Hacer botellón está considerado ya como una práctica de «riesgo» en el marco de la actual pandemia del coronavirus, y lleva aparejadas multas de hasta 30.000 euros.
Así lo contempla el nuevo régimen sancionador relativo al consumo de bebidas en la vía pública, publicado este viernes en una edición bis del Diario Oficial, siempre que se constate que no se cumplen las medidas sanitarias que exigen la distancia interpersonal.
Participar en un botellón se sanciona desde la noche de este viernes con multas que oscilan desde los 601 a los 30.000 euros.
El nuevo decreto ley que modifica el régimen sancionador covid dirigido a perseguir el botellón, tipifica como una infracción «grave» la participación en botellones, y las multas en este caso oscilan de los 601 a los 30.000 euros. También aprecia como «muy grave» su organización, con sanciones desde 30.000 a 60.000 euros que incluso pueden alcanzar los 600.000 si son acumulativas, según indican desde la Conselleria de Justicia. Las mayores cuantías se dirigen a la organización y celebración de estos eventos por la mayor responsabilidad que conlleva.
Estas multas han entrado en vigor la noche de este mismo viernes, junto al resto de restricciones referidas al nuevo horario para la hostelería y el ocio nocturno, que debe cerrar a las 0:30 horas, con máximos de 6 personas en el interior de estos establecimientos y de 10 en las terrazas.
Por la mayor responsabilidad que conlleva, la organización de un botellón se multa con hasta 60.000 euros, pero la cuantía de la pena incluso puede alcanzar los 600.000 euros en caso de reincidir.
La modificación del régimen sancionador que tipifica como infracción grave el consumo de alcohol en la vía pública, como práctica de riesgo asociada a los contagios entre la población más joven, convierte asimismo en falta grave la participación en reuniones, fiestas o actos similares cuando se constate por la autoridad que lo inspecciona que no se pueden mantener las medidas de prevención y distancia.
El nuevo decreto está firmado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y las conselleras de Justicia, Gabriela Bravo, y de Sanidad, Ana Barceló.
El Consell también ha aprobado la modificación de la Ley de Salud de 2014, para reducir el horario de la venta de alcohol y prohibirlo a partir de las 20.00 horas cuando no sea para consumo en el interior del local, como concreta la vicepresidenta, Mónica Oltra.
La nueva disposición incluida en el decreto prohíbe vender alcohol en todo tipo de establecimientos desde las 20.00 horas a las 07.00 horas del día siguiente, excepto cuando esté destinada a su consumo en el interior del establecimiento.
La prohibición se extiende a la venta por teléfono o por cualquier otro medio desde el establecimiento comercial, seguida del reparto a domicilio de dicha compra si el reparto se hace dentro de la franja horaria indicada. Esto implica que no se podrá comprar alcohol en supermercados ni gasolineras, pero sí consumirlo en un restaurante.
Las multas por el botellón en la Comunidad entran en vigor un día después de que el Diario Oficial haya publicado el decreto ley del Consell que modifica el «Régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las medidas de prevención del covid».
Despliegue policial
Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidido la anunciada reunión de coordinación de Seguridad de las medidas covid para reforzar su control policial.
El encuentro celebrado con la participación de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo; la delegada del Gobierno en la Comunidad, Gloria Calero; y representantes de los ayuntamientos de Valencia, Castellón y Alicante, ha servido para coordinar al máximo la colaboración de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como señala Bravo.
Se ha solicitado que los municipios refuercen el control y la vigilancia de las medidas de prevención frente al covid, y muy especialmente las aglomeraciones y prácticas como el botellón.
Responsabilidad
Tras la reunión, la consellera de Justicia quiso recalcar, como hiciera el día anterior el propio jefe del Consell, que «apelamos a la responsabilidad de los jóvenes». Y en la misma línea, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, declaró al término del pleno que «hay gente irresponsable en todas las franjas de edad y no es una cuestión de criminalizar a los jóvenes».
Oltra explica que las nuevas medidas se implantan con la intención de «concienciar» sobre la importancia de protegerse contra el virus, «y no para responsabilizar a nadie de los contagios», puntualiza. Advierte además de que «esta enfermedad puede impactar gravemente en cualquier persona», y que «no por tener menos edad eres inmune a acabar en la UCI», como ya ha venido señalando en sus últimas comparecencias con el propósito de apelar a la responsabilidad individual, sin diferencias de edad.
Críticas
Desde las filas del bipartito en Alicante, la concejala de Turismo, Mari Carmen Sánchez, carga contra las nuevas restricciones del Consell por considerar que «una vez más pagan los platos rotos la hostelería y el sector del ocio. Nos gustaría saber en qué se basan porque los últimos informes de la Diputación y otras entidades demuestran que no hay ningún índice ni factor que demuestre que son los responsables del aumento de contagios», afirma.
Sánchez propone erradicar el botellón y fiestas que no cumplen los aforos y medidas sanitarias, como foco de los contagios, y recuerda que las playas están cerradas de 3 a 6 de la madrugada para su limpieza y que la policía lucha cada fin de semana contra el botellón, «pero la hostelería cumple, lo mismo que el sector del ocio. Aquel que no lo cumpla, se le sancione y pague por ello», concreta.
Recalca que para dicho control «nos ayudaba muchísimo más tener el ocio abierto porque la gente está en las terrazas y es más fácil de controlar», y culpa al Consell de que «casi, casi, está invitando a la gente joven a que haga botellón. Si cierras el ocio no van a entender que se tienen que ir a casa», concluye.
El TSJ dictaminará sobre el toque de queda a partir de este lunes
Los magistrados del TSJ no prevén pronunciarse antes de este lunes, día 12 de julio, sobre el toque de queda solicitado por el Consell para las 40 localidades que arrojen los peores índices de la pandemia. Ni la restricción de la movilidad nocturna desde la 1 a las 6 de la madrugada en estos municipios, ni la limitación a diez personas en cualquier reunión pública o privada, podrán hacerse efectivas hasta que la Justicia dé su visto bueno porque afectan a derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Los magistrados vana deliberar a partir de la petición de la Conselleria de Sanidad y de un informe que debe llevar a cabo la Fiscalía.
