Seis años han tenido que pasar para que se dé luz verde a la ejecución del proyecto de remodelación integral de la Biblioteca Pública del Estado Azorín de Alicante. En 2008 el ministerio de Cultura, que tiene la titularidad del centro aunque lo gestiona la Generalitat Valenciana desde 1983, adjudicó al arquitecto madrileño Francisco Javier García Alcázar su rehabilitación, pero no ha sido hasta ahora cuando el Gobierno central ha incluido en los presupuestos generales del Estado una dotación de más de 8 millones de euros para su ejecución a lo largo de cuatro años.
Para 2015, se han presupuestado 10.000 euros que se destinarán a la actualización de proyecto que duerme en el cajón. La cifra aumenta hasta los 300.000 euros en 2016, cuando se acometerán las primeras actuaciones, ya que del edificio actual quedará únicamente la estructura, y será en 2017 y 2018 cuando la inversión suba hasta los 4,1 y 4 millones de euros, respectivamente, incluyendo toda la dotación de material y el mobiliario, ya que se va a renovar íntegramente.
El edificio, sede de la Biblioteca Azorín desde 1976 -aunque el centro se creó en 1855- tiene una superficie de 5.407 metros cuadrados repartidos en un total de cinco plantas. Hasta enero de 2008 compartía espacio con el Archivo Histórico Provincial, que se trasladó en esa fecha al nuevo edificio ubicado en Babel diseñado también por García Alcázar.
Fue con la salida de toda la documentación del archivo cuando se planteó la necesidad de remodelar sus instalaciones y cambiar toda la distribución, incluido un salón de actos con una capacidad para 400 personas que se encuentra inhabilitado desde hace muchos años.
Tras la licitación del proyecto, cuyo coste alcanzaba los 7 millones de euros, el 27 de septiembre de 2008 se publicó en el Boletín Oficial de Estado la adjudicación de la remodelación íntegra del edificio a Javier García Alcázar. Los problemas comenzaron un par de meses después, cuando el ministerio de Cultura solicitó al Ayuntamiento de Alicante la licencia de ejecución del proyecto. Entonces, la institución municipal denegó, en marzo de 2009, el permiso por considerar el proyecto «inadmisible», tal como lo definió entonces la Gerencia Municipal de Urbanismo. Este rechazó se justificó en el hecho de que la altura del edificio sobrepasa la permitida en la zona, por lo que la Ley Urbanística Valenciana permite solo la reparación y no la reforma integral del edificio. No obstante, cabe recordar que en esos momentos el Gobierno central estaba en manos socialistas, mientras el municipal y autonómico estaba encabezado por el PP.
Ante esta negativa, el ministerio de Cultura aplazó tomar una decisión. Pero en marzo de 2010, Gerencia de Urbanismo cambió su postura y dio su beneplácito al proyecto, «entendiendo que era un equipamiento de vital importancia para la ciudad, ya que podría servir como biblioteca pero también como casa de cultura, es decir, para otros usos que incluyen a todos los ciudadanos», afirmó en su día Alfonso Mendoza, entonces delegado de ese departamento.
Ello implicó la reforma del planteamiento del entorno para que encajase el proyecto, a la vez que se modificó el Plan Especial del Casco Antiguo que estaba en tramitación. Sin embargo, el Ministerio de Cultura no movió ficha y aparcó la reforma de la Biblioteca Pública Azorín. Cuatro años después, el Gobierno ha retomado el proyecto y si nada lo impide en 2018 habrá nuevo centro.
