Santa Pola rescata la piscina cubierta e invertirá más de tres millones para abrirla

El Ayuntamiento de Santa Pola rescata el complejo deportivo con piscina cubierta para reflotarla por más de tres millones de euros. La administración local tiene vía libre para rehabilitar el inmueble tras años de pleitos y casi tres lustros de abandono, y ya prepara los pliegos para redactar el proyecto con el que se finalicen las obras que las empresas dejaron a medias. 

La administración local puede dar este paso después de haber pagado los más de 1,5 millones que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le exigía para liquidar el contrato por los trabajos ejecutados por el conjunto de mercantiles que, a cambio de las obras, iban a gestionar el espacio por varias décadas. 

Según señala la alcaldesa, Loreto Serrano, durante estos últimos años han tratado de buscar inversores interesados en acabar las instalaciones y explotarlas, sin éxito, por lo que finalmente las obras correrían a cuenta de las arcas municipales. 

Ver el estado actual

Si bien, antes de la ejecución los técnicos van a preparar un informe en el que se detalle el estado estructural de las instalaciones de la calle Albacete, explica la primera edil, teniendo en cuenta que con el paso de los años han ido anotando desperfectos. 

Después se sacará a licitación la redacción del proyecto de rehabilitación y finalización de trabajos, para el que hay una consignación presupuestaria de 270.000 euros, señalan fuentes municipales. 

Macroproyecto

No han trascendido cuáles son los tiempos que se marcan para adjudicar la empresa que redacte el ambicioso proyecto, que tendría un coste por más de tres millones, según las primeras estimaciones. Este importe representa más de la mitad de lo que iba ser en origen aquel megaproyecto de 4,7 millones con piscina de 25 metros, balneario, cafetería y hasta escuela infantil que se prometía para la villa marinera en unos inicios, y que quedó reducido a un espacio cerrado y ruinoso desde 2009 al que nadie ha podido acceder, excepto los gatos que deambulan durante el día entre montones de escombros y material de obra, que durante años quedó sobre la zona y que nunca se utilizó para culminar unas instalaciones que estaban ya al 82% de ejecución.

Si bien, estos cálculos del actual equipo de gobierno, del PP, también sobrepasan la estimación que hizo el anterior gobierno cuatripartito (PSOE, Podemos, IU y Compromís), que trasladó a este diario en 2019 que costarían 1,4 millones los trabajos pendientes, más otros 400.000 euros por el deterioro producido por el abandono y vandalismo. 

Si bien, esta cuantía era en base a un informe de tasación de 2014, por lo que el millón de euros de más que ahora sopesa el Ayuntamiento podría deberse también a la actualización de los nuevos precios de los materiales tras las subidas por la inflación. 

Buscar financiación

Tal y como manifiestan desde el ejecutivo local, la inversión podría ser afrontada por el propio Ayuntamiento, aunque pretenden buscar líneas de financiación. 

En cuanto al espacio, se mantendría la esencia original del proyecto pero adaptado a los nuevos tiempos y a las normativas actuales de eficiencia y sostenibilidad. La piscina cubierta se acompañaría de equipamientos básicos como vestuarios, y podría tener salones, jardín y cafetería, aunque las instalaciones definitivas vendrán detalladas en el proyecto. En cuanto a la gestión, podría ser público privada, según estas mismas fuentes. 

Litigio

La localidad ha dejado atrás un litigio que se inició hace ahora una década entre el Ayuntamiento y las empresas que se alargó con varios recursos. Las obras se paralizaron en 2009 cuando una de las mercantiles que formaban la UTE entró en concurso de acreedores. No fue hasta 2013 cuando la administración decidió rescindir el contrato, con lo que esos cuatro años supusieron en cuanto a la situación de desgaste del inmueble. 

Incluso al principio del proceso judicial el magistrado del juzgado de Elche apuntó que la administración «incurrió en negligencia, a la vista de la tardanza en hacer los debidos requerimientos a la entidad concesionaria y tardar más de seis años, desde la fecha en que tuvo conocimiento de la paralización de las obras, en resolver el contrato».