Imputados tres ediles de La Vila por las obras del ambulatorio de La Cala

El exalcalde socialista de La Vila Joiosa, Gaspar Lloret, la exconcejal de Sanidad, Pepa Llorca (PSOE) y el exconcejal de Hacienda (EU), José Carlos Gil, tendrán que declarar el próximo marzo ante el juez, en calidad de imputados, para explicar el procedimiento por el que se contrató la instalación de la electricidad y del aire acondicionado del ambulatorio de La Cala, el cual podría haber incurrido en una ilegalidad administrativa.

La exconcejal, Pepa Llorca, única de los tres imputados que ya no ejerce de representante en ningún grupo del consistorio vilero, explicó ayer que el importe total al que ascendían los contratos investigados sumaba unos 50.000 euros, «que fueron abonados íntegramente a las empresas que realizaron la obra». Añadió que «ambos expedientes cuentan con informes técnicos municipales de Secretaría y de Intervención, siendo aprobados en Junta de Gobierno».

El problema, según declaró, es que «en agosto de 2010 la Sindicatura de Cuentas solicitó al Ayuntamiento aclaraciones sobre los contratos y éste no los presentó, por lo que ahora los concejales tenemos que ir al juzgado a explicar el procedimiento y dar debida justificación».

Cabe recordar que las instalaciones citadas se ejecutaron para poder abrir el consultorio de La Cala, algo que no se produjo hasta un año después de la contratación de los trabajos, cuando ya había cambiado el gobierno tras una moción de censura. Y es que, aunque el proyecto fue anunciado como inminente por el gobierno popular anterior al cuatripartito, éste nunca regularizó el convenio con la Consellería de Sanidad para ponerlo en funcionamiento.

En este sentido, cabe recordar que fue el gobierno saliente, dirigido por el exalcalde José Miguel Llorca (quien renunció al acta tras conocerse que falseó durante décadas su identidad haciéndose pasar por médico), el que ordenó el inicio de las obras en un local que no era propiedad del Ayuntamiento, careciendo además los trabajos de consignación presupuestaria.

Con la difusión de esta imputación (notificada en diciembre) La Vila cierra una semana de escándalos en la que su Corporación ha tenido que aprobar una moción para investigar el patrimonio del Hospital Asilo, que podría haber sido objeto de un presunto expolio.