Otro negocio seguro que se convierte en una inversión ruinosa para las entidades financieras. Bankia, la Caixa, el Sabadell y el portugués Banco Espirito Santo (BES) son, junto con el Ministerio de Fomento, los principales damnificados por el concurso de acreedores de Ciralsa, la concesionaria de la autopista de peaje que supone la segunda circunvalación de Alicante. Así lo pone de relieve el informe que la administración concursal acaba de remitir al juzgado en el que eleva el pasivo de la empresa hasta los 454 millones de euros, a los que hay que sumar otros 74 millones en deudas que están en litigio, la mayoría por el precio de las expropiaciones.
En total, un agujero de 528 millones que hacían inviable que la sociedad hiciera frente a sus pagos con el montante de sus activos, cifrados en 413 millones. A ello hay que sumar la acuciante falta de liquidez que sufría la compañía ante los exiguos ingresos que conseguía a través de los peajes y el retraso del Gobierno en abonar los pagos compensatorios establecidos en el contrato de concesión por si no se cumplían las previsiones de tráfico, como así ocurrió. Todo ello llevó a que la propia Ciralsa solicitara este verano el concurso voluntario, tal y como adelantó este diario el pasado 10 de agosto.
El mayor acreedor de la autopista es el propio Ministerio de Fomento, que tiene pendientes de cobro alrededor de 100 millones de euros en préstamos concedidos para financiar las obras y pagar las indemnizaciones a los propietarios de los terrenos por los que atraviesa la infraestructura. Tras él se sitúan las entidades financieras, que en pleno «boom» del ladrillo no tuvieron inconveniente en sumarse a todo tipo de proyectos faraónicos, sustentados en la mayoría de ocasiones por planes de negocio y cálculos que nunca llegaron a cumplirse.
Bankia es la que arrastra la mayor cantidad, con 84 millones de euros, heredados de la desaparecida Bancaja. La Caixa, por su parte, reclama otros 75 millones de euros mientras que el Sabadell se juega 46 millones de euros, aunque en este caso el 80% de las posibles pérdidas estarían cubiertas por el Esquema de Protección Activos (EPA) concedido a la entidad, que heredó los créditos de la CAM al adjudicársela.
La relación de bancos atrapados por la suspensión de pagos de Ciralsa se completa con los portugueses Banco Espirito Santo, que tiene pendientes de recuperar 36 millones de euros, y el BPI, con 9 millones.
En total, la lista elaborada por la administración concursal supera el centenar de acreedores, entre los que también se cuentan algunas empresas con la «rent a car» alicantina Goldcar, decenas de expropiados que reclaman mayores indemnizaciones, la Agencia Tributaria, Suma o la Seguridad Social. Los propios accionistas -diversas filiales de ACS (50%), Abertis (25%) y FCC (25%)- también se suman con créditos cruzados por un importe superior a los 90 millones de euros.
Pendientes del Gobierno
Una vez presentado el informe de la administración concursal, ahora se abre el plazo para que los acreedores presenten sus alegaciones, que dará paso a la propuesta de convenio o la liquidación de la sociedad. Sin embargo, en el caso de Ciralsa las entidades acreedoras confían en que mucho antes de eso se logre un acuerdo para poner en marcha una sociedad pública -bajo el amparo del Ministerio de Fomento- que agrupe a todas las autopistas con problemas.
El paquete incluiría las seis radiales de Madrid -la mayoría en situación de quiebra-, la autopista Cartagena-Vera y la que enlaza Alicante con Torrevieja y Cartagena, además de la propia Ciralsa. Los bancos tendrían que asumir alguna pequeña quita, aumentar los plazos de devolución y rebajar los intereses. «Un mal menor», en opinión de una de las entidades acreedoras consultadas, si se tienen en cuenta las alternativas.
Para Fomento también sería una buena solución ya que se ahorraría pagar la denominada «responsabilidad patrimonial de la administración», que le obligaría a desembolsar miles de millones a cambio de recuperar las carreteras. En el caso de la segunda circunvalación de Alicante sería una cantidad de hasta 400 millones, aunque las fuentes consultadas señalan que el pago real sería bastante menor por lo que la mayoría de los acreedores no recuperarían su dinero.
Las grandes perjudicadas del plan del Gobierno de agrupar las autopistas en quiebra en una sociedad pública serían las concesionarias, que tendrían que ceder las infraestructuras a cambio de sólo un 20% de la futura compañía. Los grandes grupo detrás de estas concesionarias son los que están retrasando el posible acuerdo al reclamar al menos el 49% de esa sociedad.
