Johnson estudiará un plan de Aptur para perseguir los apartamentos ilegales

Un plan de actuaciones reales contra el intrusismo en el segmento de los apartamentos turísticos. Eso fue lo que le pidió la patronal de este sector, Aptur, a la consellera de Turismo, Lola Johnson en el transcurso de una reunión que ambas partes celebraron el pasado lunes por la tarde. El plan, que Johnson se comprometió a estudiar, pretende sobre todo la creación de herramientas que tengan una utilidad real a la hora de detectar aquellas plazas que no se encuentran regladas y que por lo tanto no pagan impuestos, no garantizan al cliente un servicio de calidad y no dan trabajo. Esto es, hacer cumplir, no sólo en Benidorm sino en toda la Comunidad Valenciana, el reglamento de 2009 que la administración autonómica consensuó con la patronal del sector y que no se está aplicando.

Para ello, y según detalló ayer el presidente de Aptur, Sergio Gambi, será necesario que la Conselleria destinase personal específico para detectar aquellos apartamentos ilegales que se anuncian por las redes sociales. "Al menos uno o dos inspectores" detalló Gambi. Según el reglamento de los apartamentos turísticos, todas aquellas empresas o propietarios de inmuebles que promocionen por internet varias viviendas para el alquiler turístico están obligados a identificarse con su número de registro. Sin embargo, en la actualidad, muchos no lo hacen, simplemente porque no se encuentran en situación reglada. Los únicos propietarios o empresas que no tienen que registrarse son aquellos que promocionen una sola vivienda turística, pero aún así el reglamento sí que les insta a que declaren que no están registrados. De este modo, el cliente ya sabe a qué atenerse. Pero muchos tampoco lo declaran. Hace falta pues vigilar más el ordenador desde la Conselleria.

En el transcurso de la reunión, Johnson también se mostró dispuesta a negociar con el Gobierno Central, después de las elecciones del 20-N, una modificación en la Ley de Arrendamientos Urbanos, para que las viviendas turísticas sean excluidas de esa ordenación. Así, sería posible perseguir judicialmente y exigir responsabilidades a los propietarios de viviendas no regladas, que ahora se escudan en esa ley para asegurar que simplemente se limitan a ofrecer un alquiler de índole privado, cuando en el fondo es de carácter turístico.

Gambi insistió en los graves perjuicios de los apartamentos ilegales, cuyo pago en muchas ocasiones se realiza en el país de origen del turista, con lo que ese dinero ni siquiera entra en circulación en España. En Benidorm, el problema es grave: Aptur calcula que en agosto existen 400.000 plazas turísticas, de las que sólo 70.000 están regladas. El resto, o son de segunda residencia, o son ilegales.