Una mujer presenta una querella por la desaparición de su hermana en el Hospital de Alicante en 1962

El abogado de la ilicitana María José Picó pide al juzgado de Instrucción que investigue los robos de bebés durante la dictadura, que consideran crímenes de derecho internacional

María José Picó, la mujer que presenta la querella por la desaparición de su hermana en el Hospital de Alicante

María José Picó, la mujer que presenta la querella por la desaparición de su hermana en el Hospital de Alicante / Héctor Fuentes

J. Hernández

J. Hernández

La ilicitana María José Picó ha presentado una querella criminal por "robo de bebés"durante el franquismo, una etapa en la que "un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, simulándose su fallecimiento y ocultándose su apropiación o desaparición forzada", según se ha expuesto al darse a conocer la iniciativa judicial para que se investigue la desaparición de su hermana melliza en el Hospital General de Alicante, donde ambas nacieron en 1962.

La querellante y presidenta de la Asociación de Víctimas de Alicante Bebés Robados y Adopciones Irregulares (AVA) está respaldada por el abogado de CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), Jacinto Lara Bonilla, quien confía en que el juzgado de instrucción admita a trámite la querella e inicie los procedimientos de investigación. También han asistido a este acto en la Sede Universitaria de Alicante Roberto Tárrega, de Amnistía Internacional; Llum Quiñonero Hernández, representante de Plataforma de suport a la Querella Argentina-País Valencià; y Soledad Luque Delgado, representante del área de bebés robados de CEAQUA.

Según explica la coordinadora, miles de familias biológicas de estos bebés siguen sin saber su paradero a día de hoy. "Este crimen se desarrolló durante décadas por motivos de represión política, ideológica, moral, religiosa, y de género. Los niños y niñas que fueron robados continúan desaparecidos y siguen hoy despojados de su identidad".

Crímenes contra la humanidad

María José Picó ha interpuesto esta querella criminal por delitos de detención ilegal, secuestro con desaparición, falsedad, crimen de desaparición forzada, y "todo ello en un contexto de crímenes contra la humanidad", debido a la desaparición de su hermana melliza en marzo de 1962 en el Hospital General de Alicante.

Según ha explicado, sus padres nunca vieron el cuerpo de la niña supuestamente fallecida, y en las investigaciones realizadas por Fiscalía en 2012 nunca se encontraron restos de ADN.

Este viernes en Alicante ha relatado que en marzo de 1962 su madre fue derivada por su ginecólogo de Elche a dar a luz al Hospital de Alicante y nacieron dos niñas mellizas. "Del paritorio mi madre pasó a la habitación, donde estaba sola porque no permitían quedarse a ningún familiar. Las bebés pasamos al nido, donde los padres no tenían acceso y nos llevaban dos veces al día a la habitación para la lactancia. El segundo día a las doce de la noche entró una monja y le dijo a mi madre que una de las niñas estaba malita, que se quejaba mucho. A las cuatro de la madrugada entró otra vez la monja y le dijo que la niña había fallecido heladita de frío".

La querellante señala que el padre fue a hablar con el médico y que este "le dijo que comprara una caja de madera y no fuese a la funeraria para ir más rápido. Pidió una caja en una tienda de ultramarinos, la entregó y se la devolvieron claveteada supuestamente con la niña dentro. Le dieron un papel para que fuese rápido al cementerio de Alicante donde le esperaba el enterrador. Cogió un taxi, efectivamente allí le esperaban y la enterraron en la fosa común".

El abogado de la querellante interviene en el acto celebrado en la Sede Universitaria de Alicante

El abogado de la querellante interviene en el acto celebrado en la Sede Universitaria de Alicante / Héctor Fuentes

No vieron el cuerpo

Picó ha destacado que nunca dejaron ver a sus padres el cuerpo de la bebé ni les permitieron ir a enterrarla en Elche, de donde son originarios. "Por la mente de mis padres nunca pasó que a su hija se la podían haber robado, lo creyeron porque un médico y una monja se lo habían dicho. Pero cuando en 2012 se empezó a hablar de esto, a los dos les vino la imagen y vieron claramente que podía haber sido un caso de bebé robado".

La mujer ha descrito los pasos que dieron buscando documentos: la historia clínica de su madre, de la que no encontraron datos. Les dijeron que la riada se había llevado muchos papeles. Fueron al registro y no encontraron rastro del nacimiento ni de la defunción de su hermana, ni siquiera en el legajo de abortos; mientras que en la licencia de enterramiento no aparecía el nombre del médico, solo el de su padre, en "un montón de irregularidades y falta de trasparencia". En la partida de nacimiento de María José sí aparece que nació en el Hospital de Alicante.

Asimismo, ha explicado que fueron a la Fiscalía de Menores pero tras ordenar dos exhumaciones sin hallar a la menor (el ADN de unos restos hallados en la fosa no se correspondían con la familia) el caso fue archivado, por lo que ha sido crítica con "la falta de interés de la Justicia".

Acusación

En la querella presentada, la familia no solo pone los hechos en conocimiento del juzgado, también se erige como acusación particular al entender que se trata de una desaparición forzada en contexto de lesa humanidad y por tanto que no prescribe, por lo que ha animado a otras familias a querellarse.

La iniciativa es impulsada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina "en la lucha por el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes de derecho internacional impunes, no investigados ni enjuiciados en el Estado español".

Trama criminal

El abogado Jacinto Lara ha incidido en que "se ejerce la acusación contra todas las personas que puedan ser responsables en el contexto de crímenes contra la humanidad y de derecho internacional en concurso con la detención ilegal, la sustracción de menores y la falsedad de documentos, y en el contexto de un ataque generalizado contra la población civil dirigido a mujeres con determinados perfiles. Respondía a una trama criminal porque indudablemente nos encontramos ante crímenes de derecho internacional cometidos durante la dictadura", ha insistido.

Asimismo ha criticado la capacidad de respuesta del Estado español para facilitar la investigación y el enjuiciamiento de estos casos, y ha pedido más implicación a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial después de que la Fiscalía archivase este caso sin agotar las diligencias.