El Ayuntamiento de Benidorm llevará la próxima semana a pleno la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria de la explotación del gimnasio y la piscina del Palau d'Esports, Gestkal XXI, que, como ya anunció la pasada semana este diario, se halla en preconcurso de acreedores. Así lo confirmó ayer el concejal de Deportes y Contratación, Miguel Llorca, quien avanzó que además el Ayuntamiento encargará a otra mercantil que se haga cargo del servicio mientras se realizan los trámites para sacar un nuevo concurso público.
El gobierno de Benidorm privatizó el pasado abril la gestión de ambas instalaciones por un periodo de diez años, a través de un concurso con el que la adjudicación fue a parar a Gestkal XXI. A cambio, la firma debía realizar obras de mejora en el gimnasio por valor de 160.000 euros y abonar un canon anual de 15.000 euros a las arcas públicas. Esta firma comenzó a gestionar la piscina y el gimnasio el 1 de junio, aunque desde un primer momento la oposición ya alertó de varios incumplimientos del pliego. Entre ellos, que la firma no había abonado la mitad de canon que tenía que pagar antes del verano en tiempo y forma, que había comenzado a operar sin tener licencia de apertura o que tenía nóminas pendientes con sus trabajadores.
La pasada semana, la mercantil comunicó al gobierno local sus dificultades económicas y propuso la rescisión del contrato de mutuo acuerdo, un trámite que se hará oficial en el próximo pleno. El edil de Contratación señaló además que ahora, para que el servicio del Palau no se vea perjudicado por esta situación, el Ayuntamiento dará provisionalmente la concesión a la empresa que quedó segunda en el anterior concurso, Osmobra, que deberá asumir tanto la actual plantilla como los abonos de los socios que se dieron de alta con Gestkal XXI.
Esta adjudicación tendrá carácter provisional y se prolongará mientras se redacta un nuevo pliego de condiciones para volver a abrir un procedimiento de concurso público, probablemente antes de Navidad.
El PP critica los incumplimientos
Por su parte, el grupo municipal del PP, a través del concejal Lorenzo Medina, reclamó ayer al ejecutivo que no devuelva a la empresa el aval de 50.000 euros que estaba obligada a depositar hasta que no abone todos los salarios pendientes con los trabajadores, que según afirmó no han cobrado desde el mes de julio. Medina afirmó, además, que la mercantil sigue sin haber abonado los 7.000 euros correspondientes a la primera parte del canon y criticó la «mala gestión» llevada a cabo por Llorca y Amor en este asunto.
