La propuesta de la CEV y la CEOE para que las empresas con servicio médico y las mutuas colaboren en la vacunación de los trabajadores no ha caído en saco roto. Aunque todavía no está completamente cerrado, el jefe del Consell, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, trasladaron ayer al presidente de la patronal autonómica, Salvador Navarro, su intención de llegar a un acuerdo para posibilitar esta opción, que permitiría acelerar notablemente el proceso de inmunización, una vez que el suministro de dosis se normalice y alcance un volumen suficiente.
Así, durante el encuentro que los tres mantuvieron ayer en el Palau de la Generalitat, se aprobó constituir una comisión mixta entre los empresarios y la Administración autonómica para decidir los detalles de esta colaboración y, sobre todo, trasladar los protocolos sanitarios que deberían seguirse. De esta forma, si nada se tuerce a última hora, el acuerdo definitivo podría anunciarse sólo en cuestión de días.
Desde la Generalitat dejaron clara la «total sintonía» que existe con la CEV para impulsar este colaboración, ya que, según recordaron, la vacunación es la clave para conseguir que la reactivación económica no se retrase más, y cualquier ayuda es «bien recibida». Lo que ahora se busca, además de las cuestiones puramente técnicas, es la fórmula jurídica para articular este proceso.
El objetivo del acuerdo sería que aquellas empresas que cuentan con servicio médico propio -como suele ocurrir con las grandes compañías del sector industrial o, por ejemplo, con algunas cadenas de supermercados-, o, incluso, aquellas que quieran contratar al personal necesario puedan vacunar a sus propios trabajadores con los viales que le suministre la Administración.
De igual forma, el resto de firmas podría recurrir a las mutuas de accidentes laborales para realizar este proceso, como, por ejemplo, ya está ocurriendo con algunos colectivos profesionales como odontólogos o higienistas dentales. En este sentido, desde la CEV recordaron ayer que estas entidades tienen 121 instalaciones en toda la Comunidad que, de esta forma, se convertirían en nuevos puntos de vacunación.
La iniciativa permitiría reducir la presión asistencial en la red pública y en los grandes centros de vacunación que tiene previsto poner en marcha el Consell. No hay que olvidar que sólo en Alicante están dados de alta en estos momentos en la Seguridad Social más de 630.000 trabajadores, entre asalariados y autónomos, lo que supone aproximadamente un tercio de la población, que ya no tendría que pasar por los centros públicos.
No obstante, el alcance del acuerdo todavía está por definir y depende, sobre todo, de que existan vacunas en cantidad suficientes. Algo que tanto la Generalitat, como la patronal calculan que no ocurrirá hasta abril o mayo. La idea sería que, a partir de ese momento, la Conselleria de Sanidad fuera poniendo lotes de vacunas a disposición de las empresas y las mutuas que quieran adherirse al convenio.
La iniciativa de la CEV se enmarca en el Plan Sumamos que la patronal española CEOE está promoviendo a través de sus organizaciones autonómicas en todas las comunidades. Hasta el momento ya se han firmado acuerdos en Madrid y Castilla y León para realizar test rápidos. Fue la semana pasada cuando la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, y Salvador Navarro se reunieron por primera vez con la Conselleria de Sanidad para plantear la iniciativa.
Los funcionarios de Muface recibirán las dosis a través de la sanidad pública
Las personas que están protegidas por mutualidades como Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) serán vacunadas por el sistema de salud público, según confirmaron ayer fuentes de la Conselleria de Sanidad. Sin embargo, estas mismas fuentes no concretaron cuándo se les llamará ni en qué lugares se les inmunizará. Dentro de estas mutualidades hay personas que por edad ya tendrían que haber sido inmunizadas, pero aún no se les ha llamado. En la provincia se calcula que hay cerca de 7.000 funcionarios públicos pertenecientes a Muface. Una gran mayoría ha optado por confiar su salud a compañías aseguradoras privadas, por lo que, en teoría, no pueden hacer uso de la Seguridad Social.
