"Existen indicios de criminalidad", "no ha transcurrido el tiempo necesario para la prescripción" y se investigan tres delitos "de carácter grave". Estos son los tres argumentos en los que se sostiene la Fiscalía Provincial de Alicante para oponerse al cierre de las investigaciones sobre las supuestas contrataciones irregulares realizadas en el Ayuntamiento de Benidorm entre los años 2010 y 2012 y que habrían supuesto el desvío de más de 4,5 millones de euros del presupuesto municipal.
En la causa hay investigados dos exconcejales del PSOE, Juan Ramón Martínez y Natalia Guijarro, ambos ya fuera de la vida pública, así como seis funcionarios del Consistorio, alguno de ellos ya jubilado.
A todos ellos se les atribuyen supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en una causa en la que inicialmente también estuvo imputado el exalcalde socialista Agustín Navarro, ya totalmente eximido de toda responsabilidad tras su fallecimiento hace algo más de un año.
Los hechos objeto de la causa fueron denunciados por la Fiscalía, a raíz de una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB). Los mismos tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010, de los que al menos 43 habrían ido a parar a personas con vínculos familiares o políticos directos con el PSOE local, cuando el Gobierno central había prohibido taxativamente incrementar las plantillas para reducir la inmensa deuda que entonces tenían los ayuntamientos, así como la creación de 13 plazas fijas de funcionario de nuevo ingreso, cuando la tasa de reposición establecida por Ley permitía crear únicamente 3.
También, por la concesión de pluses, complementos y ascensos a funcionarios supuestamente afines desde finales de 2009 a 2012, entre otros hechos. La suma de todo ello generó un desfase presupuestario de 4,5 millones en el capítulo de Personal.
La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, que investiga los hechos, incoó el pasado diciembre un auto de procedimiento abreviado, la antesala de la apertura de juicio oral, contra los ocho investigados, la mayoría de los cuales recurrieron tal decisión mediante recursos de reforma pidiendo declarar prescrita la causa, salvo una de ellos que optó por el recurso de apelación al que también se opone Fiscalía.
En sus recursos esgrimían, entre otros asuntos, que los hechos ya habrían prescrito y que, por tanto, procedía el archivo de todas las investigaciones.
Frente a estos recursos, la Fiscalía Provincial de Alicante se ha opuesto ahora a esta petición, observando que no podría declararse la prescripción de los delitos atribuidos a los investigados "por no haber transcurrido el tiempo necesario" para el archivo, ya que la denuncia de Fiscalía fue presentada el 15 de octubre de 2013 y "no ha transcurrido el plazo de diez años".
Asimismo, los escritos del fiscal afirman que "existen indicios de criminalidad sobre los investigados" y que los presuntos delitos que se les atribuye "son de carácter grave", ya que se refieren a los supuestos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, que conllevan penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre 7 y 10 años.
La Fiscalía se alinea de esta forma con los argumentos esgrimidos por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos, que actúa como parte denunciante y que pide dirimir las posibles responsabilidades penales en el juicio oral.
Casi una década desde el inicio de la denuncia y aún sin juicio
Aunque el argumento de la Fiscalía es claro al apuntar que todavía no ha transcurrido el plazo necesario para declarar la prescripción de los supuestos delitos que se investigan, lo cierto es que la investigación sobre las contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de Benidorm durante la etapa socialista se ha eternizado demasiado en el tiempo. No en vano, hay que tener en cuenta que la denuncia de la Fiscalía se presentó de oficio el 15 de octubre de 2013, a raíz de otra presentada ante el Ministerio Fiscal por el Sindicato Profesional. Y aún hay más. Los hechos tuvieron lugar entre 2010 y 2012, hace más de una década; mientras que el principal investigado, Agustín Navarro, falleció en febrero de 2021.
Un desvío de 4,5 millones en plena crisis financiera
La causa de los supuestos «enchufes» tiene por objeto de investigación un desfase presupuestario de 4,5 millones de euros que se habría producido en mitad de la peor crisis financiera que ha vivido el Consistorio hasta la fecha. Según las investigaciones, en este desvío presupuestario supuestamente tuvo mucho que ver la firma de hasta 130 contratos temporales o de 43 plazas fijas de funcionario, cuando el Gobierno central había prohibido incrementar las plantillas por la crisis; o la concesión de pluses y complementos a trabajadores afines al PSOE.
