Ninguno de los tres consejeros de la CAM que informaron a favor de pagar a Modesto Crespo 300.000 euros al año dudaron de que el expresidente de la caja no fuera a ganárselos. Una remuneración que le permitió embolsarse 600.000 euros en dos años por no hacer nada, como él mismo ha admitido en el acuerdo firmado con la Fiscalía que le libra de entrar en prisión. Los empresarios Antonio Gil-Terrón y Luis Esteban y el catedrático Martín Sevilla, integrantes de la comisión de retribuciones que dio luz verde a la propuesta de ponerle un sueldo a Crespo, tuvieron claro de que se trataba una remuneración por un trabajo.

Así lo declararon ayer los tres en el juicio que por estos hechos se está celebrando en la Audiencia de Alicante. Una sesión, la tercera de esta vista oral, en la que el resto de los consejeros acusados respiraron a gusto al escuchar con contundencia de boca del expresidente de Terra Mítica lo que la mayoría viene repitiendo desde hace años: que al consejo de administración se llevó el acuerdo de nombrar a Crespo presidente de Tinser Cartera pero no que fuera a cobrar por ello, y mucho menos que lo hiciera con carácter retroactivo, como se le abonaron los dos primeros trimestres antes de estar oficialmente al frente de la participada. Mientras, Gil-Terrón y Sevilla se remitieron al acta en la que sí aparecen estos acuerdos y que la mayor parte de los consejeros consideran que fue manipulada.

Con seguridad, Esteban relató que cuando el exdirector general Roberto López Abad llevó a la comisión la propuesta del nombramiento y la remuneración al expresidente le pareció «una opción de futuro» porque Tinser iba a requerir una dedicación en exclusiva, dijo, además de estar la CAM en los albores de un SIP (integración con otras cajas). Entendió eso pero no que se fueran a pagar esos emolumentos con carácter retroactivo, lo que asegura que no llevó a la comisión López Abad, que en su declaración del lunes lo achacó a «un olvido».

Pese a los intentos por parte de letrado del exdirector general de desacreditarle trayendo a colación que también fue consejero de Unión Fenosa, el expresidente de la Cámara de Comercio (quien acotó esa puñalada asegurando que las dietas y los desplazamientos se los pagaba él) se mantuvo firme en su relato y reiteró que estuvo presente durante todo el consejo y no escuchó que los pagos se sometieran a aprobación, en contra de lo que mantiene el exdirector general. «En la documentación del consejo no figuraba nada de la remuneración, pero si se hubieran sometido a votación la habría apoyado aunque no sé ni quién, ni cuándo ni dónde se tomó la decisión», dijo sin titubeos.

Nada que ver con el testimonio vacilante que prestó quien también fuera vicepresidente de la caja por Valencia, Antonio Gil-Terrón, quien nada más comenzar su interrogatorio alegó lagunas de memoria y narcolepsia. Unos problemas que no le impidieron calificar de «conveniente y razonable» la idea de remunerar a Crespo, aunque aseguró no recordar ahora cuál fue el planteamiento que defendió López Abad.

También comprendió que Tinser precisaba de una atención que requería un salario y se remitió al acta del consejo cuando el fiscal le preguntó si se había llevado el asunto a ese órgano.

Convencido de que hay una mano negra que activó este caso «dos meses antes de que prescribiera», arremetió contra el resto de los miembros del consejo de administración de Tinser (todos ellos técnicos), a los que responsabilizó de las supuestas dietas de Crespo «y ni siquiera están citados como testigos», concretó.

A la pregunta de cómo el empresario ilicitano pudo comenzar a cobrar (y supuestamente trabajar) por estar al frente de Tinser antes de que se constituyera el consejo de administración, Gil-Terrón respondió que «como era el presidente de la caja nadie tenía que autorizarle a trabajar ya que podía hacerlo cuando y donde quisiera». Y se quedó ancho.