Leandro Dimangado, un argentino asentado en Benidorm desde hace nueve años, nunca pensó el largo camino judicial que tendría que emprender para recuperar a su hija. La menor, de 7 años, fue trasladada por su madre a Argentina hace más de cuatro meses, pese a que existía una orden expresa de un juzgado de Benidorm que le impedía salir del país llevándose consigo a la descendiente de ambos. Ahora, el padre ha reclamado la restitución de la niña mediante un procedimiento internacional, al considerar que la pequeña está retenida ilegalmente en este país iberoamericano, según el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

Los hechos se produjeron el pasado 12 de abril, cuando la mujer y su hija viajaron a Argentina sin que la madre hubiera comunicado previamente al padre esta situación. Días antes, el 27 de marzo, la pareja había obtenido una sentencia de divorcio, que daba la custodia a la progenitora pero establecía para ambos la patria potestad, según relató el afectado. En esta misma sentencia, el juez de Benidorm también hacía mención expresa a la prohibición de que la madre pudiera sacar a la niña del país, un hecho al que la mujer hizo caso omiso para establecerse días después en su país natal.

Tras intentar contactar con su hija durante varios días, el padre asegura que tuvo conocimiento de su nuevo paradero por la madre de una compañera del colegio. A partir de ahí, presentó una solicitud de restitución internacional ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, al entender que, además de la prohibición de salir del país, también se había incumplido el régimen de visitas contemplado en el divorcio.

Ante esta reclamación, el Tribunal de Familia de Rosario, en Argentina, dio la razón a Leandro y el pasado 18 de julio ordenó a la madre la restitución «inmediata y segura» de la niña a su residencia habitual en Benidorm, donde cursaba sus estudios y donde ha vivido desde su nacimiento, hace siete años, en el Hospital de La Vila.

En dicha resolución, a la que ha tenido acceso este diario, se recoge que «no existen dudas de que la niña ha visto modificado su centro de vida por voluntad unilateral de su progenitora» y que ante el tribunal ha afirmado que «quiere volver a España». Asimismo, destaca que la menor «permanece ilegalmente en la Argentina atento el visado y sello obrante en su pasaporte el que da cuenta de un ingreso transitorio por 90 días» que vencieron el 12 de julio. El abogado del padre, Victoriano García, explicó, no obstante, que esta resolución ha sido ahora recurrida por la madre y que están a la espera de ver qué concluyen los tribunales argentinos.

Apelaciones en curso

La abogada de la mujer en España, María Luz Martínez Escudero, afirmó a Efe que la madre no disponía en España de ingresos que le permitiesen pagar el alquiler de una vivienda ni mantener en condiciones adecuadas a su hija. Y, además, que en su país la mujer «tiene un trabajo y un piso en préstamo» y que su hija «está escolarizada y mantiene contacto directo con toda su familia». Asimismo, la letrada indicó también que su defendida tiene apelado el punto de la sentencia de divorcio en el que el juez no autoriza el cambio de residencia de la niña.

Por contra, el padre asegura que apenas puede comunicarse con la menor y, además, que la misma ha sido apartada de su núcleo de vida, sus amistades y su colegio, en lo que él considera «un secuestro en toda regla». Su abogado, Victoriano García, explicó a este diario que, además de la solicitud de restitución de la menor, también han recurrido la sentencia de divorcio, para pedir al juez que otorgue a ambos progenitores la custodia compartida, como se establece como regla general en la Comunidad Valenciana, salvo en procedimientos en los que uno de los progenitores esté inmerso en un caso de violencia.

Denuncia sin juicio ni medidas

Ahora bien, sobre el exmarido y padre de la niña pesa una denuncia por presunta violencia de género presentada por su expareja el 4 de noviembre de 2013, por unos hechos ocurridos en agosto de ese mismo año. No obstante, sobre este asunto aún no hay juicio ni sentencia, ni tampoco se aplicó en su día ninguna medida cautelar, aclaró García. De hecho, la mujer también requirió una orden de protección hacia ella que le fue denegada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Benidorm, al entender que «no se aprecia una situación objetiva de riesgo».