La Fiscalía de Alicante ya se ha puesto manos a la obra para investigar las circunstancias que han rodeado la vacunación contra el covid de cerca de una decena de representantes públicos en la provincia cuando por turno no les correspondía. El fiscal anticorrupción Pablo Romero, a quien el fiscal jefe, Jorge Rabasa, le ha encomendado el asunto, envió ayer un escrito a la Conselleria de Sanidad en el que reclama que le detalle la cadena de suministro de las vacunas, desde que llegan a la provincia hasta que se distribuyen a los puntos de vacunación, bien sean geriátricos, centros de salud u otras instalaciones. Eso además de los nombres de todas las personas que han participado en la administración de las dosis indebidas, el protocolo de vacunación y si existe alguna particularidad.
Tras recibir a finales de la pasada semana una denuncia por estos hechos que dos representantes vecinales interpusieron a título particular, la Fiscalía de Alicante acordó el lunes abrir diligencias para aclarar cómo se ha producido la inmunización de cerca de una decena de políticos y otros representantes públicos que aún no tenían que haber sido vacunados. Aunque les falta aún la segunda dosis, ayer la titular de Sanidad, Ana Barceló, confirmó que se les administrará pero más tarde de lo que está establecido.
Entre los citados en la denuncia se encuentran el alcalde de La Nucía y también diputado provincial, el popular Bernabé Cano, los regidores socialistas del El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, el concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano, y la teniente de alcalde de Dénia, Cristina Morena, del PSPV y la única que ha dimitido por lo que ella calificó como «un error». La Fiscalía ha dejado claro que «no se va a hacer una causa general» y que caso se verá «de forma individualizada».
Entre la documentación que el fiscal quiere recabar de Sanidad se encuentran también los expedientes que la conselleria haya abierto para aclarar las circunstancias que rodearon estas vacunaciones, algunas de las cuales se ejecutaron en residencias de mayores donde el acceso estaba restringido por las medidas contra el covid. Tal el es caso, por ejemplo, de Bernabé Cano.
De momento esta es la propuesta de prueba planteada por la Fiscalía, una documentación que quiere tener en su poder para estudiarla antes de citar a declarar a nadie. De observar el Ministerio Público indicios de delito y remitirse el asunto a un juzgado, los expedientes administrativos quedarían en suspenso hasta que hubiera resolución judicial.
Fuentes del departamento llamaron la atención sobre «la falta de jurisprudencia en una tema tan novedoso como este, por lo que es preciso estudiar el encaje penal». De apreciarse prevaricación, el político sería cooperador necesario de un delito del que el sanitario que administró la vacuna y/o quien dio la orden de hacerlo, el autor.
Rabasa da cuenta a Madrid del asunto
Por tratarse de un asunto de especial relevancia, el fiscal jefe de Alicante ha puesto en conocimiento de su superiora inmediata, la jefa de la Fiscalía del TSJ ,Teresa Gisbert, la apertura de diligencias por las vacunas para que ella se lo traslade a la fiscal general del Estado. La de Alicante es la segunda Fiscalía que indaga estos hechos después de la de Murcia y está pendiente lo que haga la de l TSJ extremeño.
