Los presupuestos municipales de 2016 prevén unos ingresos de 25,8 millones de euros

La ejecución de dos sentencias judiciales contra el Ayuntamiento de Altea, por un importe cercano a los ocho millones de euros, marcarán la falta de inversiones en los presupuestos municipales de 2016 que se aprobaron definitivamente por el pleno de la corporación municipal el pasado jueves tras resolver las alegaciones presentadas a los mismos, aprobados inicialmente en el pleno celebrado el pasado 17 de diciembre. Los presupuestos de este año, que arrojan un superávit de 417.171,18 euros con unos ingresos previstos de 25.829.680,35 euros y unos gastos de 25.412.509,17 euros, se aprobaron con los votos favorables de los partidos del equipo de gobierno formado Compromís, PSOE y Altea amb Trellat, más los del grupo CIPAL, que está en la oposición. El PP votó en contra.

El concejal de Hacienda, Pere Lloret, apeló a la prudencia "como uno de los principios rectores de estos presupuestos", pues en 2016 "afrontaremos una situación de incertidumbre provocada por las dificultades que deteriorarán gravemente la situación económica de Altea: la ejecución provisional de la sentencia del PAI del Río Algar que supondrá el reintegro al promotor (Construcciones Ballester) de los 6,6 millones de euros entregados en concepto del canon por la fallida urbanización, y la reclamación de 1.120.000 euros por los intereses de otra sentencia condenatoria del año 2011 relacionada con la construcción del Palau dels Esports". En este sentido, el edil destacó que "la primera, ya esperada, tiene su reflejo presupuestario en la dotación de 630.000 euros para asumir el pago de las cuotas de un futuro préstamo. Mientras que la segunda, completamente inesperada, no estaba prevista en el presupuesto". Por otro lado, entre los principales proyectos recogidos en los presupuestos de 2016 destaca la creación de una nueva línea de prestaciones individualizadas para discapacitados, por importe de 5.000 euros, y el incremento de 246.000 euros en la partida de ayudas al alquiler de vivienda, para garantizar la vivienda habitual a las personas en riesgo de exclusión social, entre otras causas, por motivo de desahucio.