Cuarenta años después de que entrara en vigor el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Altea, el pleno municipal del mes de octubre ha aprobado, con los votos favorables de Compromís, PSOE, Altea amb Trellat y Ciudadanos, la versión final del Plan General Estructural de Altea para su exposición pública durante un plazo de 45 días que comenzará en esta primera semana de noviembre. El grupo municipal popular votó en contra por considerar que "es un Plan General restrictivo y con limitación de los derechos de los ciudadanos", según su portavoz Rocío Gómez.
El nuevo plan contempla, entre otras cosas, "la desclasificación de ocho millones de metros cuadrados del territorio municipal para proteger, principalmente, la Serra Bèrnia de nuevas construcciones, además de otras áreas con riesgo de inundación como Cap Blanc", según afirmó en el pleno el concejal de Urbanismo, José Orozco. Durante este mes y medio de exposición pública, los ciudadanos podrán estudiar el documento y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Una vez estudiadas, "y si no fuera necesaria ninguna nueva modificación, el Plan General se llevaría al siguiente pleno, para su aprobación provisional y enviarlo a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para su aprobación definitiva", explicó Orozco.
Para llegar al momento actual de la revisión del PGOU vigente desde 1982 y la elaboración de uno nuevo, el Ayuntamiento de Altea ha tenido que superar varios escollos. La revisión del plan general viene intentándose desde el pasado siglo (a finales de los 90) pero nunca había llegado a término. En la legislatura 2007-2011 el gobierno socialista de Altea, con Andrés Ripoll como alcalde, inició el trámite de revisar el PGOU sin conseguirlo. Eso sí, antes de acabar su mandato, los socialistas remitían en mayo de 2011 a la Consellería de Ordenación del Territorio el documento de inicio de tramitación del nuevo Plan General de Altea, y el 15 de febrero de 2013, gobernando el PP con Miguel Ortiz como alcalde, la Comisión de Evaluación Ambiental de dicha consellería emitía el "documento de referencia", piedra angular del nuevo PGOU. Después, en 2015, con el actual alcalde Jaume Llinares gobernando con la coalición Compromís-PSOE, se entraba en una nueva etapa donde se acordó la participación ciudadana para que los alteanos decidieran la Altea que deseaban para el futuro.
En el pleno de este mes de octubre, el concejal de Urbanismo destacó que la revisión del PGOU y su nueva elaboración "ha pasado por varios gobiernos locales, pero lo hemos mejorado este equipo de gobierno de Compromís y el PSOE sumando las diferentes sensibilidades de la población, además de los informes y determinaciones supramunicipales que tenemos obligación de cumplir". José Orozco destacó que el nuevo PGOU "se adecúa plenamente a la nueva legislación urbanística, siendo capaz de responder a las necesidades del municipio que permitan establecer un modelo de crecimiento sostenible, equilibrado y adaptado a las nuevas demandas".
Asimismo, añadió que se facilita "la implantación racional de actividades económicas en el territorio, compatibilizando con la mejora de valores medioambientales, culturales y paisajísticos". Y recalcó que el suelo de nuevo desarrollo "responde a necesidades reales y objetivas, con una ocupación racional y sostenible tal como fija la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana", evitándose "la urbanización difusa del territorio, fomentando un pueblo más compacto con dos núcleos urbanos, en Altea y en Altea la Vella, además de mejorarse la calidad del medio urbano, fomentando la movilidad sostenible a través de la infraestructura propuesta y de la red de corredores, con lo que se verá beneficiada la conectividad externa e interna del municipio".
2019, el año del cambio de planeamiento
El titular de Urbanismo recordó cuando en agosto del 2019 "el Plan General de Altea se sometió a la Declaración Ambiental Territorial y Estratégica (DATE). Evaluación que se emitió el 29 de octubre del 2020, obligando a tomar una serie de determinaciones y cambios en el planeamiento que han dado como resultado el texto expuesto en este pleno municipal que ahora celebramos". Orozco matizó que el documento de inicio de este plan es de 2009. "Han pasado por él todos los partidos políticos. Todos han aportado ideas de diferente manera y yo pensaba que era un plan de todos, pero hoy vemos como el PP lo vota en contra. Aprobar un Plan General es muy difícil, han de aprobarse por todas las administraciones, pasar por los técnicos, los políticos, pero ya está aquí y es muy importante, porque suma diferentes sensibilidades y porque está hecho de y por la ciudadanía. Este plan marcará el futuro de nuestro pueblo, no solo a nivel urbanístico, sino económico y social, que ordena el territorio dándole unos valores cultural y paisajístico que proyectan asentamientos urbanos compactos, resilientes y sostenibles", apostilló.
En el pleno, José Orozco señaló que para resolver las determinaciones de la Declaración Ambiental Territorial y Estratégica (DATE), “hemos tenido varias reuniones con las diferentes consellerías, en donde verbalmente se han acordado las diferentes soluciones”. En este sentido, el edil comentó que el sector de nuevo desarrollo de Cap Blanc “la DATE no lo consideraba viable por el peligro de inundabilidad y por la obligación de un retranqueo de 500 metros para evitar la conurbación con L’Alfàs. Al no poder resolver el problema del barranco porque está en el término municipal del pueblo vecino, se acordó con la consellería hacer una franja de amortiguación de 50 metros para dar salida a las aguas del mar, y que sirviera de barrera para separarnos de L’Alfàs”.
Otra determinación importante era “en referencia al Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana, PATIVEL, relacionada con el Barranc dels Arcs y la afección de 50 metros a cada margen como corredor ecológico. Esto afectaba al sector Carbonera y no tenía sentido como corredor por haber un vial de la carretera que va desde la rotonda de la Nacional 332 a la del Club de Tenis Altea. Por lo que se ha marcado una afección de 100 metros para solucionarlo”, indicó el edil.
Orozco siguió explicando que “otro acuerdo tomado con las consellerías fue que en la DATE se incidía que Altea no puede absorber más viviendas en suelo no urbanizable común por la colmatación de la huerta. Es decir, las viviendas no vinculadas a explotación agraria o ganadera que van desde la autopista hacia el mar. Tras un minucioso estudio se ha demostrado que quedan solo 29 parcelas de más de 10.000 metros cuadrados calificadas como no urbanizable común, por lo cual se han propuesto dos medidas: La primera supone hacer una transitoria de 5 años por que se pueda pedir licencia para adaptarse a la determinación, pero también para salvaguardar derechos de los propietarios. Y la segunda, habilitar en ese suelo que se pueda vincular la vivienda a explotación agraria o ganadera como en el suelo protegido”. En este sentido, el edil afirmó que esta modificación “incluye la prohibición de la ganadería intensiva en Altea, puesto que ha de estar a más de 1.000 metros de cualquier uso residencial y esas condiciones no se cumplen en la localidad”.
Sobre la futura zona industrial y zonas verdes
La explicación del documento del nuevo PGOU fue larga. José Orozco anunció que “se relimitan los 194.000 metros cuadrados del suelo industrial de Expoaltea para dejar fuera de su influencia, y proteger al mismo tiempo, al tossal y la pinada que están pegadas a la trasera de la gasolinera de Montahud. Por lo cual, en una parte se quedarán los diferentes usos dotacionales de cementerio, tanatorio y ecoparque; y en la otra parte, donde está el suelo de la antigua Cooperativa Agrícola de Altea, se quedará todo el uso industrial”.
Por último, respecto a las zonas verdes de parques públicos, que se establecen en 5 metros cuadrados por habitante, “la DATE indicaba que faltaban 220.000 meros cuadrados de red primaria de zona verde. Esto ocurre -aseveró Orozco- porque no se consideran zonas verdes las urbanizaciones de la sierra. Nosotros lo veíamos injusto, y consultamos con el Servicio Territorial de Urbanismo la posibilidad de incorporar un tercio de los metros cuadrados del área recreativa de la sierra avalados por una figura jurídica que son 58.000 metros cuadrados. Esta superficie junto a la finca Santa Bárbara de propiedad municipal (48.000 m2), el Pontet (25.000 m2) y Cap Blanc (90.000 m2) dan el estándar demandado”, finalizó el edil.
