El Ayuntamiento de Benidorm va a intentar por todos los medios que la expropiación forzosa del suelo de El Moralet no grave en exceso el presupuesto municipal de cara a 2014. O dicho de otra manera, para evitar tener que pagar de una tacada el próximo año los cerca de 5,9 millones de euros que está obligado a abonar al constructor alicantino Enrique Ortiz y a su socio, Antonio Solana, como consecuencia de un auto dictado el pasado 4 de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, a raíz de un requerimiento presentado por la mercantil que ambos comparten: Iniciativas Comerciales de Benidorm (Incobe).
El gobierno local de Benidorm ha planteado al promotor establecer un calendario de pagos para hacer frente a esos cerca de 6 millones de euros en varias anualidades. Así lo confirmó ayer el concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, del CDL, que mantuvo una reunión con los dos empresarios para presentar esta propuesta e intentar llegar a un acuerdo beneficioso para las dos partes. Este acuerdo, no obstante, todavía no se ha producido. «Ahora van a estudiarlo y ya nos darán una respuesta», manifestó el edil.
De no alcanzarlo, el Consistorio debería abonar a Ortiz un total de 5.890.397,32 euros en cuanto el constructor presente un aval por esa misma cuantía, tal y como estableció el TSJ a principios del pasado mes. El monto de la indemnización representa el valor en el que el Jurado Provincial de Expropiación tasó los terrenos de Incobe en El Moralet -5.963.13,29 euros- menos los 72.773,97 que el Ayuntamiento proponía pagar por el suelo y serviría como garantía previa a la espera de conocer el pronunciamiento final de los tribunales, en los que ahora litigan Consistorio y promotor para que sea un juez de lo Contencioso-Administrativo quien fije la cuantía definitiva del suelo.
Catorce años después del PGOU
La negociación entre Ayuntamiento y Ortiz iniciada ayer para establecer un calendario de pagos con el que hacer frente a la expropiación forzosa de El Moralet es uno más de los capítulos del culebrón en el que se ha convertido este proceso expropiatorio, que procede del año 1990, cuando el Ayuntamiento de Benidorm calificó los terrenos que ahora son de Ortiz como suelo no urbanizable destinado a «servicios generales y parque urbano». Esta calificación obligaba al Consistorio a proceder a la expropiación en los cuatro años posteriores a la aprobación del Plan General. Nunca lo hizo. Y 21 años después, en noviembre de 2011, el empresario implicado en las tramas Gürtel y Brugal reclamó legalmente que los terrenos le fueran expropiados en un plazo de seis meses.
Hubo un primer intento fallido de llegar a un acuerdo compensatorio, liderado por el entonces edil de Urbanismo y ahora no adscrito, Juan Ángel Ferrer. Pero los liberales, que aún no eran socios de gobierno del PSOE, calificaron la permuta propuesta por Ferrer de «traje a medida» y obligaron al ejecutivo a dar marcha atrás.
A partir de ahí, Ortiz presentó ante el Consistorio en septiembre de 2012 una valoración del suelo exigiendo el pago de 47 millones de euros por los 345.000 metros cuadrados que afirma tener inscritos como propios. Frente a los 47 millones exigidos por Incobe, el actual concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, solicitó una nueva tasación, que redujo a 73.000 euros el precio del suelo. Esto es, 0,20 euros por metro cuadrado frente a los 136,95 que reclamaba Ortiz. Ante la discrepancia entre ambas partes, el caso llegó a manos del Jurado Provincial de Expropiación, que el pasado marzo fijó el precio del metro cuadrado en 17,06 euros. Así que, aplicado a los algo más de 320.000 metros cuadrados de superficie que realmente se le atribuye a Ortiz, arrojó un justiprecio de 5,96 millones.
Ayuntamiento y promotor, que no están de acuerdo con esta tasación, recurrieron ante los tribunales el precio fijado por el Jurado Provincial. Pero, mientras los jueces deciden, el constructor paralelamente presentó un recurso ante el TSJ reclamando el pago del valor fijado por el organismo de tasación , como «medida cautelar positiva de la ejecución del acuerdo del Jurado que ha sido recurrido, a fin de asegurar la efectividad de la sentencia».
Auto del Tribunal Superior
La Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó el 4 de noviembre un auto aceptando el recurso de Incobe, en el que obliga al Ayuntamiento a abonar de inmediato los 72.773,97 euros que el gobierno local proponía para expropiar los terrenos, sin necesidad de que el constructor presente ningún tipo de garantía.
Además, el Consistorio tendrá que abonar también 5.890.397,32 euros de diferencia hasta los 5,96 millones establecidos por el Jurado Provincial, en cuanto Ortiz presente un aval por esa misma cuantía. El aval servirá de garantía para que, en el extraño caso de que los tribunales finalmente establezcan que los terrenos cuestan menos de lo que estipuló el Jurado Provincial, el Consistorio pueda recuperar la diferencia. Ahora bien, lo que sí está claro es que el Ayuntamiento deberá hacer frente a ese importe. Lo que pretende ahora es no tenerlo que abonar de golpe en cuanto Incobe presente el aval, sino en varias anualidades, aunque falta por ver las condiciones que Ortiz y Solana establecen para ese calendario propuesto por el ejecutivo municipal.
