El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha dado el visto bueno al despido de una trabajadora municipal y a la anulación de la jubilación parcial de un empleado del Ayuntamiento de Benidorm, que se ejecutó a través de un decreto de Alcaldía el 14 de agosto. Este caso se hizo público en varios medios de comunicación porque la trabajadora a la que se anuló su contrato era familiar lejana del exprimer edil socialista, Agustín Navarro. El CJC entiende que el Consistorio no tiene competencias para dictar una jubilación parcial, razón que lleva aparejada la nulidad del contrato que se hizo de sustitución. Además, dice que fue una contratación sin un procedimiento que la justifique. Navarro está de acuerdo con la parte de la jubilación pero «si hay un problema de procedimiento, debería aplicarse esa nulidad a todos los que han entrado con el mismo sistema», dijo.
