Si ya es complicado para la mayor parte de la industria hacer frente a la actual situación de incrementos de costes y salida de la pandemia, al sector del plástico se lo están poniendo todavía más difícil. Eso es al menos lo que se desprende de un estudio realizado por la patronal, según el cual la práctica totalidad de las más de 350 empresas de la provincia dedicadas a los envases entrarán en riesgo de quiebra como consecuencia de la aplicación del nuevo impuesto para los recipientes de un solo uso. Las compañías aseguran que el tributo les llevará a una situación de pérdidas brutas, por lo que piden una moratoria mientras avanza la investigación en el desarrollo de envases biodegradables.
El impuesto en cuestión, incluido en el actual proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados del Gobierno central, va dirigido a los envases de plástico no reutilizables, con un tipo impositivo de 0,45 euros por kilo. Entre los plásticos de un solo uso afectados se encuentran los vasos y los recipientes alimentarios, cuya comercialización se pretende reducir un 50% entre 2022 y 2026, y un 70% para 2030.
Pues bien, el estudio, de carácter independiente, ha sido elaborado para EsPlásticos, plataforma que engloba a los diferentes agentes que forman parte de la cadena de valor de los plásticos en España. El informe analiza el impacto socieconómico que esta medida fiscal podría tener sobre el sector y sus posibles consecuencias para el conjunto de la economía española. Además, pone de manifiesto la problemática que se deriva de la falta de repercusión jurídica, figura contemplada en la mayoría de los impuestos de esta índole y no incluida en el actual proyecto de ley. La inexistencia de esta figura no garantiza a los fabricantes la traslación real del coste a sus clientes, y más teniendo en cuenta que se trata de un sector formado en su práctica totalidad por pymes y micropymes, que trabajan con contratos a largo plazo y con bajo poder de negociación para repercutir los costes derivados del impuesto.
Luis Cediel, portavoz de EsPlásticos y presidente de la Asociación Española de Industriales del Plástico (Anaip), explica que «la repercusión jurídica del impuesto hacia los siguientes agentes de la cadena de valor permitiría conseguir mayor transparencia y trazabilidad en su aplicación, y evitaría poner en riesgo de desaparición a casi la totalidad de las empresas transformadoras de envases y embalajes».
Según el estudio, con el tipo impositivo de 0,45 euros por kilo, se recaudarían en España 982 millones de euros, cifra un 41% superior el Excedente Bruto de Explotación (EBE) del sector, que en 2019 ascendió a 696 millones de euros, lo que, en términos generales, llevaría al 95% de las empresas a una situación de pérdidas brutas. La potencial quiebra de las compañías, añade el informe, podría suponer la destrucción de más del 78% de la actividad económica y del empleo asociado.
Si bien las cifras son a nivel nacional, desde EsPlásticos aseguran que son perfectamente trasladables al caso de la provincia de Alicante, donde se contabilizan alrededor de 350 empresas dedicadas a la transformación de plásticos, la mayor parte en la zona de la Foia de Castalla. El director de la asociación de empresarios de la comarca, Héctor Torrente, no duda a la hora de señalar que la situación a la que se enfrenta el sector es grave. Según sus palabras, «aparte del impuesto, el hecho de que no pueda repercutirse va a estrechar al máximo los márgenes de las empresas y conllevará una enorme pérdida de competitividad, dado que encarecerá los precios de los envases de plástico frente a otro tipo de recipientes».
Torrente, además, lamenta que se esté dando una mala imagen del sector, justo cuando más está trabajando en la investigación y desarrollo de envases biodegradables. «El problema añadido -enfatiza- es que tienen sobrecostes y, al final, no terminarán desarrollándose, porque se acabará antes con las empresas. Es imprescindible una moratoria que no termine asfixiando al sector».
En parecidos términos se expresa Bernardo Guillem, gerente de la empresa Plásticos Inden, de Ibi. «Sin el impuesto -advierte- ya nos encontramos contra las cuerdas por culpa del encarecimiento de la energía y las materias primas, por lo que esta medida fiscal ya puede convertirse en la puntilla». Para el empresario, la solución a esta problemática es complicada, «y tiene que pasar por el reciclado del plástico, porque tiene infinidad de vidas. La dificultad con la que nos encontramos es que no se recicla lo suficiente, y los materiales biodegradables, aunque ya los hay, son más caros o se encuentran en fase todavía de desarrollo», concluye.
Un cambio hacia recipientes menos eficientes
La Asociación Española de Industriales de Plásticos (Anaip) considera que la aplicación del impuesto, lejos del efecto positivo que pretende buscar para el medio ambiente, terminará provocando justo lo contrario. El presidente de esta entidad, Luis Cediel, señala que la medida propiciará un cambio hacia envases y productos de otros materiales menos eficientes y más pesados. Según sus palabras, la nueva ley «no previene la generación de residuos y puede poner trabas al sector, que está volcado en fabricar artículos más reciclables».
