”

Jorge Cabo

— Director general de Centros Docentes

“Este cambio estratégico responde a las limitaciones evidenciadas por el actual modelo de admisión, que ha afectado la libertad de elección de las familias y la inclusión efectiva de todo el alumnado en el sistema educativo”, ha señalado. En su opinión, la delimitación zonal, “a pesar de su estructura, ha dado lugar a situaciones desfavorables para las familias que, aun residiendo en las cercanías de centros educativos, no pueden acceder a ellos debido a las restricciones geográficas impuestas por la zonificación”.

“Con el propósito de superar estas limitaciones, el nuevo decreto busca otorgar menos peso al criterio zonal y permitir que las familias elijan libremente el centro que mejor se ajuste a sus intereses y convicciones”, ha manifestado.

Simplificación burocrática

Este cambio en el paradigma de admisión se traduce en "la simplificación del proceso, reduciendo la carga burocrática tanto para los centros educativos como para las familias".

El enfoque en el proceso de admisión se modifica y quedará dividido en tres fases: ordinaria, extraordinaria y continua. La fase ordinaria inicia el proceso estándar, la fase extraordinaria establece un procedimiento para la adjudicación de las plazas vacantes en el proceso ordinario, y la fase continua estará abierta durante todo el curso para atender escolarizaciones sobrevenidas, " asegurando así, un acceso flexible y continuo".

“La propuesta consolida un proceso de admisión exclusivamente telemático, pero asegurando el acceso a aquellas familias que no dispongan de medios electrónicos o conocimientos suficientes”, ha explicado Cabo.

El director general ha subrayado que la presentación de este nuevo decreto “refleja un firme compromiso con la construcción de un sistema educativo más equitativo, inclusivo y adaptado a las necesidades del siglo XXI. Esta transformación se presenta como fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes y para fortalecer la base de la educación en la Comunidad Valenciana”.

De este modo, la proximidad del domicilio donde resida el alumno se valorará del siguiente modo: 10 puntos para el alumnado cuyo domicilio familiar se encuentre en el área de influencia del centro; y 5 si el domicilio se encuentra en las áreas limítrofes al área de influencia del centro. En cuanto a la distancia del domicilio laboral al centro docente, serán 7 puntos si está en el área de influencia y 3 en áreas limítrofes.

Cuando los padres vivan en domicilios distintos, se considerará como domicilio familiar del alumnado el de la persona que tenga atribuida la custodia legal del mismo. En los casos en los que se haya acordado la custodia compartida del alumnado, se valorará el domicilio en el que esté empadronado.

En cuanto a los hermanos, se adjudicarán 15 puntos por cada uno de los que estén matriculados en el centro solicitado. Igualmente, se asignará esa puntuación si en la unidad familiar residente en el mismo domicilio existe alumnado en situación de acogimiento familiar o en guarda. Tendrán la consideración de hermanos las personas que, no compartiendo progenitores, residan en el mismo domicilio y formen parte de la misma unidad familiar, existiendo entre los progenitores de ambos vínculo matrimonial o unión de hecho formalizada legalmente.

“El decreto refleja un firme compromiso con la construcción de un sistema educativo más equitativo, inclusivo y adaptado a las necesidades del siglo XXI"

Jorge Cabo

— Director general de Centros Docentes

El alumnado nacido de parto múltiple se valorará adjudicando 1 punto adicional a la solicitud de admisión por cada hermano nacido en el mismo parto. Siempre que lo soliciten los familiares, las solicitudes del alumnado nacido de parto múltiple podrán agruparse para su tratamiento como una solicitud. Esta solicitud agrupada ocupará tantas vacantes como nacidos del parto múltiple haya. Además, si uno o ambos padres del menor solicitante trabajan en el centro, se valorará con 7 puntos.

El borrador también contempla 4 puntos para personas destinatarias de la renta valenciana de inclusión y para la valoración de la renta per cápita de la unidad familiar se tendrá en cuenta el Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) para dar puntos que oscilarán entre los 3,5 y los 2 puntos de acuerdo a los ingresos.

Familias numerosas

La condición legal de familia numerosa contará 3 puntos y la de categoría especial con 5 puntos, mientras que ser familia monoparental general se valorará con 3 puntos y la de categoría especial con 5 puntos.

Se asignarán 4 puntos cuando exista una discapacidad de entre el 33% y el 64 % en el alumno o alumna. Cuando sea igual o superior al 65%, se otorgarán 7 puntos. También se atenderá a casos de discapacidad de padres y hermanos.

El proyecto recupera la posibilidad de que cada centro pueda asignar 1 punto al alumnado en quien concurra circunstancia específica determinada por el consejo escolar, en el caso de los colegios públicos, o por la titularidad de los centros privados concertados. En este sentido, McEvoy ha subrayado que los criterios deben ser "objetivos" y "serán revisados".

El objetivo, añade el representante de la conselleria que dirige José Antonio Rovira, es que "los centros concertados estén, en la medida de lo posible, en las mismas condiciones que los públicos a la hora de poder ser elegidos y sean las familias, muy al contrario de lo que se nos critica con este tipo de medidas, las que elijan".