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¿Qué hacemos con el trile?

Jueces, fiscales, abogados y policías no se ponen de acuerdo en las medidas para atajar la popular estafa callejera, pero coinciden en las dificultades para su erradicación y en que es necesario acometer reformas legales para facilitar su persecución

Cuatro grupos formados por entre siete y nueve componentes son los que controlan el mundo del trile en Benidorm. Familias que viven exclusivamente de las ganancias de esta actividad. Casi siempre son las mismas personas y la Policía los tiene identificados, pero, cada vez que se actúa contra ellos, a los pocos días vuelven a estar en la calle ante las lagunas legales que existen para actuar contra ellos y que dan la sensación de que existe impunidad.

La agresión a un ciudadano británico que avisó a unos compatriotas de que les estaban estafando en una mesa de trile ha vuelto a levantar la alarma social contra esta lacra contra la que lleva años clamando el sector turístico, sin que hasta ahora se haya encontrado la solución. Este diario ha consultado a jueces, fiscales, abogados y policías sobre el problema del trile. Los consultados difieren a la hora de las soluciones, pero todos coinciden en que son necesarias reformas legales para atajarlo.

Según informaron fuentes de la Comisaría de Benidorm, con la Ley en la mano el trile no es delito, sino una actividad castigada con sanciones administrativas por el incumplimiento de la Ley 4/1988 que regula el juego en la Comunidad Valenciana y que supone la imposición de sanciones por parte de la Conselleria de Hacienda. Multas que suelen quedar en papel mojado porque los trileros se declaran insolventes y no tienen bienes a su nombre para garantizar el cobro. Solo hay camino para la vía penal cuando se comete otro delito, como el robo de carteras a los turistas o la agresión sufrida recientemente por un ciudadano británico. Agresión que la Comisaría ya está investigando de oficio, pese a que la víctima rehusó denunciar. Para la Policía, la vía iniciada por el juzgado de Instrucción número uno de Benidorm de imponer cautelarmente una orden de alejamiento a cuatro trileros de las principales zonas turísticas de la ciudad abre una oportunidad. Los agentes les dieron un listado de cuáles consideraban esas zonas de exclusión. «Sabemos que se pondrán en otro sitio, pero les tendremos alejados de las vías principales un tiempo», señalaron esas fuentes.

¿Delito de estafa?

El abogado penalista Francisco González, en cambio, considera que la orden de alejamiento no soluciona nada. «Tiene difícil encaje mantener la orden, cuando las víctimas del delito ya no están en la ciudad». El letrado entiende que el trile debería estar sancionado como un delito de estafa , «porque la víctima que se para en estas mesas de apuestas no tiene posibilidad alguna de ganar y hay un grupo organizado que se asegura que eso sea así». En este sentido considera que no se deberían contabilizar cada uno de los timos por separado, sino el perjuicio global causado a las víctimas de este delito.

En las mesas de trile, cada uno tiene una función. Está quien maneja el guisante retando al turista a acertar bajo qué recipiente se encuentra; los ganchos que simulan ganar apuestas para que la víctima pique y lo haga también; y por último, los aguadores, que dan el aviso en caso de que se aproxime la Policía.

Fiscales consultados por este diario señalaron que los trileros podrían ser acusados de un delito de estafa, pero admitieron que es muy difícil probarlo en el juicio. «¿Quién puede decir realmente que el guisante no está?», se preguntaban. «Una persona empezó a apostar y le dejaron ganar, para que siguiera haciéndolo. Llegó un momento en que decidió que ya había ganado suficiente y pretendió marcharse con sus ganancias. Los trileros no le dejaron y tuvo problemas», recuerda uno de los profesionales consultados por este diario.

Un magistrado que estuvo destinado varios años en Benidorm considera que la cuantía de las estafas cometidas «difícilmente puede superar los 400 euros, por lo que se trata de un delito leve, penado solo con multas». La vía que se estaba utilizando era la de acusarles de un delito de desobediencia. Sin embargo, la Audiencia de Alicante revocó la condena a uno de estos trileros al considerar que los hechos enjuiciados no tenían entidad suficiente para ser constitutivos de delito y procedía a su absolución, en una resolución que marcaba jurisprudencia y que echaba por tierra esta estrategia legal.

Reformas legales

Las fuentes consultadas señalaron que con la despenalización de las faltas había creado una laguna legal que complicaba a los municipios turísticos cómo combatir esta lacra. Por este motivo consideran que una posible solución sería de los ayuntamientos afectados a través de la Federación de Municipios y Provincias para instar a solucionar estas lagunas y la tipificación de un delito específico que pudiera amparar futuras condenas.

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