El TSJ obliga al Ayuntamiento de Alicante a pagar 268.903 euros a dos entidades por subvenciones impagadas en 2018 y 2019

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha obligado al Ayuntamiento de Alicante a saldar la deuda que arrastraba con dos entidades del ámbito social, Fundación Red Atención Integración Sociolaboral (RAIS) y Asociación Provivienda, por el impago de subvenciones relativas a 2018 y 2019, que en total rondaban los 270.000 euros. Para hacer frente a ese pago, la Junta de Gobierno ha aprobado este viernes, en una reunión extraordinaria, autorizar el gasto con cargo a la partida de subvenciones de Inserción e Inclusión Laboral.

Así se da carpetazo a un asunto que se puso en el foco a mediados de 2020. Entonces, el proyecto Housing First en Alicante, encaminado a sacar de la calle a sintecho y que nació en la etapa del tripartito de izquierdas, fue enterrado por el ejecutivo municipal, en manos del PP y Ciudadanos. Y todo por las supuestas irregularidades detectadas por Intervención municipal, lo que llevó a la Junta de Gobierno local en su día a desestimar el intento de la Asociación Provivienda y de la Fundación de Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral de suscribir los convenios y cobrar las subvenciones nominativas relativas al proyecto de los años 2018 y 2019, que entre ambas rondan los 270.000 euros.

En el acuerdo aprobado en esa reunión de la Junta de Gobierno de mayo de 2020 se explicaba que Alicante se unió al proyecto en enero de 2018, al firmarse un primer convenio para la erradicación del sinhogarismo con un coste de 15.700 euros. Posteriormente, los Presupuestos de 2018 y 2019 previeron subvenciones de 128.000 y 139.000 euros respectivamente para la continuidad del proyecto social en la ciudad.

Sin embargo, en 2018 se detectó un escollo que derivó en la finalización de la iniciativa en Alicante: la posibilidad de conceder la subvención de 2018 dependía de la correcta justificación de la otorgada en 2017 con mismo propósito, tal y como señala la Ley de Subvenciones. "Algo que estaba pendiente", según un informe, que subrayaba que la justificación de esa ayuda se convirtió a partir de ahí en el principal problema para la tramitación de las siguientes subvenciones.

El interventor, en sucesivos informes realizados entre 2018 y 2019, detallaba la falta de justificación de ese dinero relativo a 2017, añadiendo que se habían "detectado costes indirectos imputados que no estaban debidamente justificados". El alto funcionario explicaba que las entidades intentaron solventar el escollo con la aportación de documentación. Sin embargo, no lo consiguieron, al menos en ese momento. Así, a mediados de 2019, ambas entidades registraron un escrito en el Ayuntamiento pidiendo la firma de los convenios y el pago de las subvenciones, alegando que el programa de 2018 "se había ejecutado" y que el de 2019 "estaba en proceso de ejecución".

¿Por su cuenta y riesgo?

Además, las entidades no sólo pedían el pago de 128.000 euros de 2018 y 139.000 euros de 2019, sino también los intereses de demora. Este hecho, se llegó a remitir a Servicio Jurídicos, que lo devolvió alegando que "no era de su competencia". En posteriores escritos, las dos asociaciones subrayaron "el grave perjuicio económico" por no percibir el dinero relativo a los años 2018 y 2019. En el acuerdo de gobierno aprobado hace ahora más de tres años se incidió en que "la mera previsión en el presupuesto de una subvención nominativa no confiere derecho alguno a su obtención". En esa línea, además, se subrayaba que si las entidades "siguieron con su actividad lo fue por su cuenta y riesgo pues, más allá de la previsión presupuestaria, no existía convenio alguno con el Ayuntamiento que sustentase su actitud y su voluntad de proseguir con el programa".

Esa negativa a hacer frente al pago de las subvenciones de 2018 y 2019 acabó en los tribunales. La Fundación Red Atención Integración Sociolaboral (RAIS) y Asociación Provivienda interpusieron demanda contra el Ayuntamiento de Alicante, frente a la resolución de fecha 5 de mayo de 2020, por la que se desestimaba su reclamación previa, solicitando que se dictara sentencia que dejara sin efecto la resolución recurrida por no ser conforme a derecho, y se procediera al abono de las cantidades objeto de las subvenciones directas correspondientes al año 2018, por la cantidad de 129.706 euros, más intereses legales, y al año 2019, por importe de 139.197 euros más intereses legales, más costas.

La demanda interpuesta fue turnada al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante, que estimó el recurso contencioso-administrativo , reconociendo a las demandantes su derecho al percibo de la cantidad solicitada.

Frente a esta sentencia del juzgado, el Ayuntamiento de Alicante interpuso un recurso ante el TSJCV, que fue desestimado. Así, el Ayuntamiento de Alicante fue condenado a hacer frente a la deuda y además al pago de las costas, hasta el límite máximo de 800 euros. Ahora, más de tres años después de que surgiera el conflicto entre las partes, el gobierno se ha visto obligado a pagar las subvenciones de los años 2018 y 2019.