El sector turístico de la Costa Blanca calcula que, como mínimo, hoteles, bares, cafeterías y restaurantes de la provincia -unos 18.000 establecimientos- deben recibir, de forma inmediata, un total de 350 millones de euros, de la partida de 7.000 millones aprobada por el Gobierno para amortiguar la crisis económica en la que les ha sumido la pandemia del covid y, en concreto, el bloqueo de la actividad por las restricciones a la movilidad. Los empresarios reclaman, además, que los fondos lleguen ya, porque advierten de que los anuncios lanzados hasta el momento se han quedado en eso, en anuncios, porque no ha llegado ni un euro, ni desde el Gobierno Central ni del Plan Resistir, según advirtieron fuentes de las asociaciones de hoteles y hostelería de la provincia. La patronal hotelera Hosbec volvió a exigir mayor diligencia en el control del covid. «El cierre perimetral de las autonomías es consecuencia directa del fracaso de la gestión de la pandemia», señaló el presidente de los hoteleros, Toni Mayor.
César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), utilizó un símil a caballo entre lo gastronómico y lo lúdico para definir la situación que vive el sector desde marzo de 2020, con la actividad secuestrada por las medidas contra el covid y recibiendo continuas problemas sobre las ayudas. «Es como si te dicen que te van a llevar de excursión, pero luego tienes que ir andando y llevarte su propio bocadillo. Hasta hora, todo ha sido humo». Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, subrayó que «los hoteles necesitamos 200 millones de euros que representan, además, solo un 20% de las pérdidas que llevamos acumuladas». Cantidad a la que habría que añadir otros 50 millones de euros calculados por la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante. Los hoteleros estiman que un hotel soporta unos gastos fijos mensuales, aunque esté cerrado, de entre 35.000 y 150.000 euros, según tamaño. Los empresarios están pagando incluso, la cuota máxima, por ejemplo, de la potencia contratada porque la normativa les impide hacer cambios.
La mayor parte de la planta hotelera de la Costa Blanca, con epicentro en Benidorm donde solo están abiertos ocho hoteles, de los que cuatro lo hacen los fines de semana, sigue cerrada y muchos establecimientos no han vuelto a abrir sus puertas desde noviembre de 2019, porque encadenaron el cierre por temporada con la clausura obligada por la pandemia en marzo de 2020 y ya tampoco volvieron a abrir en verano por la falta de reservas. Si a esto se une que la ocupación media no superó el 40% la temporada alta del año pasado, el balance de pérdidas es catastrófico: mil millones de euros. De ahí que los 250 millones de euros de las ayudas del gobierno tan solo representen un 20% de lo necesario para sobrevivir. A muchas empresas, algunas familiares, las restricciones les pillaron con fuertes niveles de endeudamiento, por lo que les urge liquidez.
El levantamiento parcial de las restricciones de la hostelería no ayuda tampoco mucho. La Generalitat ha abierto un poco la mano desde este lunes y hasta el 12 de abril, bares, cafeterías y restaurantes podrán atender a los clientes en el interior hasta ocupar un 33% del aforo y si los locales tienen terraza, ésta podrá ocuparse al cien por cien. El horario de cierre no se toca y se mantiene a las 18 horas, y tampoco se modifica el toque de queda establecido a las 22 horas. Para Lalo Díez, portavoz de la Coordinadora de Empresas de Ocio y Hostelería, que representa también al ocio nocturno, que sigue cerrado, «cuando lleguen las ayudas los negocios serán la mitad empresas zombi. Si hacen un plan nacional para el sector. Necesitamos un modelo de compensaciones con pagos inmediatos mediante declaración responsable y presentación de documentación. Después que la Administración resuelva cuando sea y que aquellos que no presenten las cosas bien sean inspeccionados o sancionados. Las ayudas del Plan Resistir siguen sin llegar, y nos cerraron en enero», aseveró Díez.
Alemania levanta el veto para viajar a la provincia
Alemania excluyó ayer a la Comunidad Valenciana de las de riesgo en Europa las que desaconsejaba viajar por el covid. Con esta decisión, los alemanes que viajen a la provincia no tendrán que guardar una cuarentena de 14 días a su regreso. La decisión se hace efectiva a partir de este domingo. Junto a la Comunidad, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, y Murcia también salen. El turoperador TUI ya avanzó el pasado miércoles que eran inminentes las buenas noticias. Falta hace, el aeropuerto tan solo atendió en febrero a un total de 37.000 pasajeros.
El Consell defiende la gestión del dinero estatal
La Generalitat presenta hoy al Gobierno la partida que cree necesaria para salvar a las empresas turísticas
La Generalitat Valenciana aplaudió la decisión del Gobierno que permitirá a las comunidades autónomas gestionar 5.000 millones de euros -dos mil millones son ya para Baleares y Canarias- en ayudas directas a las empresas afectadas por la pandemia, enmarcadas en el fondo de 11.000 millones aprobado por el Consejo de Ministros. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, valoró que esa es una decisión que «tiene todo el sentido» al tratarse de administraciones de proximidad. «Estábamos esperando una decisión de esas características para paliar los efectos de la crisis económica y social en los sectores más golpeados por la pandemia». «Bienvenido sea», celebró la portavoz del Ejecutivo valenciano. Desde ayer, los técnicos de la Generalitat trabajan en el informe que remitirán a Madrid para solicitar la cantidad que estiman necesaria para repartir en entre las empresas del sector turístico de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. El Consell espera tener el sábado la cantidad que será necesaria tras recibir el viernes las directrices de Madrid.
Oltra apuntó que todavía hay que esperar a que se publiquen las condiciones en las que se articulará esa batería de ayudas para ver cuáles serán las empresas destinatarias, sus características y los «sectores diana» de esta batería de ayudas. A partir de ahí, ha garantizado que el Consell seguirá la normativa que establezca el Gobierno para reclamar los fondos.
