Piden una nueva normativa para las viviendas de alquiler turístico en Benidorm

Un estudio elaborado a lo largo de los dos últimos años por Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) recomienda a la Administración central la elaboración de un nuevo marco legal que regule el alojamiento turístico en las viviendas de alquiler.

También reclama a las administraciones autonómicas que proporcionen un conjunto de garantías mínimas de seguridad al turista.

De igual modo, expone la necesidad de que los ayuntamientos exijan una licencia de actividad económica a quienes presten estos servicios para "velar por el buen orden y control municipal", así como se fije una "zonificación" sobre las áreas donde se puede prestar este tipo de alojamiento.

El informe ha sido presentado hoy en el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invattur) en Benidorm con la presencia del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer; el diputado provincial de Turismo, Eduardo Dolón; el alcalde de Benidorm, Antoni Pérez, y representantes del sector turístico empresarial de la ciudad y la provincia de Alicante.

El estudio perseguía conocer los efectos de este tipo de oferta no reglada y, para ello, se analizaron doce ciudades, más de 120.000 viajes turísticos, y se realizaron entrevistas a responsables turísticos y cuestionarios a asociaciones de vecinos.

De todo ello, el informe concluye diez razones por las que se cree necesario un nuevo marco regulatorio.

El director de Estudios e Investigación de Exceltur, Óscar Perelli, ha expuesto esos motivos y ha indicado que se trata "de una nueva actividad económica de alquiler de cortas estancias muy diferente del tradicional arrendamiento de más larga duración".

En ese sentido, se sabe que ya hay 2,7 millones de plazas en viviendas de alquiler turístico, frente a los 2,4 millones de plazas regladas.

La rápida extensión de este "nuevo fenómeno de alquiler" está generando, según el estudio, "un preocupante deterioro en la calidad de vida y convivencia percibida por la ciudadanía".

Asimismo, esas viviendas "no atraen nuevos segmentos de turistas" y su gasto en términos de renta y empleo es "notablemente inferior al de los alojamientos reglados", según el informe.

Perelli ha afirmado que "ese turista paga menos en el alojamiento en alquiler y lo que ahorra no lo gasta de más en el destino".

Del mismo modo, el informe señala que una parte relevante de esa oferta "pertenece al ámbito de la economía sumergida" y "no está garantizada la preservación de los derechos del consumidor, tal y como lo está en el resto de alojamientos reglados".

El estudio pone el acento en la importancia cada vez mayor que están teniendo las plataformas P2P en la contratación de esta tipología.

De ellas afirma que "es un negocio cada vez menos particular y más profesionalizado y sustancialmente más lucrativo que los arrendamientos tradicionales".

Las plataformas P2P y los propietarios de las viviendas "no cumplen de manera generalizada" la regulación estatal ni autonómica, una regulación que tilda de "escasa", según el informe.

Todos estos motivos son los que llevan a Exceltur a recomendar el nuevo marco legal "y un posicionamiento más coordinado y común" para ordenar el fenómeno. Pero también a las comunidades autónomas a que establezcan "un conjunto de garantías mínimas de seguridad".

El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha lamentado que esta situación "se perciba como poco relevante, cuando no es así", y ha apostado por una reflexión "más profunda a nivel estatal".

Por eso, Zoreda ha demandado al Gobierno central que abandere la puesta en marcha de "una normativa más homogénea, porque se trata de un fenómeno con niveles de demanda creciente", y le emplazó a que "a la vuelta del verano proponga la convocatoria de una reunión con todos los secretarios de turismo para abordarlo".