Los hosteleros de Altea siguen en «pie de guerra» contra el Ayuntamiento por lo que consideran un «atropello» con actuaciones «de presión y en contra del sector» que genera «una situación desagradable» a raíz de la aplicación de las ordenanzas municipales de ocupación y uso de zonas públicas, aprobada a finales de 2008, y la reguladora de la tasa por ocupación de suelo en la vía pública aprobada en julio de 2002, y rectificada posteriormente en diciembre de 2012. Ayer por la mañana se concentraron más de 40 hosteleros en la plaza del Ayuntamiento para reunirse con el alcalde de Altea, Jaume Llinares, e intentar «que se paralice esta situación y que no se apliquen las sanciones que están recibiendo algunos establecimientos», según señaló el presidente de la Associació Hostalers per Altea (Hospal), Vicente Orozco. Los asistentes estuvieron esperando durante algo más de una hora, pero no fueron recibidos porque, según fuentes de la Alcaldía, «no hemos recibido ninguna solicitud para esta reunión, aparte de que el alcalde estaba reunido». Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Roc Ferrer, explicó ayer que el Ayuntamiento está aplicando la ordenanza «porque la situación que se había creado por parte de la mayoría de los hosteleros, que ocupaban en exceso la vía pública sin permiso, era insostenible. Nosotros estamos buscando el equilibrio para que el sector hostelero se mantenga y que los ciudadanos puedan transitar por la vía pública».
Orozco afirmó que desde la asociación que preside «hemos solicitado hasta en tres ocasiones una reunión con el alcalde, la última se presentó por registro el 17 de agosto y todavía no hemos recibido respuesta. Por esa razón es por lo que hoy hemos venido a hablar con él». Según el hostelero, este verano «la Policía Local ha actuado en algunos establecimientos durante las horas de máxima afluencia de clientes como si se tratara de una redada más que un control de cumplimiento de las licencias, que aún no se han concedido ni notificado, tanto en el espacio de ocupación como en las tasas a pesar de que a principios de año presentamos la solicitud de ocupación de vía pública». Y esa es una de las razones esgrimidas por Hospal para que el Ayuntamiento «anule las sanciones impuestas y mantenga las terrazas otorgadas en años anteriores». Vicente Orozco señaló que los hosteleros «pedimos que no se aplique la normativa ni que nos cobren de golpe el triple de la tasa», y aseveró que «estamos dispuestos a reunirnos con el Ayuntamiento para negociar el cambio de la normativa».
Voluntad
Según Ferrer, más de un 90% de los establecimientos «no cumple al cien por cien con la ordenanza, y ahora estamos regulando estas deficiencias». El concejal reconoció que en las anteriores legislaturas «ha habido falta de voluntad política» para ejecutar las ordenanzas que afectan a los hosteleros, pero que ello no era «excusa» para continuar igual. Ferrer afirmó que Altea «cobra la tasa más económica de los pueblos de la costa de las Marinas». Ferrer informó que «en Altea se cobra una tasa de 20,54 euros anuales por una mesa y cuatro sillas en las zonas del paseo marítimo y el casco antiguo. Y en esta misma categoría, L'Alfàs del Pí cobra 37,50 euros; Calp, 119,10 euros; Benidorm, 45 euros; y La Vila Joiosa, 24,04 euros».
