El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de mayo un Real Decreto-ley, donde en el que se daba luz verde al Ingreso Mínimo Vital, calificado por Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, «como el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006».
Esta medida ha generado diversidad de opiniones entre los colectivos que componen la sociedad. Así, en este artículo, un autónomo, una trabajadora social, un migrante de Guinea Conakry, una ama de casa y una consultora legal de empresas ofrecen la visión que les merece esta ayuda que puede contribuir a paliar los efectos de la covid-19.
También el exministro Jesús Caldera, impulsor de la Ley de Dependencia, analiza este Ingreso Mínimo Vital.
«Es fundamental que las empresas funcionen y no les pongan pegas»
El ilicitano califica la medida del Gobierno necesaria, pero con control
Joaquín Sempere califica al Ingreso Mínimo Vital como «una medida necesaria que en muchos de países de Europa ya se aplicaba hace bastantes años».
El propietario de la Almazara El Tendre opina que esta ayuda sí puede resultar necesaria, «aún no sabemos qué es lo que se nos viene encima y, ojalá me equivoque, pero puede que la situación se vaya a poner muy dura». A su juicio, esta medida social y económica puede fomentar la economía sumergida. «Aquí queremos fijar buenas opciones que funcionan en otros países europeos, pero no cuentan con la picaresca e idiosincrasia españolas».
Por ello, como matiz a esta ayuda, «añadiría que se le aplique a las personas que de verdad lo necesitan y están en situación de vulnerabilidad a raíz del coronavirus».
En este sentido, Joaquín propone como medida extra para salir de la crisis «fomentar los sectores en los que somos fuertes, por ejemplo, el turismo, pero de calidad y estar preparados en otros que también son necesarios en nuestra economía como la agricultura, la industria o el sector servicios. Y también, desarrollar otros que en un futuro, puedan ser imprescindibles como la innovación».
Como autónomo es consciente de que la riqueza de un país la crean las empresas y, para ello, «es vital que estas funcionen y no les pongan pegas a cada paso, sino todo los contrario, aplaudirlas y no criticarlas, algo necesario para que haya inversión extranjera».
Para finalizar, asegura que «hay que proteger y ayudar a quienes lo necesitan, pero sin quitar otros derechos».
«Las personas migrantes buscamos un trabajo digno»
El guineano cree que el IMV debe ir acompañado de la inserción sociolaboral
Abou Dioubate llegó a España el 17 de junio de 2018, procedente de Guinea Conakry, país que abandonó en 2015. Él fue uno de los menores de edad que llegaron a bordo del buque Aquarius.
Una vez aquí le tramitaron la solicitud de protección internacional y así pudo comenzar a trabajar con contrato. Desde entonces lo ha hecho en la construcción, en la hostelería y ahora, como mozo de almacén.
En relación al Ingreso Mínimo Vital, considera «una buena idea que el Gobierno decidiera aprobarlo, ya que a raíz de la covid-19 muchas familias se han visto afectadas por carecer de ingresos económicos». Con este tipo de ayudas «se favorece la dignidad de las personas reduciendo la pobreza e incrementando la inclusión social de los colectivos más vulnerables de la sociedad».
A la pregunta sobre si este ingreso puede traducirse en un efecto llamada, es contundente: «no creo, si se gestiona correctamente por parte de las Comunidades Autónomas, realizando un seguimiento continuado, estableciendo planes de inserción laboral y existiendo también un compromiso de cambio por parte de las personas que lo reciben».
Por ello añade que «las personas migrantes venimos buscando un futuro mejor y un trabajo digno. Si la aprobación de esta ayuda se acompaña con unos buenos planes de inserción socio laboral y un seguimiento continuado, no se convertirá en un efecto llamada». Todo lo contrario, «puede traer consecuencias muy positivas en la sociedad, sobre todo en la visión que tienen de los inmigrantes en relación al mercado laboral y a la concesión de ayudas económicas», señala.
«A la gente hay que darle la caña para pescar, no darles el pescado»
Considera que la prestación fomentará la economía sumergida en muchos casos
«No me parece adecuada esta prestación ya que la ayuda es para la familia, no para las personas individuales», así comienza María del Carmen González a definir su opinión acerca de la medida aprobada por el Gobierno, el pasado viernes 29 de mayo.
Prosigue argumentando que «la cuantía depende de si tienes mayores o hijos a cargo y de los ingresos declarados en 2019, por lo que no todas las familias podrán mantenerse con dicha prestación».
Esta ama de casa, radicada en Elche, estima que en su zona «y en el resto de España, favorecerá a la economía sumergida». Ejemplificándolo de la siguiente manera: «es más fácil cobrar que trabajar por un sueldo, con lo que ello conlleva, ir haciendo chapuzas unas horas al día que estar trabajando toda la jornada para ganar incluso menos».
Con sinceridad afirma que si de ella dependiera «habría algunos cambios. Se tendrían que revisar los casos y ver si esta ayuda es sumamente necesaria y a esas familias que de verdad lo necesiten, concedérsela».
Desde su punto de vista, una de las soluciones para ayudar a poner freno a esta crisis económica generada por el coronavirus, pasa «por dar ese dinero a las empresas y con él crear nuevos puestos de trabajo».
María del Camen es de las que opina que «a las personas hay que darles la caña para aprender a pescar y no dar el pescado». Con este símil manifiesta su prisma, «no ser conformista con lo que te ofrecen, sino esforzarse para salir de esta situación y ganarte las habichuelas». En definitiva, luchar para conseguir tus objetivos».
«Los desempleados prefieren trabajar que cobrar la 'paguita'»
La óptica sociosanitaria estima positivo poder compatibilizarlo con un trabajo
Lola Gómez es trabajadora social en el Centro de Salud de Orihuela. Por su profesión, día tras día vive «con muchas familias que se encuentran en situación de exclusión social, con una vulnerabilidad extrema, con menores que no pueden cubrir sus necesidades básicas».
Así, por su experiencia profesional sostiene, «la falta de recursos de muchas familias viene de muy lejos y, desde luego, hay que proporcionarles medios de subsistencia para poder cubrir sus necesidades y posibilitar una inclusión en la vida laboral y social, en general».
Sabe que el tópico de la paguita «es demasiado fácil» y por ello, reflexiona: «¿qué haya personas que están mejor cobrando esa 'paguita' que trabajando? no lo dudo que las haya, pero lo habitual es que todo el mundo quiera un trabajo justamente remunerado y con condiciones laborales razonables, pero no está al alcance de todos», matizando que «los desempleados quieren trabajar».
En cuanto al efecto llamada, «la primera respuesta y fácil es que sí, pero una vez conoces los términos en los que se ha planteado, no debería actuar como efecto llamada». Por ello, Lola Gómez lo justifica de la siguiente manera: «para poder solicitar el Ingreso Mínimo Vital hay que ser residente legal en el país al menos un año».
Al estar en permanente contacto con las familias con menos recursos opina que «si se gestiona de modo adecuado y se hace un seguimiento responsable de cada situación, puede ser una solución a largo plazo para ayudar a romper la vulnerabilidad de muchas familias. Tiene ese punto positivo de compatibilidad con el trabajo».
Para solventar esta crisis acaecida a raíz de la pandemia del coronavirus, desde el ámbito sociosanitario, esta trabajadora social propone «aumentar el presupuesto para ayudas de emergencia y dotar de personal suficiente a los servicios sociales, que son quienes conocen realmente esta situación y están en permanente contacto, en primera fila».
Aunque es complicado, «debemos luchar para que la crisis actual sea algo coyuntural y no se convierta en un problema estructural en la sociedad».
«Se espera que ayude a reducir la pobreza y sea algo de oxígeno»
«Será necesario establecer mecanismos para acceder al mundo laboral», afirma
Desde el ámbito económico, Alba Navarro explica que este Ingreso Mínimo Vital «constituirá una prestación estructural no contributiva dirigida a los hogares». Así, para obtener esta medida, se tendrá en cuenta el número de hijos o personas a cargo y los ingresos de 2019, por ello,«se espera que ayude a reducir tasas severas de pobreza y pueda suponer una bombona de oxígeno necesaria para la reactivación del consumo».
Esta consultora legal de empresas en Gesem expone que «esta situación no se solucionará con el Ingreso Mínimo Vital. Será necesario establecer mecanismos para que las personas con menos recursos puedan acceder al mundo laboral, y para ello, es fundamental que esta ayuda no desincentive la búsqueda de empleo».
Además, agrega «fomentar el empleo para que las personas puedan vivir por sus propios medios, sin necesidad de acudir a las ayudas del Estado, debe ser clave para mejorar la situación económica real de las mismas y sentar las bases de una sociedad inclusiva».
Consciente de que el consumo de las familias «se erige como uno de los componentes más importantes de la demanda y, que actualmente, aporta cerca del 56% del PIB de nuestro país», opina que reforzar la economía en el seno de la familia debería llevar a favorecer la demanda y avanzar hacia la generación de una economía circular».
Como aportación a esta prestación razona la necesidad «de implantarlo en coordinación con las Comunidades Autónomas, para evitar las duplicidades entre las prestaciones autonómica y estatal».
Si centramos la crisis económica generada tras el coronavirus en la Comunidad Valenciana, Alba Navarro afirma «el turismo, que engloba la hostelería y el comercio, ha sido uno de los sectores más damnificados «Así algunas de las propuestas económicas serían «centrar esfuerzos en lograr una reconstrucción eficaz de la economía valenciana, que incluya reformas estructurales como destinar el gasto público a auxilar a los ciudadanos y ademas, a nuestras principales generadoras de empleo, las PYMES».
